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El terremoto de magnitud 7,4 y su tragedia que ya cumple una semana le cambió todo la agenda al presidente Abelardo de Espriella. Medicina Legal ya identificó a 314 víctimas mortales y, según sus reportes, siguen desaparecidas 262 personas. Pero incluso en medio de esta crisis humanitaria, la fuerza pública siguió su itinerario y, desde el primer día de gobierno, desplegó la estrategia de “mano dura” que el jefe de Estado prometió en campaña.
En los 12 días que van de esta administración, se han registrado 13 operativos contra grupos armados ilegales que han resultado en bombardeos, capturas, incautación de material de guerra y muerte de jefes criminales. El problema es que esa estrategia ya se tradujo en comunidades heridas y confinadas en territorios como Cajibío, Cauca.
Como también era predecible, las estructuras criminales respondieron con violencia. Mientras el presidente De la Espriella daba su discurso de posesión frente a las tropas del Ejército formadas en el cantón militar Pichincha en Cali, grupos armados en zonas de Cauca, Antioquia, Tolima y Nariño desplegaron ataques con drones, explosivos, hostigamientos y atentados contra la fuerza pública.
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Solo ese 7 de agosto, se reportaron 12 atentados contra policías y militares, dejando varios heridos. Desde entonces, esa ofensiva se mantiene con al menos un ataque por día dejando, hasta ahora, cuatro uniformados muertos y el reciente secuestro de tres policías de la Dijín.
Por otra parte, además de la fuerza pública, las comunidades también han resultado afectadas. El pasado 10 de agosto, justo cuando Colombia comenzaba a atravesar una crisis humanitaria a raíz de un terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte de la última década, el presidente informó a través de un video que tendría “grandes noticias para Colombia”.
Se trataba del primer bombardeo dentro de su mandato contra el Eln en Catatumbo que permitió la incautación de material de guerra y la muerte de algunos combatientes, pero que también se tradujo en denuncias de tres civiles heridos, confinados y desplazados de sus hogares. La Defensoría del Pueblo y las alcaldías prendieron las alarmas.
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El llamado de urgencia pedía el respeto de la población civil y, por su parte, el Ministerio de Defensa explicó que el bombardeo respetó todas las normas del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, ante las denuncias recibidas por los daños colaterales de esos enfrentamientos, la Defensoría pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer si la responsabilidad es de la fuerza pública o de un grupo armado ilegal. El caso puntual del Catatumbo, así como el resto de acciones militares en el resto del país, pusieron nuevamente sobre la mesa el debate de una estrategia de seguridad puramente militar que se pueda coordinar con la protección de las comunidades.
Para el general (r) Luis Eduardo Martínez, actual secretario de Seguridad de Antioquia, un departamento golpeado fuertemente por el conflicto armado en los últimos años a raíz de los enfrentamientos entre disidencias y estructuras como el Clan del Golfo en sus dinámicas de control territorial, es fundamental la presencia de la fuerza pública.
“La presencia de la Fuerza Pública está para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, entonces, bienvenida sea. Pero no una presencia pasiva, necesitamos una presencia activa, trabajando de la mano con los organismos de justicia”. Y agregó que se espera que durante este nuevo gobierno se conformen “burbujas operacionales con capacidades especiales en inteligencia e investigación”.
Para investigadores del conflicto armado en el país, el panorama no es nuevo, y tampoco sorpresivo. A eso le suman que el conflicto armado ha mutado en cuanto a la organización de las estructuras armadas, sus mismos objetivos e incluso sus tácticas de guerra, acudiendo cada vez más al uso de tecnologías y drones con explosivos. Para Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de Vivamos Humanos, organización fundada por el expresidente Ernesto Samper, que ha seguido de cerca el conflicto en una zona como Catatumbo, la fórmula de Abelardo de la Espriella no es eficaz, pero sí peligrosa.
En su concepto, lo que ha logrado el presidente hasta el momento, como la muerte de mandos medios de las estructuras criminales o la incautación de material de guerra, no tendrá un impacto profundo en las dinámicas de guerra actuales y enumera tres razones puntuales.
