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El 23 de septiembre de 2023, organizaciones de víctimas y de derechos humanos celebraron la apertura del macrocaso 11 de la JEP, el cual se encarga de adelantar investigaciones respecto a las violencias basadas en género, violencia sexual y los crímenes cometidos por prejuicio en el marco del conflicto armado colombiano. Aunque la violencia sexual y de género se venía trabajando como un enfoque transversal en los otros macrocasos que investiga la justicia transicional, la apertura del caso 11 se dio como una respuesta para conocer en profundidad cómo se ejercían estos crímenes en los escenarios de guerra.
Pese a que ha transcurrido un año desde la apertura y es el último macrocaso que ha abierto la jurisdcicción de paz, aún existen dudas respecto a cómo va a ser la metodología e investigación del caso. En entrevista con El Espectador, Uldi Teresa Jiménez, delegada de la Procuraduría ante la JEP, habla de las dificultades que se han encontrado este año en el macrocaso de violencia sexual y hace un llamado para que el tribunal garantice los derechos de las víctimas.
¿Cuál fue el proceso para que la Procuraduría comenzará a solicitarle a la JEP la apertura de un caso que investigará la violencia sexual en el conflicto armado?
Desde el 2020, la Procuraduría empezó a solicitar un macrocaso que hablara de manera única y específica de la violencia sexual, la violencia basada en género y otras formas de violencia similares, que pudiesen subsanar la deuda histórica que se tiene con las víctimas. Inicialmente, estas formas de violencia se estaban investigando de manera transversal en otros casos, pero desde esta entidad, identificamos que estos crímenes de lesa humanidad tenían una forma muy particular y diferenciada de cometerse contra mujeres, hombres y población LGBTI.
En las distintas audiencias que se hicieron a nivel nacional con la JEP, la Procuraduría siempre dejó en claro que la violencia sexual no podía seguir siendo vista como un delito más que acompañaba a otras formas de violencia como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, o la desaparición forzosa.
Es así como después de tres años en los cuales se estuvo presionando a la JEP con solicitudes y derechos de petición, vemos la necesidad de interponer una tutela, para garantizar los derechos de las víctimas que siempre exigieron la apertura de este caso con fines exclusivos de investigación, responsabilidad y reparación. Con esto, la apertura oficial se logra el 23 de septiembre de 2023.
Existen 35.000 casos documentados en la JEP de este tipo de crímenes y ha pasado casi un año desde la apertura del caso. ¿Qué se ha hecho en este tiempo?
El trabajo que se ha venido realizando no ha sido el ideal. Sin embargo, se ha avanzado en temas preliminares, como la ubicación de las víctimas en los territorios y la documentación de más casos, esto con el fin de que más víctimas alcen su voz. El macrocaso 11, por ser tan especial en la forma de victimización, tiene demasiadas dificultades. Hemos identificado que hay una gran dificultad para que las mujeres y hombres acepten que fueron víctimas de esta violencia. En muchas oportunidades prefieren no hablar y guardar silencio, porque pese al evento traumático, formaron una vida distinta y aceptar el trauma las hace autoincriminarse y sentirse avergonzadas.
Otra dificultad es que los armados siempre han estado dispuestos a hablar y a aceptar cualquier conducta de gravedad, sin embargo, existe una negación absoluta para aceptar que fueron autores o que dentro de su organización hubo violencia sexual. Esta negación victimiza a las víctimas y es muy complicado pensarse en una reparación cuando los comparecientes aún ven este tema como un tabú. En los casos en que se aceptó que se ejerció este tipo de crimen se hizo como algo excepcional y no como un hecho sistemático y todo esto se debe a un patrón patriarcal dentro de las filas de las FARC. Aceptar que fue necesario recurrir a la violencia para tener intimidad con una mujer, debilita mucho a su organización. Por ahora, pensamos que debe trabajarse con los comparecientes en un tema de concientización y sensibilización de las conductas para tomar medidas de sanación que sean asertivas para las víctimas.
La JEP no ha sido clara en cómo será el marco investigativo de este macrocaso y aún no hay respuestas respecto a cómo serán las audiencias. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Procuraduría de los avances investigativos?
