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En los últimos años, la corrupción se ha convertido en un tema constante de discusión. Escándalos como el de Odebrecht, que ha tenido repercusiones en toda América Latina, han puesto los delitos cometidos en las altas esferas en el centro del debate. La corrupción, sin embargo, tiene repercusiones en todas las esferas de la sociedad, es un problema, pues, que se ve en comportamientos cotidianos y que, por lo mismo, no tienen tanta visibilidad.
Ese, al menos, es uno de los planteamientos del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas de Argentina, Sergio Leonardo Rodríguez, quien ocupa el cargo, adscrito a la Procuraduría del país austral, desde 2014. Rodríguez estuvo en Bogotá, en el marco del foro “Persecución de los bienes de la corrupción y manejo de conflicto de interés”, el pasado 4 de abril, que organizó la Procuraduría colombiana. En ese contexto, El Espectador dialogó con él.
Según Rodríguez, para combatir la corrupción es necesario perseguir los bienes que se obtienen de manera ilícita, identificar a quienes cometen los crímenes y que las autoridades de todo el continente trabajen de manera conjunta. Pero, más allá de esas medidas un tanto efectistas, Rodríguez considera que la única forma de acabar con la corrupción es mediante la educación, pues, para él, es un problema, sobre todo, ético y moral. Aun así, concluyó que “corrupción siempre hubo y siempre habrá, porque es una condición inherente al ser humano”.
(Lea aquí: Colombia: empeora en la percepción de corrupción).
¿Qué tiene que ver el conflicto de intereses con la corrupción?
Un conflicto de interés no es específicamente un delito y, como tal, no integra el catálogo de delitos contra la corrupción, pero puede ser la puerta de ingreso a una posterior conducta delictiva. Por eso es que, cada vez más, las instituciones y las agencias de prevención de la corrupción tratan de regular el tema de los conflictos de intereses, para que los funcionarios puedan salirse de una posición en la que puedan beneficiarse a ellos o a su círculo más íntimo y, así, evitar la comisión de hechos de corrupción.
En Colombia no se ve que a las personas sancionadas por corrupción les quiten con efectividad lo que consiguieron con esos actos. ¿Qué hacer para lograrlo?
Esta es la parte, quizá, más complicada de la lucha contra la corrupción. El delincuente económico pone el eje en esto e incluso en algunos casos le preocupa más la quita de este provecho ilícito que una eventual pena de prisión. Es fundamental trabajar en la individualización y el aseguramiento de los bienes producto de la corrupción. En muchos países se está instrumentalizando la ley de extinción de dominio, para cesar el dominio sobre esos bienes y que el Estado los pueda recuperar.
¿Cómo se persigue un bien cuyo origen es la corrupción?
El primer paso, y quizá el más difícil, es la individualización de los bienes, para lo que hay distintos tipos de herramientas probatorias, como la ley del colaborador eficaz (un eslabón de la cadena delictual que confiesa y, en contraprestación, el fiscal puede negociar una reducción de una eventual pena). También es muy importante el tema de la cooperación internacional, porque se suelen ocultar bienes en sociedades off shore, que, en la mayoría de los casos, funcionan para delinquir o evadir impuestos, y cuesta ver quién está detrás de estas sociedades.
¿Cuáles son las formas más comunes en que se oculta el dinero robado a través de este delito?
A través de cuentas de sociedades off shore. Hay toda una ingeniería para que el dinero pase de sociedad en sociedad y que el rastreo de esos bienes se dificulte. También, con la compra de bienes inmuebles a nombre de estas sociedades, para que no se pueda rastrear a la persona autora del hecho de corrupción. Hay que aprovechar la tecnología y lo que mencioné antes: la cooperación internacional.
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La cárcel no parece desanimar ya a quienes fomentan la corrupción. ¿Qué otras sanciones podrían pensarse que sean más acertadas?
En realidad, creo que a nadie le agrada pasar un día en prisión, sobre todo a los autores de estos delitos de criminalidad económica y de cuello blanco, que no están acostumbrados a pasar por situaciones similares a la privación de la libertad. Lo que sucede es que, en muchos países, las penas por los delitos de corrupción son bajas, pero lo que es peor es que aún cuesta obtener sentencias condenatorias por corrupción. En mi país, por ejemplo, el imputado juega con la posibilidad de delinquir y no ser nunca condenado.
Por suerte, eso se está revirtiendo con herramientas como la ley del colaborador eficaz, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otras, que hacen que se facilite un poco la investigación y se puedan obtener resultados concretos. Y luego, obviamente, el decomiso de los bienes producto de la corrupción y la aplicación de multas por los distintos delitos.
En Colombia, la corrupción, más allá de los grandes escándalos, se ha enquistado en nuestras prácticas culturales diarias. Es bobo el que no trate de sobornar al policía que lo quiere multar. ¿Cómo superar una situación así?
La única forma es a través de la educación. En países de la región, como los nuestros quizás, se premia esta viveza de encontrar el atajo y el camino más corto, pero la única manera de luchar de fondo contra esto es la educación, desarrollando el sentido de la ética y dándonos cuenta de que el que hace un acto corrupto está perjudicando a sus conciudadanos. Por el otro lado, que no sea gratuito hacer esta trampa y que esa viveza tenga un castigo efectivo.
¿La corrupción es también un asunto moral?
Luego surge el derecho para poner orden, pero, esencialmente, es un tema ético y moral y que, lamentablemente, existe en todos los países del mundo —en distintos grados— y la diferencia esencial es la impunidad, o no, que pueda existir en los distintos países. Corrupción siempre hubo y siempre habrá, porque es una condición inherente al ser humano.
¿Qué le niega la corrupción a una sociedad?
Impacta en las cuestiones más esenciales: la salud, la seguridad, la educación. Esos recursos terminan siendo una masa de dinero muy significativa para el PIB de un país. Hemos tenido casos en Argentina donde, por cuestiones de corrupción, se ha restado el presupuesto para el mantenimiento de, por ejemplo, los trenes, y han ocurrido accidentes donde han perdido la vida muchas personas. Es un ejemplo concreto de cómo la corrupción afecta a la sociedad, provocando la muerte, pero también lleva a restar posibilidades de tener agua potable en determinadas zonas, no tener la salud pública necesaria, entre otras situaciones.
¿Qué puede hacer un Estado como el colombiano para enfrentar la corrupción con firmeza y a todo nivel?
Yo no lo ceñiría al Estado colombiano. Como dije, se debe volcar la mayor cantidad posible de recursos a la educación. Quien invierte en educación va a invertir menos en seguridad y en “medicina paliativa” para delitos. Por el otro lado, agudizar los sistemas de lucha contra la corrupción, fortaleciendo los organismos de prevención: cuando un caso me llega a mí como fiscal, lo que hago es investigar para reprimir esa conducta, pero tiene mucha más eficacia y eficiencia trabajar sobre la prevención. Y, si pasamos a la última etapa, se necesita una sanción adecuada para estos delitos.
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