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Es la segunda mujer en año consecutivo que recibe la presidencia de la Corte Constitucional. ¿Qué representa para usted esa responsabilidad?
No es un detalle menor el momento histórico que supone la primera sucesión entre mujeres en la Presidencia de la Corte Constitucional. Es importante, si consideramos las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres para acceder a los cargos de dirección, liderazgo y toma de decisiones, sea en el sector público o en el privado. Esto significa que se está avanzando en el camino para lograr una mayor participación y representación de las mujeres en los altos cargos de la Rama Judicial, pero todavía hace falta mucho recorrido.
Por esa razón, asumir la presidencia para mí representa la gran responsabilidad de hacer un excelente trabajo, que inspire a las mujeres y niñas a no detenerse ante las barreras que aún persisten y a perseguir, con compromiso y fortaleza, las metas que se han propuesto, con la seguridad de que estamos abriendo caminos que conduzcan a una sociedad cada vez más equitativa y respetuosa. También representa la gran responsabilidad de trabajar por construir un país que le dé realmente la oportunidad a las mujeres y niñas de recorrer ese camino con la tranquilidad y seguridad de que lo podrán transitar libres de violencias y discriminación.
(En contexto: Magistrada Diana Fajardo, nueva presidenta de la Corte Constitucional)
¿Considera que su postura como mujer en las decisiones que se toman en el alto tribunal cobra fuerza, ahora que volvieron a ser minoría?
En las decisiones colegiadas todos los votos tienen el mismo peso y no siempre es posible identificar bloques mayoritarios o minoritarios preestablecidos al interior de la Corte, pues cada tema responde a su propia dinámica de análisis. En ello también reside el valor del Tribunal Constitucional y la pluralidad en su conformación. Ahora bien, lo que sí es claro es que somos cada vez más conscientes de los estereotipos que durante siglos han invisibilizado, bajo la sombra de entornos privados, diversas clases de violencia, física, sicológica, económica, que nadie debe tolerar. Esta reflexión se refleja en la construcción de una jurisprudencia que ha abierto espacios de diálogo entre los administradores de justicia, y entre estos y la sociedad en su conjunto, para que las distintas formas de violencia no sean normalizadas y cada vez más se nutra el proceso de decisión de las perspectivas que se ofrecen en clave de género.
El 2023 promete ser un año de decisiones importantes en el alto tribunal. Tendrá que revisar las polémicas reformas tributaria y de salud, por el momento, ¿cuál será la postura que tome la Corte ante las iniciativas de la izquierda?
Es probable que algunos de los debates que ocupan la agenda pública lleguen a la Corte a través de las vías que la Constitución prevé, como la demanda ciudadana, en temas tan variados como el sistema de salud, el régimen del trabajo y la seguridad social, la política de paz y la protección del medio ambiente, entre otros. De llegar el momento, y como lo ha hecho a lo largo de su existencia, estos temas serán abordados por la Corte Constitucional con la rigurosidad que la caracteriza, con independencia de la postura ideológica o política del sector que impulsó la iniciativa legislativa.
(Lea también: Retrato de Diana Fajardo: la única magistrada de la Corte que votó sí al aborto)
La paz total parece ser el bastión de mando de este Gobierno. Deben revisar una demanda en contra de la propia ley y verificar si avala constitucionalmente la ley de sometimiento, ¿cómo será el papel que jugará la Corte en esos casos?
Actualmente, cursan ante la Corte aproximadamente siete demandas contra la Ley 2272 de 2022. Tres han sido admitidas, una fue rechazada y las restantes están siendo analizadas para verificar si cumplen los requisitos mínimos de admisión. Nuestro papel es estudiar con detenimiento cada uno de los argumentos de los demandantes e intervinientes para determinar si la ley respeta la Constitución. Es una labor rigurosa que atiende la misión de la Corte de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política de 1991.
¿Primará el derecho a la paz sobre algunos beneficios para los delincuentes?
No puedo anticiparme a cualquier debate o decisión sobre esta ponderación que se me plantea. Pero como ya lo mencioné, si el Congreso de la República avanzara en una legislación sobre el tema, en el momento que le corresponda a la Corte esta asumirá con responsabilidad y rigurosidad el control constitucional de la normatividad que se expida para tal fin, siempre con el fin de preservar los mandatos de la Constitución Política de 1991.
A propósito de la paz total, trascendió que el presidente Gustavo Petro citó a los presidentes de las altas cortes y al fiscal Francisco Barbosa a un café. ¿Se cumplió?
Hasta donde tengo entendido, era una invitación del Presidente de la República para hacer un saludo protocolario a los nuevos presidentes de las Cortes. Por la agenda de la Corte Constitucional, debí excusarme.
¿Considera que esos acercamientos que propone el jefe de Estado son para llegar a un acuerdo para fortalecer sus políticas de Gobierno?
Desconozco el propósito específico que pueda tener el Presidente de la República en su fuero interno.
