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No será hasta el próximo 11 de octubre que se conozca el sentido del fallo en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su participación y responsabilidad en el sonado escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El exmandatario departamental aceptó su responsabilidad el 4 de octubre de 2015 en los cuatro delitos imputados por la Fiscalía General por ofrecer comisiones a cambio que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) le otorgara un millonario contrato vial a la empresa en la que fungía como representante legal.
Casi un año después, el exgobernador ha buscado un acercamiento con las víctimas para así lograr una rebaja en su condena. Este jueves, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá aceptó una petición hecha por su defensa y precluyó el delito de abuso de confianza calificado tras comprobar que reparó a las víctimas acreditadas.
La funcionaria judicial aceptó la petición de la defensa del procesado que con la reparación de 1.600 millones de pesos a las víctimas acreditadas en este proceso “la indemnización de los daños cumple con todos los requisitos, se garantía uno de los derechos de la víctima el cual es una pronta e integral reparación”.
El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena aseguró que van a ser “muy drásticos con la solicitud de la pena. Podría pagar una condena cercana a los 22 años, pero debemos recordar que se presentará una rebaja de la pena que podría ir hasta la mitad de la misma, que podría estar cercana a los 11 años de prisión”.
Valbuena explicó que la defensa del procesado ha estado en acercamientos con la UMV frente al dinero a recuperar “faltaría que ellos se pusieran de acuerdo”. El exgobernador tendrá que responder solamente por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratación.
“Por estilos delitos no se puede solicitar preclusión y él va a ser condenado por tres delitos”, precisó. Cruz Vargas es procesado por el pago de un soborno cercano a los 800 millones de pesos para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República.
Estos sobornos tenían como destino a Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) –condenado por estos actos de corrupción administrativa- quien en últimas era el encargado de firmar el contrato en el cual Cruz Vargas tenía un gran interés para que le fuera adjudicado a la firma ICM Ingenieros en la que fungía como representante legal.
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