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“Tengo 50 años de edad y 36 de impunidad”. Esa fue la frase con la que Damaris Vargas Quiroga, hija del líder campesino Josué Vargas Matéus, asesinado el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no deje de ahondar en las relaciones entre fuerza pública y paramilitares que durante años existieron en los departamentos y municipios del Magdalena Medio. “Nacimos y crecimos en un entorno en el que veíamos cómo amenazaban a nuestros padres y a nuestros líderes, violaban a nuestras madres y reclutaban a nuestros jóvenes”, expresó la mujer durante la más reciente audiencia de observaciones que adelantó la justicia transicional en la ciudad de Barrancabermeja.
Durante dos días, el 27 y 28 de febrero de 2026, las víctimas de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares aliados con paramilitares en departamentos como Santander, Norte de Santander y Cesar se reunieron en Barrancabermeja para hablar durante la audiencia de observaciones del caso 08 de la JEP. Ese es el expediente que investiga delitos cometidos por la fuerza pública y por agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Una diligencia clave, no solo por ser la primera de este tipo relacionada con el subcaso Magdalena Medio, sino porque le abre la puerta al trabajo de contrastación previo a las imputaciones de máximos responsables.
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Tras escuchar las versiones entregadas por 35 comparecientes de la fuerza pública, la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del subcaso Magdalena Medio del caso 08 de la JEP, citó a las víctimas a dar su versión de los hechos confesados por militares y policías que entre los años 1998 y 2002 orquestaron la guerra en esa región del país. Los hechos ocurridos en ese lapso, la justicia transicional los englobó dentro de un solo concepto denominado “la toma paramilitar de Barrancabermeja”. Es, en realidad, una serie de hechos que abarcan graves episodios de la violencia, como las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, que dejaron 15 personas muertas y al menos 27 desaparecidas en la llamada capital petrolera.
El Magdalena Medio es una de las cinco regiones priorizadas dentro del caso 08 de la JEP. Allí, la instancia creada con el Acuerdo de Paz del 2016 ha acreditado a 529 personas y 15 colectivos como víctimas del conflicto armado interno. De igual forma, ha atendido las versiones voluntarias entregadas por 29 exmilitares, cuatro policías retirados, un exmilitar que fue también funcionario de Ecopetrol y paramilitar, y otro exuniformado del Ejército que, tras su retiro del servicio, se unió a los paramilitares. Fueron sus testimonios a los que se refirieron los voceros de las víctimas durante la más reciente audiencia de observaciones, con una petición clara y constante: no son suficientes las verdades a medias.
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La violencia ahogada en el Magdalena
Ante un auditorio de paredes blancas y sillas rojas en la Universidad Industrial de Santander, Annye Páez Martínez, representante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), le habló al despacho de la magistrada Díaz Gómez sobre los intentos desmedidos de militares y paramilitares por borrar los liderazgos sociales de su región. “Nos quisieron acabar. Eso se traduce en un ejercicio de desconocimiento y de evadir la responsabilidad, así como de mentirle en la cara a las víctimas del Magdalena Medio de manera constante por parte de los responsables de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo”, expresó. Su corta intervención les dio entrada a las víctimas que se refirieron a distintos aspectos relacionados con el caso.
Yenidia Cuéllar Pérez, lideresa campesina de la ACVC e hija de José María Cuéllar, el primer alcalde elegido por voto popular en Cantagallo (Bolívar), habló sobre las violencias que líderes como su padre vivieron por cuenta de la barbarie de militares y paramilitares en la región. Narró cómo, en muchos casos, ante la desaparición de personas de la comunidad, se veían en la obligación de esperar hasta tres días. No para instaurar la denuncia ante las autoridades competentes, pues la esperanza de que las autoridades los atendieran ya estaba perdida. Era el propio río Magdalena el que les daba las respuestas: sacaba a flote los cuerpos hinchados de aquellos que murieron bajo las balas del Estado que los debía proteger o de sus aliados.
