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La pelea entre las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y el gobierno de Gustavo Petro por el dinero para el funcionamiento del sistema de salud en Colombia está cada vez más en el escenario judicial. El pasado viernes, la Corte Constitucional les jaló las orejas a los entes de control e investigación del país por un trabajo aparentemente “insuficiente” en la investigación de supuesta corrupción en el sistema de salud, mientras que al Ejecutivo lo regañó por no tener datos ni cuentas claras sobre los cálculos que hizo para entregar dineros destinados a la atención de los pacientes. Tras el apretón del alto tribunal, empezaron a verse los primeros efectos y medidas para seguirle la pista a la plata con la que funciona la salud en el país.
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En la mañana de este lunes, la Contraloría convocó a una reunión a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Tras el llamado de atención de la Corte Constitucional, el ente investigador tomó la batuta con las primeras decisiones con las que le seguirán la pista a los dineros que, según las EPS, no está alcanzando apara atender a los pacientes. En esa medida, se conoció que la entidad liderada por Luz Adriana Camargo creará un grupo especial para seguirle la pista a posibles inconsistencias en el manejo que se le da a la Unidad de Pago de Capitación (UPC), la cual ha generado discordia entre las EPS y el Gobierno. Para las empresas del sector salud, el dinero que da el Estado en la UPC no alcanza, mientras que, dice el Ejecutivo, la plata es más que suficiente, solo que las EPS lo administran mal.
El supuesto mal manejo de recursos fue la principal razón por la que el gobierno Petro decidió intervenir tres EPS: Sanitas y la Nueva EPS (aunque hay una más que pidió la entrada del Ejecutivo de forma voluntaria, Compensar). A esa crisis que arrancó la semana pasada, se sumó el regañó de la Corte Constitucional, que insistió en que el Gobierno no tiene cálculos ni cifras para determinar realmente qué está pasando con la plata que le entrega a las entidades. Y esa falta de datos, precisamente, es en las que empezarán a moverse las “ías”. Por ejemplo, la Fiscalía, con el nuevo grupo que anunció, se encargará de hacer seguimiento a posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la UPC, por parte de algunas EPS.
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Aunque oficialmente no se dieron detalles de este nuevo equipo para seguir los dineros de la salud, se conoció que estará compuesto por expertos y peritos de las delegadas para las Finanzas Criminales, la Criminalidad Organizada y para la Seguridad Territorial de la Fiscalía. El punto de partida, además, lo tendrán en los primeros hallazgos y avances que, según le dijo el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, a la Corte Constitucional, han adelantado. Según le dijo el funcionario al alto tribunal: “La Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos $3 billones en contra de las EPS que han tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud” y que, además, ha hecho 400 hallazgos fiscales sobre presuntas irregularidades relacionadas con la UPC.
Sin embargo, todos estos datos que supuestamente ya tenía la Contraloría no habían sido compartidos hasta este lunes con los otros entes de control, lo cual le acarreó a Zuluaga el jalón de orejas del presidente de la Corte el pasado viernes. De acuerdo con un informe preliminar conocido por Caracol Radio, la Contraloría, luego de revisar los estados financieros de al menos 18 EPS de las 26 que hay un funcionamiento en Colombia, en la variación entre 2019 y 2021, concluyó que sí se presentó un presunto daño patrimonial por más de $9,2 billones, y determinó que sí se habría destinados recursos de la UPC a actividades diferentes a la prestación de los servicios de salud.
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Según el informe preliminar del ente de control fiscal, las 18 EPS analizadas habrían destinado recursos para otros gastos, entre los que resaltan: arrendamientos, asesorías, impuestos, multas y sanciones, honorarios y hasta en duplicados de carnets. Las dos entidades promotoras de salud intervenidas por la Superintendencia de Salud la semana pasada también aparecen referenciadas en el documento. Sanitas, por ejemplo, según el documento de la Contraloría, habría invertido más de $315.000 millones en gastos de arrendamiento, al menos en la variación entre 2019 y 2020. Además, de acuerdo con el ente de control, se habrían gastado más de $81.000 millones en el pago de impuestos y “deudores varios”.
Respecto a la Nueva EPS, intervenida por la Supersalud un día después de que el gobierno tomara posesión de Sanitas, en la variación entre 2019 y 2020, la entidad habría destinado los recursos de la UPC a gastos de arrendamiento por más de $11.000 millones, un dato similar a lo invertido por la EPS en 2020 y 2021, cuando la inversión fue de $10.552 millones en el mismo rubro. En total, la Contraloría analizó el uso y destino de 18 entidades promotoras de salud: AIC, Aliansalud, Anaswayu, Asmetsalud, Capresoca, Coosalud, Dasakawi, Ecoopsos, Emssanar, EPM, Famisanar, Mallamas, Nueva EPS, SaludMia, Saludtotal, Sanitas, SOS y Sura.
Sin embargo, fuentes de la Contraloría que hablaron con El Espectador aseguraron que las cifras recopiladas en ese documento cambiarán en los próximos días, pues actualmente el ente de control fiscal revisa la situación financiera de las ocho EPS faltantes. De acuerdo con lo dicho por cercanos al informe en construcción, la versión final, que será socializada nuevamente con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, demorará 10 días más antes de poder tener cifras exactas para que los distintos entes de control tomen más decisiones sobre las investigaciones a los dineros de la salud.
Aunque la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, estuvo invitada a la reunión de las “ías”, fue la única que no asistió por estar en una visita al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango en Antioquia. Aun así, en diálogo con este diario el viernes pasado, el procurador Luis Ramiro Escandón, aseguró que está en proceso el análisis de los documentos entregados por la Superintendencia de Salud, y que, de encontrar algún hallazgo importante, se lo hará llegar a la Sala Disciplinaria del Ministerio Público. Además, Escandón le dijo a El Espectador que entre los planes del ente de control está demandar las resoluciones de la Supersalud. “Estamos revisando si es mejor una tutela, o una nulidad o una acción popular”, precisó el procurador.
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