“Primero, puede suceder un repliegue del grupo armado, que es una acomodación estratégica y no significa que el grupo esté débil o se vaya a acabar. Segundo, pueden intensificarse las confrontaciones y operativos de actores ilegales, dejando a la población civil en medio. Tercero, siempre hay recambios y sucesores. Una estrategia de mano dura puede significar elevar el riesgo para poblaciones históricamente afectadas”, señaló.
Lo que sí puede hacer esa estrategia, hasta ahora prematura del gobierno pero que podría extenderse durante los próximos cuatro años, es generar una percepción de seguridad.
“Hasta el momento, los reportes de la fuerza pública mencionan campamentos afectados o incautación de material de guerra y estupefacientes. Esto puede generar una sensación de seguridad en la opinión pública, pero sustancialmente no ha mermado la presencia de grupos armados, ni su reconfiguración territorial, ni el número de sus filas, ni ha mejorado las condiciones de vida de las personas”, añadió Mejía para mencionar que es necesario una estrategia que involucre más factores de presencia estatal.
Por su parte, Jorge Mantilla, profesor de la Universidad del Rosario y experto en crimen, seguridad y conflicto, las acciones de “mano dura” se han traducido en un componente de una estrategia mucho más amplia. “El éxito de la estrategia se medirá no tanto en el número de bajas y capturas, sino en la construcción de legitimidad, la recuperación del control territorial y la disminución de indicadores de economías ilícitas —particularmente extorsión, reclutamiento y cultivos de uso ilícito—, así como en el impacto ambiental frente a la minería y la deforestación”, explicó.
En ese sentido, Mantilla coincide en que la estrategia debe ir más allá de la confrontación directa y pasar a la investigación profunda y los golpes financieros a la estructuras criminales.
Ahora bien, para el investigador Mantilla, esa legitimidad que busca construir el Estado frente a la percepción de seguridad podría estar en una cuerda delgada debido a los efectos colaterales de las operaciones militares, específicamente de los bombardeos, pues desembocan en impactos negativos en las comunidades.
“Esto podría aumentar la conflictividad social y la desconfianza de las comunidades hacia el Estado, abriendo un nuevo capítulo de violaciones a los derechos humanos en Colombia”, apuntó. Para Mejía, si bien el uso de la fuerza del Estado es legítimo, también hay reglas fundamentales que se deben cumplir, como la proporcionalidad.
“La fuerza pública afirma que respeta todo, pero hay que cuestionar si incautar dos toneladas de explosivos justifica un bombardeo que afecte viviendas e hiera civiles bajo el principio de necesidad militar”, señaló. Otra de los asuntos a tener en cuenta para los investigadores es el uso del lenguaje, pues la narrativa oficial del nuevo gobierno adoptó la palabra “narcoterrorismo”, algo preocupante porque, bajo esa premisa, se podría desconocer el DIH argumentando que no existe un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista.
A todo este panorama, se le suma una de las primeras órdenes del presidente: el ingreso de Colombia al llamado “Escudo de las Américas” y la firma de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para adelantar operaciones militares conjuntas.
En entrevista con El Espectador, la defensora del Pueblo, Iris Marín, resaltó la necesidad de que en las acciones ofensivas de la fuerza pública deben tenerse en cuenta las condiciones para evitar los daños a bienes y a personas civiles. “Esto implica que operativamente se tiene que definir cuál es el objetivo, que el medio de guerra que se elige, el explosivo o el arma, no va a tener efectos indiscriminados o colaterales en la población civil y evitar daños innecesarios. Es decir, que el ataque no sea más grande que el daño que se pretende evitar”, dijo.
En medio del debate, el presidente Abelardo de la Espriella anunciará hoy, 20 de agosto, la cúpula militar. Mientras tanto, en las regiones crecen las alertas para no cometer el mismo error de 50 años de conflicto armado: dejar en el medio de la confrontación a la población civil.
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