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Coronel, esta semana se conoció la denuncia de The New York Times de la existencia de una mina ilegal de oro, presuntamente ligada al Clan del Golfo, que estaría cruzando los límites con el Batallón Rifles 31 en Caucasia (Antioquia). ¿Qué hace falta para que la Brigada contra la minería ilícita pueda intervenir este predio?
La Brigada tiene desplegados unos equipos enlace con este Batallón, que es área de operaciones de la Séptima División y que es prioritaria para nosotros por la problemática y porcentaje que tiene Antioquia y el Bajo Cauca en cuanto a la economía ilícita de la minería. Aquí hay una serie de oficiales y suboficiales en la Séptima División que apoyan con los procedimientos al comandante del Batallón Rifles, el coronel Daniel Echeverry.
Para que el Batallón pueda intervenir este predio de forma legal, hay que verificar títulos mineros, su vigencia, qué títulos están en proceso de formalización por parte de los mineros. Estos enlaces también ayudan al comandante a articular el proceso con la Fiscalía, la Policía Judicial, porque todos sus procedimientos requieren un proceso abierto en la Fiscalí.
Según el Ejército, desde 2022 hay un proceso abierto en Fiscalía por las actividades de minería ilegal que se realizan en este predio, conocido como La Mandinga.
Sí, pero no creo que el proceso abarque las 900 hectáreas. Puede haber un proceso de dos hectáreas, de tres coordenadas. Por eso siempre verificamos las coordenadas puntuales donde va a ser cualquier intervención. Si no tiene un proceso abierto en la Fiscalía, se puede intervenir por flagrancia, digamos, en caso de que estén utilizando medios mecánicos que estén afectando el medio ambiente y todas esas pruebas las recogen nuestros peritos, ya sean ingenieros ambientales o químicos, o con los peritos de la Fiscalía o de la Policía. Toda esa información se recopila y se abrirá un nuevo caso.
Y con los videos que se han difundido de la mina, ¿no son suficientes para declarar la flagrancia?
Sí, claro. De hecho, aquí hay muchas coordenadas que no tienen título minero y por eso el coronel Echeverry ha tenido una serie de resultados tanto en 2025 como este año contra la minería ilegal en esta área. Ahora, con todo este tema que ha escalado por la posible violación de los límites del batallón; en realidad, esta mina La Mandinga siempre ha existido, y aunque los linderos están delimitados por catastro, no están delimitados físicamente en este momento. Se tendría que esperar los resultados del estudio de las coordenadas puntuales que se tomaron en la mesa técnica del pasado 29 de abril, que se hizo en Caucasia (Antioquia), con el Ministerio de Defensa y los otros ministerios para determinar si la mina estaba o no dentro del batallón.
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Así como usted menciona que el Bajo Cauca es una de las regiones más afectadas por la minería ilegal, ¿cuál es el panorama completo en Colombia?
Voy a hablar desde lo general a lo particular del tema de explotación ilícita y específicamente del oro, que es el mineral que más se está explotando y el que más recursos le genera a los grupos armados. Por ejemplo, se supone que la producción legal de oro en Colombia es de alrededor de 56,7 toneladas al año. Esa es la producción total registrada por los mineros legales y lo que está formal. Sin embargo, los datos de exportación totales son de 69,8 toneladas. Es decir, hay una diferencia de 13 toneladas entre lo que se produce y lo que se exporta, por lo que esas 13 toneladas generan el interrogante de dónde surgen y, pues, muy seguramente provengan de la minería ilegal del oro.
Desde 2020, el oro ha tenido un incremento bastante alto de alrededor del 220 %. Una onza de oro son 31,1 gramos de oro. En 2020, esa onza costaba entre USD 1.800 y USD 2.000 aproximadamente. Hoy en día, una onza vale alrededor de casi USD 5.000. Conociendo estos datos, obviamente la gente se vuelca hacia la explotación de ese mineral porque es sumamente rentable. Este panorama ha hecho que la minería pase de ser un problema de origen social y se haya convertido en un problema militar y de seguridad nacional, porque no se trata solo de la explotación de mineros ancestrales que buscan lucrarse con el oro, sino que han entrado otros actores como el Eln, Clan del Golfo y disidencias de las Farc.
¿Cuántos departamentos están afectadas por este fenómeno de la minería ilegal?
Hemos podido identificar unas zonas que están siendo priorizadas en el país. Tenemos información de que 23 departamentos en Colombia están afectados por minería ilegal de varios tipos: oro, carbón, material de construcción o material de arrastre. Sin embargo, el porcentaje más alto es oro y es lo que genera dinero para el combustible que necesitan esas economías ilícitas. Hay varias clases de minería ilegal, pero el oro, en particular, es lo que nos genera el problema ahorita de seguridad nacional. En esos 23 departamentos identificados, se establece que hay 293 municipios puntualmente afectados. En cuanto a puntos de extracción ilícita, se habla de alrededor de 2.249.
Conociendo el valor aproximado que tiene la onza de oro actualmente, ¿cuánto es el aproximado de dinero que reciben los grupos armados por la exportación ilegal de oro?
Se calculó que son USD 2.695 millones el estimado de la exportación ilegal de oro; ese dato es de 2025. Alrededor del 15 % al 25 % de lo que se extrae ilícitamente es el porcentaje que usan los grupos para lucrarse. Estas ganancias también son producto de la extorsión o la mal llamada vacuna.
¿Cómo se articula la economía de la minería ilegal con otras rentas ilícitas como el narcotráfico o la extorsión?
