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La palabra “impunidad” sigue siendo recurrente en Colombia y atraviesa la historia del asesinato de Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle. Veinte años después de su muerte, ocurrida el 22 de septiembre de 2005, su nombre continúa siendo símbolo de dolor y resistencia para su familia, que aún busca justicia.
Jhonny tenía 21 años y soñaba con ganar un premio Nobel de Química. Ese día, en medio de protestas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ingresó al campus disparando. Una bala lo impactó por la espalda y le causó la muerte. Según Medicina Legal, el proyectil le destruyó la columna y el cerebro. Sus padres, Wilmar Silva y Eneried Aranguren, siempre insistieron en que Jhonny no participaba de las manifestaciones: había ido a la biblioteca a estudiar.
La familia emprendió desde entonces una larga batalla judicial. En las investigaciones judiciales ha sido mencionado el nombre de Gabriel Bonilla González, quien para los hechos era capitán del escuadrón del Esmad que ingresó al campus. El 19 de enero de 2010, un fiscal de Derechos Humanos acusó a Bonilla González como autor responsable de los delitos de homicidio culposo y prevaricato por omisión, en su calidad de garante.
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Sin embargo, el 13 de mayo de 2010 otro fiscal revocó parcialmente esa acusación y resolvió que el uniformado no era el autor de los delitos, aun cuando, dos años antes, la investigación había establecido que la muerte del joven fue causada por un disparo propinado por un agente del Esmad.
En 2021, con el acompañamiento del abogado Jorge Molano, la familia interpuso una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Con este recurso buscan que se anulen las decisiones de la Fiscalía, se reabran las investigaciones y se ordene una indagación disciplinaria contra los funcionarios que habrían encubierto el crimen.
La Corte admitió la acción en junio de 2021 y asignó el caso a la magistrada Myriam Ávila Roldán, pero hasta hoy no hay fallo definitivo. El caso también fue llevado a instancias internacionales: en 2008 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2016 fue admitido. Sin embargo, aún no ha avanzado por falta de documentación.
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Según un expediente de la Procuraduría, Gabriel Bonilla González, en calidad de teniente coronel y comandante del Esmad, fue vinculado a una investigación disciplinaria por los hechos ocurridos en Buenaventura durante el paro cívico de mayo y junio de 2017.
Esto por el presunto uso desproporcionado de la fuerza y por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Esmad en esas jornadas de protesta. En esta ocasión, las víctimas —entre las que había activistas, ciudadanos no participantes de las marchas, indígenas, menores de edad, mujeres y afrodescendientes— denunciaron el uso de armas de fuego, un hecho que recuerda la utilización indiscriminada de estos elementos en el asesinato de Jhonny Silva. Posteriormente, la Procuraduría practicó pruebas, recibió declaraciones y mantuvo el proceso en curso, el cual a hoy se encuentra en juicio disciplinario.
Wilmar Silva, que dejó su oficio como topógrafo para dedicarse de lleno a la búsqueda de justicia, ha convertido la memoria de su hijo en bandera contra la violencia policial. En cada aniversario recuerda a Jhonny como “un hijo soñado” y denuncia que su asesinato sigue impune. Casos posteriores, como los de Dilan Cruz en 2019 o Javier Ordóñez en 2020, le evocan el dolor de ver repetida la misma historia.
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Para él, visibilizar lo ocurrido es una forma de exigir garantías de no repetición y de recordarle a la sociedad que la Policía existe para proteger a los ciudadanos, no para atacarlos. Dos décadas después, la acción de revisión ante la Corte Suprema representa la última esperanza de que el crimen no quede en la impunidad. Mientras tanto, los padres de Jhonny lo vivo en canciones y documentales que llevan su nombre, convencidos de que la memoria es también una forma de justicia.
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