En 2020 hubo una cooperación del Gobierno Alemán para fortalecer el proceso de transformación y modernización del alto tribunal. ¿Eso se concretó? ¿Hubo dinero de por medio? ¿Cuánto? ¿En qué se usó o se está usando?
Es una cooperación técnica por un monto total de hasta $3 millones de euros que ejecuta la Agencia GIZ en Colombia. La iniciativa, que inició con la suscripción de un memorando de entendimiento en 2020 y se extenderá hasta junio de 2024, busca contribuir a nuestro proceso de modernización institucional. El proyecto está orientado a la ejecución de actividades en tres ejes principales: (i) el acercamiento a jueces y ciudadanos, (ii) la armonización e identificación de buenas prácticas que fortalezcan nuestra gestión interna, y (iii) el cumplimiento a las decisiones judiciales.
En estos años hemos realizado varias actividades. Por ejemplo, en el primer frente creamos un micrositio web para divulgar de forma didáctica la Constitución a los niños, niñas y adolescentes y realizamos talleres de intercambio de buenas prácticas para la gestión de tutelas con jueces de diferentes regiones del país.
En el segundo eje hemos trabajado en el fortalecimiento de competencias y conocimientos de los servidores judiciales, a través de cursos y talleres sobre escritura jurídica en temas como argumentación y protección de datos personales. Así mismo, trabajamos en el análisis de nuestros tiempos procesales y en la identificación de acciones para mejorarlos.
Y, en el último eje, que se relaciona con el cumplimiento a las decisiones judiciales, se avanzó en un estudio de diagnóstico sobre el cumplimiento de sentencias estructurales de la Corte. Mejorar el seguimiento al cumplimiento de nuestras decisiones será uno de los principales frentes de trabajo este año.
¿Consideran para 2023 volver a la presencialidad?
Hemos venido trabajando de forma mixta (presencial-virtual). La pandemia aceleró nuevas dinámicas de trabajo y avances en materia tecnológica, a los que la Corte no puede ser indiferente. De hecho, este contexto propició una transformación digital sin antecedentes en nuestro Tribunal. De todos modos, seguimos estudiando su impacto, ventajas y riesgos, con miras siempre a garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.
Un tema que en el momento está siendo neurálgico en el país es la crisis carcelaria. La Corte, aunque ha emitido decisiones desde hace varios años, durante los últimos meses parece tener cierto interés para que se solucione esa crisis. ¿Considera necesario robustecer y hacer más seguimiento a las órdenes emitidas por la Corte en esa materia?
La crisis penitenciaria y carcelaria ha sido una preocupación permanente para la corporación. Desde sus primeros pronunciamientos se ha evidenciado que se trata de un problema estructural y grave, que no requiere únicamente de decisiones judiciales para su superación. Por eso, la búsqueda de soluciones se da a través de un proceso complejo, del cual participa la Corte, no solo con sus funciones de control constitucional, sino con las competencias de seguimiento que actualmente están en cabeza de una sala especializada. En esta se adoptan de manera constante determinaciones que buscan garantizar un avance progresivo frente a esta problemática.
¿Le preocupa que durante el mandato de Gustavo Petro abandonen el cargo alrededor de cinco magistrados que, de alguna forma, ya estaban cohesionados en debates y decisiones?
No. La Corte Constitucional históricamente ha estado conformada por magistrados y magistradas de altas calidades, con visiones del derecho distintas y complementarias entre sí. Esa es la riqueza de un cuerpo colegiado como el nuestro, en el que las decisiones se construyen a través de un ejercicio deliberativo muy exigente. La renovación de magistrados por vencimiento de su periodo constitucional no es un asunto que deba generar mayor preocupación, pues el constituyente de 1991 diseñó un proceso de elección complejo con el que se quiso garantizar un equilibrio muy importante en la conformación de la Sala Plena.
Recordemos que, de los nueve integrantes, tres se eligen a partir de ternas estructuradas por el Consejo de Estado, otros tres por la Corte Suprema de Justicia y los otros tres por el Presidente de la República. Estas ternas son enviadas al Senado y a partir de ellas se realiza la elección respectiva, de cara a todos los colombianos. Además, nuestra Corporación tiene una renovación progresiva porque no todos sus integrantes cumplen el periodo constitucional en un mismo momento, lo cual ha permitido momentos de transición muy interesantes, pero también de una gran solidez jurisprudencial.
¿Seguirá existiendo la figura que se implementó en la presidencia de la magistrada Cristina Pardo sobre denunciar a los magistrados que filtren información de las Salas Plenas?
Creo que esta pregunta obedece al llamado respetuoso al poder judicial de mantener la reserva judicial en sus actuaciones que hizo la doctora Pardo en la conmemoración de los 30 años de la Corte Constitucional, con el fin de garantizar la independencia y autonomía y evitar así cualquier tipo de presiones a la labor jurisdiccional. Comparto esta legítima preocupación y confío en que tendrá la mayor recepción por parte de todos los servidores judiciales.
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