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En entredicho quedó la posibilidad de que actuales diputados, concejales, alcaldes y gobernadores de todo el país puedan inscribir sus nombres en las elecciones parlamentarias del 2010, luego de que la Corte Constitucional aplazara para el próximo primero de febrero la discusión en torno a la exequibilidad del artículo 13 de la reforma política.
En caso de que el Alto Tribunal determine que esa disposición no es acorde a la Carta Política, los dirigentes regionales que tengan aspiraciones de concursar para el Congreso de la República tendrían que oficializar la renuncia a sus cargos ese mismo día, pues desde el 2 de febrero se empieza a contar el plazo mínimo que tendrían para poder ser candidatos a ocupar una curul en el legislativo.
Esta norma establece que quienes tengan el propósito de pasar de las Corporaciones regionales que ocupan, al Congreso de la República, en períodos sucesivos, deberán dejar pasar un mínimo de 12 meses entre el cese de sus funciones en el cargo y las elecciones parlamentarias.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la aprobación del proyecto legislativo se dio antes del plazo aludido, la norma le había concedido un plazo inferior a los aspirantes, que empieza a contarse a partir del día posterior a la votación de la demanda de constitucionalidad de la disposición, accionada por la concejal Gilma Jiménez.
Sin embargo, la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional tampoco podría garantizar la posibilidad de que los dirigentes puedan lanzarse a las elecciones parlamentarias y, por le contrario, podría enterrarla definitivamente, por lo menos para los próximos comicios.
En ese sentido, se ha abierto la posibilidad para que quede sin efecto esa norma y se acoja nuevamente la disposición anterior que, de plano, limitaba a alcaldes, gobernadores, diputados y concejales para que pudieran cambiar de Corporación inmediatamente después de abandonar su cargo en la respectiva autoridad regional.