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Las cuentas no cuadran en las listas de los bienes incautados a la mafia hace años. El presidente Gustavo Petro aseguró esta semana que se podría estar ante uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia y pidió investigaciones. Sin embargo, para conocedores del tema, el problema es de vieja data y requiere una reforma mucho más profunda de lo que parece. Una explicación parcial de todo el enredo la ha dado Andrés Ávila, el exdirector de la entidad encargada de manejar las propiedades incautadas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha salido a defender su gestión y ha dicho que, en últimas, se trata de un problema heredado de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que él mismo denunció.
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Por partes. Cuando en 2014 la DNE fue liquidada por la podredumbre de corrupción que se había apoderado de ella, se creó la SAE. Así, cuando un fiscal ordena el secuestro de un bien, es esta entidad la encargada de su administración. Por ejemplo, lo pone en arriendo y gira el dinero obtenido al Estado. Una parte a la Fiscalía, otra a la Policía y el 40 % de ese dinero queda a disposición del Gobierno. Ahí radica el interés de Petro en el tema, pues desde que estaba en campaña ha dicho que estos bienes deberían impulsar sus propuestas de reforma rural. Parte del lío radica en que la SAE no solo heredó las responsabilidades de la DNE, sino también sus chicharrones.
El nido de la corrupción: la DNE
En 2013 aparecieron las primeras denuncias que apuntaban a que bienes administrados por la DNE terminaron en poder de personas cercanas a al menos 13 congresistas. También, que, en algunos casos, los bienes ni siquiera se registraban y pasaban a manos de terceros. El saqueo a esta entidad fue tal que no hubo más remedio que liquidarla. Las irregularidades dieron pie a varias líneas de investigación que han producido pocos frutos. Se condenó, por ejemplo, a un exdirector de la entidad, Carlos Albornoz, a un depositario, el exfiscal Camilo Bula; a algunos particulares más. Pero, en general, la sensación entre quienes conocen el expediente es que reina la impunidad.
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El proceso continúa abierto y, por ejemplo, en enero de este año, se condenó a otra ficha clave: el exmagistrado Luis Fernando Sáchica, por decisiones que tomó en 2010, como subdirector de Bienes de la DNE. A uno de los testigos en su contra, Adolfo Castillo, le otorgaron la administración de unas rentables estaciones de gasolina en un proceso torcido. Prueba de que en el escándalo de corrupción siguen piezas por caer es que Castillo está colaborando con la Fiscalía y apenas hace unos días, un juez le prorrogó su principio de oportunidad por otro año. Y esta es apenas en una de las líneas de investigación del caso.
La herencia de la SAE
Según se dijo en su momento, 76.000 bienes que estaban en poder de la DNE pasaron en 2014 a la recién creada SAE. Sin embargo, se decidió que era imposible entregar físicamente uno por uno, así que solo recibieron documentos. Ahí comenzó a descubrirse el desastre con los bienes. Algunos solo existían en el papel (y muchos de esos documentos estaban rasgados y muchos otros ilegibles). En otros casos, pese a las órdenes judiciales, ni siquiera se había congelado la matrícula inmobiliaria para que no se vendieran. Se inició entonces un proceso de “saneamiento” en el que, básicamente, triangulan información con otras entidades y con la justicia para verificar que los bienes realmente estén en procesos judiciales o que existan.
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Solo en 2021, se sanearon 1.250 propiedades. El exdirector Ávila ha dicho en medios que este proceso es muestra de que heredaron el problema y ha negado que en su administración se hayan cometido actos de corrupción. No hay casos conocidos sobre irregularidades en el inventario. Sin embargo, según documentos oficiales, solo el año pasado la SAE interpuso tres denuncias en la Fiscalía contra sus propios funcionarios y 73 denuncias más contra depositarios de los bienes, es decir, los encargados de la administración directa. La gran mayoría de estas denuncias son por delitos como peculado o falsedad en documento público y, por lo general, pasan desapercibidas.
Sin embargo, entre abogados penalistas es conocido el esquema de corrupción que afecta la administración de bienes de la mafia. Fuentes que conocen este embrollo explicaron que, si bien la SAE tiene anuncios públicos de los bienes que administra para que cualquier ciudadano los arriende o los compre, en muchos casos los precios superan los valores comerciales, lo que los hace poco atractivos. Ahí es donde entra el torcido. Un abogado que pidió reserva aseguró que, en más de una ocasión, se le han acercado a ofrecerle bienes que están administrados por la SAE por debajo del avalúo comercial.
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Cuando existe una oferta sobre un bien que implica modificar el precio, se debe citar a un comité al interior de la SAE que define la puja. Estos comités, que son privados, deciden y pueden llegar a vender el inmueble por debajo del precio comercial. Una fuente, incluso, puso un ejemplo de cómo este sistema subrepticio puede tirar por la borda lo que pretende la extinción de dominio, que es quitar los bienes obtenidos con dineros ilícitos: si las redes de corrupción que pueden lograr una rebaja en el valor se contactan con el mafioso al que la justicia le incautó el bien, él mismo podría comprarlo de nuevo, a través de testaferros. Y nadie se daría cuenta.
El abogado penalista Alejandro Sánchez le dijo a este diario que, para poner fin a estas redes de corrupción, una solución es implementar un sistema más abierto y público. Puso como ejemplo cómo operan los remates en Estados Unidos: los bienes están publicados en páginas web en las que cada propiedad tiene georreferenciación, así , por ejemplo, si hay una fluctuación en el precio de un sector determinado, el bien que quiere vender el Estado también cambia de valor. Pero no por la decisión de un comité a puerta cerrada, sino por el mercado. “En pleno siglo XXI, un tema así de importante no puede manejarse de manera escondida”, agregó.
En lo que sí tiene razón Ávila es en que las alertas están encendidas hace años. Una investigación de 2015 de la Universidad La Gran Colombia, por ejemplo, cruzó la información de bienes de la SAE con datos de la Fiscalía y concluyó: “Se observa que la información varía de acuerdo con la institución que la ofrece, así no se observa una coherencia lógica en el número de bienes, cantidad de dinero, a los que año tras año, desde que apareció la primera ley de extinción de dominio se les han practicado: medidas cautelares, embargos, secuestro, toma de posesión, entre otros, y de estos bienes cuáles han seguido un proceso que ha terminado en la extinción de dominio”.
Por ahora, mientras se investiga qué sucedió con los bienes que no aparecen, el fiscal Francisco Barbosa anunció que le entregarán informes periódicos a la SAE de los bienes de la mafia sobre los que han tomado decisiones para que haya mayor trazabilidad. Según dijo en la rueda de prensa de esta semana, al lado del presidente Petro, ya entregaron un primer informe sobre los últimos 31 meses, que da cuenta de 19.587 propiedades, entre predios rurales, vehículos y hasta ganado. Además de todo el enredo, con las propuestas que hay sobre la mesa para alcanzar la “paz total” muchísimos más bienes entrarían a engrosar el inventario, cuya cifra total aún no se conocen.
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