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La visión de lo que debe ser la justicia en Colombia en los próximos cuatro años está entre dos polos opuestos. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los candidatos presidenciales que se enfrentarán en las urnas durante la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, pusieron sobre la mesa sus planes de gobierno en los que el sistema judicial es uno de los pilares.
Entre propuestas de mano dura, megacárceles, estructuras anticorrupción y la dicotomía de blindar o eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los aspirantes a la Casa de Nariño buscan hacerle frente a los retos que recibirán de un sistema colapsado, congestionado y que históricamente ha dejado a los colombiano con una percepción de impunidad.
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El más reciente informe de la Corporación Excelencia en la Justicia deja en evidencia el panorama del sistema penal del país y la incapacidad institucional para atender el volumen de casos. Durante 2024 ingresaron 1,87 millones de noticias criminales, pero el 93,2% ni siquiera pudo avanzar a una etapa de juicio.
A la vez, el colapso genera que más procesos se archiven o se cierren sin resoluciones de fondo, lo que aumenta esa percepción de injusticia. De un total de 1,45 millones de casos en 2024, el 81,9% fue archivado y más de la mitad terminó sin condena. Y se le suma la crisis humanitaria en las cárceles del país marcada por hacinamiento, bajas condiciones de salubridad y otras vulneraciones de derechos humanos.
Seguridad y mano dura: el plan de De la Espriella
En un resumido plan de gobierno, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella condensó su línea de justicia enfocada en perseguir corruptos y criminales. Pretende crear un Bloque de Búsqueda para encontrar “las redes que roban al Estado”. También contempla el aumento de penas para delitos de alto impacto y la reducción de beneficios para reincidentes. Pero una de sus propuestas que más ha levantado la polémica ha sido la intención de construir megacárceles, según indicó, bajo el “Modelo Bukele” aplicado en El Salvador. En estos centros penitenciarios de máxima seguridad, los presos “trabajarán para su sostenimiento y no habrá señal de internet”.
El propósito, según De la Espriella, es que los “bandidos” no sigan delinquiendo en las cárceles y que ninguno se quede por fuera a raíz del hacinamiento y el colapso del sistema judicial. De esa manera, busca hacerle frente a una “pandemia criminal”. “Necesitamos una legislación temporal especial que nos permita atacar esa pandemia criminal de la mejor forma. Hay que tratar de buscar una salida con la Rama Judicial porque como bien lo he señalado la situación de Colombia no es normal”, señaló. Sin embargo, para algunos expertos en política criminal, la construcción de megacárceles por todo el país no soluciona el Estado de Cosas Inconstitucional que dictó la Corte Constitucional frente a la crisis.
Según expertos, tener una cárcel más amplia podría ser un paño de agua tibia al hacinamiento, pero podría ser contraproducente bajo el contexto de la coordinación criminal que existe dentro de los centros de reclusión. Para la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, la propuesta se queda en el aire. “La construcción de megacárceles significa tener claro que hay más de 25.000 personas detenidas en centros transitorios, más de 107.000 con pena de prisión y más de 60.000 en prisión domiciliaria. Las megacárceles no son la solución, pero además cuestan muchísimos billones de pesos y no hay ni siquiera lugares para construir cárceles de ese tamaño en los territorios”, explicó.
En efecto, la expansión de cupos en cárceles del país ha sido copada por el crecimiento de la población carcelaria. Según detalló Buitrago, se han construido centros penitenciarios más amplios y varios ni siquiera se han podido entregar por falta de presupuesto. Esto se traduce en que por lo menos en los próximos cuatro años de gobierno, la propuesta es inviable. “El presupuesto es algo importante para poder garantizar los niveles de protección a los derechos humanos, las formas de resocialización y la garantía de no atentar contra la dignidad humana. Si se garantizan todos estos aspectos el costo de una megacárcel es multibillonario y no se daría por la gran tasa de criminalidad en el país”, agregó.
Otra de las propuestas del candidato que ha sido polémica dentro del mundo judicial ha sido la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el candidato, con este plan ejecutado se podrá garantizar una “justicia ordinaria rápida, severa y sin beneficios para criminales”. Por un lado, según el Congreso y la Corte Constitucional, la JEP es de carácter obligatorio debido a su nacimiento del Acuerdo de Paz. Además, su funcionamiento es un compromiso frente a la comunidad internacional y el sistema interamericano de derechos humanos.
Por otro lado, para eliminar la JEP, se tendría que radicar un acto legislativo en el Congreso y la Corte Constitucional podría declararlo inexequible. “La terminación de la JEP necesitaría una reforma constitucional. El procedimiento no puede ser cambiado sin más porque se vulnerarían todos los derechos que contiene la Convención y el artículo 29 de la Constitución, así como las reglas especiales e internacionales. Esa jurisdicción fue aprobada por la Constitución y la Ley. Los impactos en la justicia transicional serían nefastos para los comparecientes, y para las víctimas, se atenta contra la buena fe y el debido proceso”, puntualizó Buitrago.
Anticorrupción y justicia para todos: el plan de Cepeda
En su plan de gobierno, el candidato presidencial Iván Cepeda recogió sus principales ideas alrededor de un modelo de justicia enfocado en la lucha contra la corrupción y la inclusión de todas las comunidades para fortalecer la justicia ordinaria. Una de las grandes propuestas es la creación de un Sistema Nacional contra la macrocorrupción que se fundamenta en cinco planes: la transparencia y prevención a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y alertas tempranas; una Unidad de Investigación en la Fiscalía; un Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción; una instancia de juzgamiento especial para corrupción sistémica; y presencia en los territorios con mayor impunidad.
Dentro de ese plan macro, uno de los pilares que ha llamado la atención ha sido la creación de la unidad de investigación enfocada en la corrupción. “Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados. Esta unidad identificará los aparatos y estructuras de la macrocorrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional, sectorial y regional; y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad”, se lee en el plan de gobierno de Cepeda.
Para la exministra Buitrago, este plan debió ser ejecutado desde administraciones pasadas. “Desde diversas aristas y diversos organismos, este es un tema que se discute permanentemente entendiendo que la corrupción es un sistema estructurado que necesita de muchas instituciones y personas para que produzca réditos, garantice impunidad y ventajas. La Fiscalía ha identificado redes criminales de funcionarios activos y exfuncionarios con otros sujetos para realizar diversos delitos. La corrupción está en todas las esferas. La necesidad de que se persiga, investigue y juzgue es fundamental”. Sin embargo, agregó: “La creación de más sistemas puede generar mayor confusión de competencia”.
Otro de los pilares en el plan de gobierno de Iván Cepeda es la justicia para todos. El candidato presidencial buscará darle continuidad e impulsar la jurisdicción agraria, así como articular la justicia indígena y fortalecer la justicia ordinaria. Para Buitrago, estos aspectos son fundamentales a la hora de pensar el sistema judicial del país. “Hay que poner a funcionar las reformas constitucionales que ya se lograron. Las poblaciones enteras pueden tener una protección real con la jurisdicción agraria, pero debe haber un componente robusto de jueces y sobre todo de protección para los funcionarios dadas las condiciones de violencia y control territorial por los grupos criminales”, concluyó.
En poco más de dos semanas, ambos candidatos irán a segunda vuelta presidencial y el país definirá el gobierno por los próximos cuatro años. Además, definirá el rumbo de la justicia que busca salir a flote en medio de un sistema congestionado y sin capacidad institucional suficiente para atender la crisis carcelaria que se impone cada vez más. El nuevo presidente de Colombia tendrá que hacerle frente a los retos con propuestas de fondo que van si continuar por la línea del diálogo con los actores armados o la mano dura.
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