Hay una exigencia principalmente que no es negociable. Quienes fueron víctimas de estas formas de violencia, dicen: necesitamos verdad y reconocimiento. Cuando ocurra eso, de manera conjunta se podrá trabajar una forma de reparación. La preocupación es que aún no sabemos cómo se va a trabajar la investigación y este caso necesita un enfoque de género que reconozca como la violencia siempre se dio de manera diferenciada. El trabajo no ha sido el ideal. Este macrocaso por ser tan especial en la forma de victimización tiene muchísimas dificultades y esperamos que sea la JEP quien prontamente nos diga cuál es el paso a seguir para garantizar los derechos de las víctimas.
¿Se han evaluado algunas medidas de sanción?
Es muy complejo pensarse las medidas de reparación porque ese tipo de violencia no solamente ha generado un daño psicológico, sino un daño físico. Muchas mujeres en la actualidad están enfermas a raíz de estos hechos y sus testimonios revelan que no han tenido acceso a un tratamiento digno. Esto hace que hoy en día tengan un dolor tan grande que es posible que no acepten cualquier clase de reparación por parte de los comparecientes. Creemos que parte de esa reparación es que principalmente aporten a la verdad y respondan por qué el cuerpo de ellas se convirtió en arma de guerra, así que el primer paso para pensar sanciones es escuchar a los comparecientes y a las víctimas.
Si bien la violencia sexual, de género y por prejuicio se había investigado de manera transversal, ¿en las audiencias de otros macrocasos en los que la Procuraduría ha estado presente, se han identificado algunos patrones que permitan saber cómo se ejercieron estos crímenes contra mujeres, hombres y población LGBTI?
Se han identificado varios patrones. Por ejemplo, en el caso de la maternidad, eran casos excepcionales donde se podía dar a luz, eso solo sucedía cuando las mujeres tenían alguna relación con los comandantes, de lo contrario, la regla general era que si no había cumplido con los métodos anticonceptivos debía abortar. Encontramos muchos casos que cuando las mujeres tenían sus partos, los altos mandos les permitían estar un tiempo con los bebés y después los llevaban a donde una familia de paso, para que las madres volvieran a las filas de la guerrilla.
También se ha identificado que en los casos de reclutamiento forzado no solamente fue alistar al niño a la guerrilla, sino que alrededor de eso, también había conductas graves como la violencia sexual y la violencia reproductiva. Inclusive, muchas enfermeras de las FARC han contado que ellas eran las encargadas de supervisar todo el tema anticonceptivo al interior del grupo.
La JEP tiene un periodo de 10 años y el macrocaso 11 es uno de los más atrasados, pues fue el último que se abrió. ¿Cómo ven ustedes ese panorama en términos de justicia para las víctimas de violencia sexual?
Es muy preocupante porque con este caso no hemos ni siquiera empezado las comparecencias. Esto se debe a que el caso está en una labor preliminar en la que se hace pedagogía y ubicación de víctimas. Después de esto iniciará la acreditación colectiva o individual, pero desde la Procuraduría aún no tenemos claridad de varios aspectos. Ya le hemos pasado varios memoriales a la JEP, diciéndoles que es importante que se avance en este caso, sobre todo por el principio de temporalidad que tienen.
Además, se han pasado tres solicitudes en donde ponemos de presente la necesidad de que esto avance, porque el mensaje que se le está dando a las víctimas y a los comparecientes es malísimo. Es como dar a entender que si es importante lo que se está investigando, pero que puede esperar un tiempo extra. Esos mensajes omisivos del tribunal se pueden asimilar como una negación a la justicia. Llevamos 11 meses en donde todavía no hemos logrado empezar con las versiones y aún no hay claridad de la forma en la que se van a abordar las tres subcategorías del caso.
En el caso hipotético de que los comparecientes no acepten estos crímenes, ¿cuál sería el paso a seguir?
En caso de que los comparecientes no brinden verdad, estas investigaciones pasarían a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y se iniciaría el proceso adversarial. Este panorama sería muy desgastante y revictimizante porque se tendrían que hacer públicas conductas que las mujeres y hombres mantuvieron en la intimidad por el miedo. Además, se pondría en tela de juicio todo lo que sucedió y esto está mal en la medida que deberíamos estar pensando en cómo repararlas, no solamente desde los TOAR, sino desde el Estado y la institucionalidad.
La Procuraduría ha insistido desde el día uno para que las víctimas constantemente cuenten con acompañamiento psicosocial y con la posibilidad de acceso a tratamientos físicos especializados. Es de vital importancia que los profesionales tengan experiencia con víctimas del conflicto armado que tengan estrés postraumático. Es importante que la JEP acoja nuestras recomendaciones para que se responda de manera asertiva a las necesidades de las víctimas.
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Por Dayana Herrera Valbuena
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