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Gerardo Barbosa, abogado penalista y profesor de la Universidad Externado, renunció a la presidencia de la Comisión Asesora del gobierno en Política Criminal. En una carta dirigida a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, explica que, si bien considera «un honor» estar al frente del organismo, «la marginación de la Comisión en el análisis de proyectos en cuestión hace evidente que ésta no resulta cómoda, o que no está entre las prioridades del ministerio, criterio que respeto, pero no comparto». En diálogo con El Espectador, Barbosa asegura que bajo el mando de la ministra Cabello la Comisión se ha vuelto “decorativa” y que el acceso a la información se ha dificultado.
(En contexto: Gerardo Barbosa, presidente de la Comisión Asesora de Política criminal, renunció a su cargo)
Este órgano, conformado por diez de los académicos más reconocidos en temas de derecho penal y criminología, tiene la responsabilidad de emitir conceptos técnicos sobre cualquier propuesta o reforma que toque las áreas de la política criminal: nuevos delitos, aumento de penas, acceso a la justicia, entre otros. Barbosa, no obstante, se convierte en el segundo comisionado en renunciar en apenas cuatro meses, pues en julio ya lo había hecho el director de derecho penal de la Universidad de los Andes, Ricardo Posada. A juicio de Barbosa, desde que la ministra Cabello asumió el cargo, la comisión se volvió “decorativa”.
¿Qué motivó su renuncia a la presidencia de la Comisión Asesora?
Tengo la sensación de que para este ministerio la Comisión no es un órgano asesor importante. Ha transcurrido mucho tiempo sin que haya reuniones de discusión de temas de fondo. Hemos tenido un par de reuniones protocolarias que desdibujan la idea de lo que es un equipo académico que aporta a la comprensión de temas complejos. Y, estar al frente de una comisión decorativa, no tiene sentido.
Hace unos meses, cuando renunció Ricardo Posada ustedes tuvieron una reunión con la ministra Cabello, ella les prometió que la Comisión iba a tener más prelación, ¿Cómo ha sido la interlocución con la ministra desde entonces?
Ha sido amable, pero creo que el tiempo ha mostrado que fuera de buenos propósitos no hay mayor interés del Ministerio de Justicia en que la Comisión funcione. Esta es una Comisión que tiene a académicos muy importantes, todas son personas de muy alto nivel y es lamentable que ese conocimiento se desperdicie de esta manera.
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¿Cómo funciona la Comisión y por qué las opiniones que dan ustedes no son de obligatorio cumplimiento?
La Comisión Asesora en Política Criminal es un órgano adscrito al Consejo Superior de Política Criminal; cumple funciones ad honorem (es decir, no recibimos ningún tipo de remuneración por nuestro trabajo) y está articulada a través del Ministerio de Justicia. La Comisión se integra por invitación del ministro de turno y nuestros conceptos no son vinculantes porque somos asesores, no decisores. La anterior ministra, Gloria Borrero complementó los nombres que faltaban y se había conformado un equipo bien interesante de académicos de distintas universidades y posiciones ideológicas. Teníamos reuniones con mucha regularidad, casi que una vez al mes y contábamos con un apoyo irrestricto del Ministerio; había funcionarios que nos ayudaban obteniendo datos estadísticos, información de distintas entidades, todo lo que necesitáramos para fundamentar los conceptos que nos pedían. Lamentablemente, el trabajo de la Comisión prácticamente cesó desde la salida de la exministra Gloria Borrero.
En su carta de renuncia dice que se ha hecho más difícil el acceso a información del Ministerio, ¿cómo ha cambiado ese trámite desde que llegó la nueva ministra?
Nosotros le planteábamos al Ministerio los temas que nos interesaba discutir en apoyo a la gestión del Consejo Superior, o los proyectos que tuviera la ministra cursando en el Congreso, y sobre esos temas los funcionarios del Ministerio nos daban toda la información que necesitáramos. Últimamente, del despacho de la ministra no nos han pedido ningún concepto. A pesar de que hay temas relevantes en curso, nada. Por ejemplo, sobre el tema de la doble conformidad para aforados, que es un tema crucial para la política criminal, a pesar de que propusimos hacer un concepto, nunca nos llamaron a sesionar.
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¿Cómo vieron al interior de la Comisión que el Consejo Superior de Política Criminal votara a favor de la cadena perpetua para violadores de niños?
Nos pareció normal porque las opiniones de la Comisión no son obligatorias. Desde luego, quedó la sensación de que era una decisión con poco rigor y poca profundidad. Pero, desde luego, no puedo hablar en esos términos respecto de la Comisión porque nunca hubo una sesión dirigida a analizar esa decisión, sino que lo digo en términos estrictamente individuales y a partir de las opiniones aisladas de algunos integrantes de la Comisión. Es respetable lo que opine el gobierno o el Consejo Superior, pero es poco riguroso y poco soportado.
Usted dice en su renuncia que seguir a cargo de una Comisión en estas circunstancias es «inútil» y el profesor Ricardo Posada dejó la presidencia hace unos meses por razones similares ¿Cómo hacer que el trabajo de la Comisión sea más tenido en cuenta para orientar las decisiones de política criminal?
Es difícil responder eso. Creo que el aporte de la academia siempre es importante y eso debería considerarlo cualquier ministro al margen de que los académicos coincidan o no ideológicamente o coyunturalmente con las decisiones del gobierno. Soportar adecuadamente y tener elementos de discusión siempre va a ser importante en temas tan relevantes como estos que se están discutiendo actualmente. Y si para esos efectos la Comisión no es considerada un elemento digno de consulta es porque realmente es inútil.
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Aterrizando esto a una discusión concreta, hoy la ministra anunció, por ejemplo, una reforma al Inpec, que toca evidentemente los temas que trata la Comisión ¿Les preguntaron o les avisaron algo?
En absoluto. Ni de ese ni de otros temas que están en este momento en la agenda del gobierno. Ninguno de los temas más relevantes nos lo han consultado recientemente y por eso digo que la Comisión termina se ha convertido en un elemento decorativo.
¿Qué mensaje le quisiera dar al Ministerio y al gobierno para que tengan más en cuenta la posición de los académicos en estos temas?
La política criminal puede generar consecuencias muy graves y muy nocivas si no se trabaja con mucho cuidado, con mucho rigor y con mucha objetividad. A mí no me cabe la menor duda de la buena condición profesional y académica de la actual ministra y si, eventualmente, hay algún tipo de incomodidad con algún integrante de la Comisión, pues está el espacio para que otros académicos eventualmente entren a cumplir esas labores. Pero sí es necesario que siempre se acuda a la academia para soportar adecuadamente las decisiones en temas de política criminal.
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