Estas son economías que van de la mano. Los grupos armados tienen el control tanto de la minería ilegal como del narcotráfico en las mismas regiones. Al final del ejercicio, esas ganancias sirven para adquirir armas, drones, medios de comunicación. La actividad minera alimenta sus arcas y les ayuda a poder contrarrestar la presión del Estado y la fuerza pública.
¿Cómo funciona toda la cadena de distribución para que el oro extraído de forma ilegal llegue a mercados internacionales?
Hay todo un sistema criminal que gira alrededor de los actores dinamizadores, que son estos grupos. Estos criminales usan a la población vulnerable, que son los mineros formales o los informales, para que trabajen en sus minas. Además, usan maquinaria pesada que ha devastado la capa vegetal y tienen que usar combustible, que es otro factor determinante. Ese es un punto relevante que toca revisar con la inteligencia: ¿por qué en municipios como Ataco, donde se ha desatado la explotación minera, y sus alrededores hay dos o tres bombas que venden una cantidad de combustible que no hace relación con la cantidad de vehículos o máquinas legales que hay en el sector?
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También están los químicos. El uso de mercurio, por ejemplo, que está prohibido en Colombia, pero hace parte de los elementos usados en esta cadena. Todo ese apoyo logístico son entradas a esos actores dinamizadores que se deben revisar no solo con el Ejército, sino con todas las instituciones del Estado para ver de dónde vienen y cómo se mueve esos insumos y toda esa red logística que se necesita para mover esta economía ilícita.
Y hay otras salidas, que son los registros de comercializadoras. El oro, al final no es ilegal; cualquier persona puede tener oro. Después de que ese oro sale de los puntos de minería ilegal es muy difícil hacer un rastreo, a no ser que se tenga toda una red de inteligencia para saber quién lo está comercializando o a qué compraventas o joyerías se lo está llevando. Ahí el oro pierde su parte ilícita que es la explotación, pero después de que sale de ahí es muy difícil.
¿Cuáles considera que son los principales vacíos en la trazabilidad del oro ilegal que permite su ingreso al mercado legal?
En el oro hay varios vacíos legislativos como, por ejemplo, cuando la fuerza pública incauta material de este tipo y se pone a disposición de las alcaldías, en ocasiones la institución no tiene claro cómo se hace la disposición final. Otra dificultad que ya está identificada es la maquinaria pesada que se usa. En Colombia tampoco es ilegal importar este tipo de maquinaria y, generalmente, las patrullas de Policía o los retenes del mismo Ejército en ocasiones verifican los documentos y tienen todo en orden: lo importaron, tienen sus facturas, tienen los permisos. Entonces, quizás el Ministerio de Transporte tendría que revisar bien ese tema y mirar qué controles se le pueden dar a este tránsito y a esta importación de maquinaria para tener un mejor control.
En cuanto al tema de los mineros, hay una ley minera que tiene bastantes años, pero se está buscando mejorar el tema de la formalización de estas personas, que también es clave revisar. El tema de la minería no solo compete a la fuerza pública, porque nosotros, como Ejército, hacemos operaciones y la Policía también, pero se necesita una respuesta articulada para que esa lucha funcione.
Coronel, otra problemática ligada a la minería se está desarrollando en la región de Amazonas con la explotación de materiales como el coltán o el estaño, de los cuales hay una demanda global que crece cada vez más para la fabricación de tecnología. ¿Qué información tiene el Ejército sobre el avance de esta economía ilícita?
Frente al coltán, en el mapeo identificó su explotación especialmente en Vichada y en Guainía. Información no hay mucha. Pero, muy seguramente, es un problema que está en crecimiento y, si no se empieza a controlar con toda esta innovación tecnológica que hoy vemos, especialmente en carros y los diferentes dispositivos electrónicos, pues va a crecer.
¿Cómo están extrayendo estos materiales? La gente —porque no se están utilizando aún máquinas— hace un proceso bien primitivo, donde se hacen grandes excavaciones en los cauces de los ríos y se extrae la tierra, porque el coltán no está en la superficie. Los datos dicen que el precio promedio por kilo son USD 320. Los municipios afectados son Inírida, Mitú y Cumaribo y, en cuanto a los actores armados que se identifican está el Eln y disidencias de las Farc.
Este tipo de materiales también tienen sus dificultades frente a las incautaciones porque usted puede ver una tractomula cargada de tierra, pero para identificar de manera visual el coltán, siendo un soldado o un policía de la patria, es muy difícil. Hay una serie de instrumentos de medición que se encuentran en el mercado, pero se tendría que incautar, tomar una muestra, llevar a un laboratorio e identificar qué porcentaje de coltán tiene la tierra que llevan para poder entrar a tomar acciones jurídicas.
Con todo este panorama, ¿usted cree que hoy en día, para los grupos armados, es más rentable la minería ilegal y la venta del oro en el mercado internacional que el narcotráfico?
Sí. Sencillo: porque en el narcotráfico toda su cadena es ilegal. Mientras que la minería no; la minería es ilegal en la explotación, pero el resto de la cadena, o sea, su comercialización, no. Entonces, es más fácil comercializar oro ilegal que droga como cocaína o todos los derivados del narcotráfico. Obviamente, eso también está soportado en el precio del oro, pues deja unas ganancias más grandes. ¿Y cuántos gramos de oro pueden llegar a producir al día o al mes estos puntos de extracción ilícita en las diferentes regiones? Cuando se saca esos cálculos, es ahí donde uno dice que es un negocio redondo para estos grupos. Por eso es que el fenómeno está creciendo tanto.
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