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Eso cuando los cuerpos eran arrojados al río completos, pues en otros casos los desmembraban. Pescadores y chaluperos, como una de las víctimas que pidió mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, al intentar desatascar basuras y ramas de los motores de sus embarcaciones, eran sorprendidos por partes de cuerpos abandonados a merced del agua. “Hoy todavía reclamamos esos cuerpos de mujeres y hombres que llevaron un liderazgo en el territorio y fueron acallados. Exigimos una verdad completa, el reconocimiento de responsabilidades y las garantías de no repetición. El sur de Bolívar no fue un sitio sin Estado. Fue un lugar con presencia estatal que actuó en alianzas con paramilitares”, dijo Yenidia Cuéllar.
En sus observaciones, las víctimas fueron insistentes en que la justicia debe seguir ahondando en la relación de la guerra en el Magdalena Medio con estructuras paraestatales desde finales de los años 80. Si bien el despacho de la magistrada Díaz Gómez ha identificado que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) incubaron la guerra en la región, la gente pide que no se deje de lado el rol que tuvieron estructuras ilegales como Muerte a Secuestradores (MAS), que es un antecedente directo de la conformación de grupos paramilitares y de la violencia contra militantes de la Unión Patriótica (UP), de gran relevancia en esa zona del país.
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La barbarie de las masacres
El 16 de noviembre de 1986, doce personas que trabajaban como aserradores de madera en la vereda La Corcovada, del municipio de Cimitarra, fueron masacradas. Durante la audiencia de observaciones, el hermano de una de las víctimas, quien pidió mantener su nombre bajo reserva, narró que entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana los trabajadores amarraron unas piezas de madera para dirigirlas aguas abajo por el río Carare hasta encontrar el sitio de tierra firme en el que los pasarían a unos vehículos de carga. En su viaje por el río, hombres del MAS, al mando de Henry de Jesús Pérez, al parecer en alianza con uniformados del Batallón Rafael Reyes y su comandante, el teniente coronel (r) Rito Alejo del Río, los retuvieron y los asesinaron.
Los cuerpos de las 12 víctimas fueron desmembrados y arrojados al agua. Han pasado casi cuatro décadas y los familiares de los bogas aún siguen buscando los restos de sus seres queridos y la verdad que los responsables les deben sobre ese crimen. “Los familiares de los 12 bogas queremos saber por qué, estando una patrulla del Ejército en el mismo sitio en el que ocurrió la masacre, no supieron de lo que ocurrió en ese momento. Lo que a uno más le duele es que el mismo Estado ha masacrado al pueblo”, expresó la víctima. Damaris Vargas Quiroa, cuyo padre fue asesinado junto a los líderes Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas y a la periodista Silvia Duzán en el caso conocido como la masacre de La Tata, hizo el mismo reclamo.
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“En este momento la pregunta que nos hacemos es quién nos va a dar respuesta por todas estas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué heredamos los hijos? El miedo, la zozobra y la incertidumbre”, dijo la mujer, quien tenía apenas 14 años cuando su padre fue asesinado. Al expediente de la JEP sobre el Magdalena Medio se suman también otros hechos claves como la masacre ocurrida el 1 y 2 de agosto de 1998, en la que fueron asesinadas 12 personas y cinco resultaron heridas; la del 4 de octubre del 2000, en la que fueron asesinadas seis personas, incluidos dos niños; así como la toma del barrio Primero de Mayo, ocurrida el 23 y 24 de diciembre de 2000, cuando uniformados entraron a una casa y asesinaron a dos civiles.
El abogado José Antonio Gómez, del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Víctimas, concretó todas las peticiones y preguntas al final de las jornadas con una solicitud directa a la JEP y al despacho de la magistrada Díaz Gómez: priorizar las versiones que aún no se han profundizado, como la del excomandante Juan Carlos Socotá, quien ya le dijo a esa instancia que en el Magdalena Medio exmandos del Ejército como él llegaron a acuerdos para “trabajar directamente con los paramilitares”. Tal vez al unir todas esas piezas la justicia transicional logre esclarecer las verdades pendientes y evitar que pase lo que señaló una de las víctimas: “Lamentablemente, el tiempo se acaba, pero la historia del horror es demasiado larga”.
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Por Gustavo Montes Arias
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