EPS de Acemi buscan que no sólo las investiguen a ellas

Una lucha se libra en un juzgado penal del circuito de Bogotá, al calor del llamado carrusel de la salud. El representante de Cafesalud EPS presentó una tutela contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de investigar a 15 EPS afiliadas a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y a las que señala de haber hecho acuerdos bajo la mesa para negar servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y de esta manera tener derecho a recobros ante el Fosyga y acceso a más recursos, práctica para desangrar la salud.

Parte del informe, conocido por El Espectador, dice que esta práctica supuestamente se puede corroborar con el exagerado incremento de tutelas y de recobros. Por ejemplo, pasaron de presentar recobros por $336 mil millones en 2006, a un billón 798 mil millones de pesos en 2009. Además, de las 354 mil tutelas que se presentaron entre 2006 y 2008, el 54% se les atribuyen a las EPS del régimen contributivo, por no prestar servicios de salud.

La investigación de la Superintendencia (radicado 09-121413) se dio a conocer a las autoridades el pasado 31 de marzo y en ella concluye que las EPS de Acemi “son responsables de prácticas comerciales restrictivas al celebrar acuerdos para negar la prestación de servicios de salud del POS, ocultar o falsear información e impedir la debida transparencia en el mercado de servicios de salud. Esta delegatura tiene el firme convencimiento de que se dio y aún existe este acuerdo entre las EPS de Acemi”, dice la investigación. Y agrega que aprovecharon que conocían las denominadas zonas grises del POS para poder concertar qué servicios no prestarían.

La tutela contra esta investigación la promovió Aníbal Rodríguez Guerrero, representante legal de Cafesalud EPS, argumentando violación al debido proceso y el derecho a la igualdad. Curiosamente, el recurso no apunta a que la justicia declare nula la investigación o a desmentir la denuncia, sino para que se reabra el proceso y se incluyan todas las EPS del régimen contributivo y subsidiado. Su objetivo es demostrar que no hubo mala fe de Acemi y que el incremento de recobros fue algo de todas las entidades.

De acuerdo con Rodríguez Guerrero, la investigación que pone en tela de juicio a Acemi viola la ley al querer señalar sólo a las EPS del contributivo, dejando por fuera a muchas que también tuvieron un elevado incremento. “Quieren atribuirle a un grupo específico el problema, a pesar de no ser exclusivo de las entidades investigadas, sino de toda la salud. Es un trato discriminatorio”.

Como ejemplo pone a la Nueva EPS, que según datos del Fosyga pasó de presentar recobros por $3.294 millones en febrero de 2009 a $43.633 millones en agosto de 2010. “Crecimiento del 1.225%, que no es investigado por la Superintendencia”, dijo.

También argumentó que sobre el incremento de las tutelas “afirman que las EPS investigadas hicieron un acuerdo para negar servicios, pero se viola la igualdad al no identificar de todas las EPS cuáles negaron los servicios del POS… Además, al revisar la tasa de tutelas, muestra que EPS no investigadas tienen tasas más altas. “Como conclusión, el informe viola el principio de igualdad, porque a pesar de contar con la información de que el incremento de tutelas era común entre todos los actores del sistema, sólo se investiga a unas cuantas”.

Y frente a la práctica de recobros, dijo: “La Superintendencia estima que las EPS de Acemi usaron los recobros para aumentar el ingreso, lo que indicaría que las EPS no agremiadas no tienen comportamiento similar. Pero una simple revisión de ingresos por recobros de otras EPS muestra que también tienen un importante crecimiento que no es investigado. Esto muestra que el crecimiento de los recobros no es por acuerdo de gremio, pero se viola la igualdad al no hacer una investigación igual para todas las EPS independientes del régimen”.

Sobre los supuestos acuerdos de servicio de salud y medicinas que no prestaron, dicen que la Superintendencia desconoció que Acemi hizo parte del Consejo Nacional de Seguridad Social y que la finalidad del mismo era estructurar propuestas para aclarar el POS, “que es diferente a hacer acuerdos para negar la prestación de los servicios en el contenido”, indicó.

La lucha jurídica está planteada y ahora está en manos de un juez, quien tendrá validar la denuncia o acceder a las pretensiones del demandante de ordenar la investigación, como ya lo anunció el Gobierno, de todas las EPS para comprobar su grado de responsabilidad en toda la red de corrupción conformada por empleados de éstas, funcionarios estatales y particulares para desangrar la salud.