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Martha, de 17 años; Deini, de 16, y Caren, de 13, son los nombres de tres de las cuatro menores de edad reclutadas por las Farc que murieron en el bombardeo ordenado por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare). La cuarta víctima todavía no ha sido identificada por Medicina Legal.
Además de estas cuatro menores, en el operativo militar contra las disidencias de “Iván Mordisco” también murieron tres menores varones. Estas muertes llevaron a la defensora del Pueblo, Iris Marín, a cuestionar la decisión del mandatario de bombardear campamentos en los que el propio Estado reconocía el riesgo de presencia de menores de edad.
Con los cuatro bombardeos ordenados por el presidente Petro en Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare, Medicina Legal confirmó la muerte de 15 menores de edad. Esta cifra ha desatado críticas por posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y llevó a Marín a pedir públicamente al jefe de Estado suspender “los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evaluar su continuidad. La historia de cada menor de edad que muere allí, en estos bombardeos, es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”.
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Tanto Deini como Caren eran oriundas de Norte de Santander, una zona que, de acuerdo con la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM), es el epicentro de las redes de trata que manejan los grupos armados en Colombia. Desde hace cuatro años, la corporación ha denunciado la violencia sexual a la que son sometidas niñas, adolescentes y mujeres captadas por las disidencias de las Farc.
“Lo que ocurre en el Catatumbo y Norte de Santander es una lectura de lo que pasa en el resto del país. Cuando se habla de reclutamiento, hay una diferenciación entre los niños y las niñas, ya que cualquier adolescente o mujer que esté en un contexto de reclutamiento ha sido víctima de múltiples delitos y tratos inhumanos, como la esclavitud doméstica y sexual”, declaró Vera.
La abogada denunció que “Villa del Rosario (Norte de Santander) es la puerta abierta de la trata y del reclutamiento para la esclavitud sexual y doméstica de los grupos armados. El Estado colombiano, la Fiscalía y la cooperación internacional ya lo saben, pero no quieren hablar de esto”.
Aunado a este panorama de esclavitud sexual, la directora de la Corporación MDyM agregó que actualmente los grupos armados se están lucrando por medio de la violencia sexual digital; es decir, “dentro de los campamentos estos sujetos crean espacios donde las violentan sexualmente y venden estos contenidos en plataformas como OnlyFans”.
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Vera afirmó que “muchas niñas y mujeres ahora tienen que lidiar no solamente con ser objetivo militar de los grupos por huir de las filas y con la discriminación institucional de no reconocerlas como víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, sino también con todo este contenido que está en los medios digitales y que las revictimiza”.
Aunque la abogada recordó que el fenómeno de la trata se da a nivel mundial, señaló que en Colombia los grupos armados también utilizan a las mujeres para otras economías ilegales, como la minería ilegal, la ganadería y el lavado de activos. “Aun con todas estas economías ilícitas que poseen los grupos, los ingresos que les generan estas redes de trata son sumamente rentables”, dijo la experta, y resaltó que estas prácticas ilegales exponen la seguridad y la vida de niñas y mujeres que son obligadas a permanecer en campamentos, dando la cara a combates y otras acciones como bombardeos.
“Los grupos armados son los máximos responsables, pero el Estado también tiene su responsabilidad porque no toma las medidas necesarias para acabar esta violencia contra las mujeres”, aseguró Vera.
Dentro de estas medidas, de acuerdo con la abogada, “lo más importante —y eso es a nivel internacional— es atacar la demanda. Un país que permite que un hombre tenga el poder de comprar sexo de una niña o una mujer por necesidad es inhumano. La dignidad no se vende”. En el caso de Colombia, la jurista resaltó que la “Constitución colombiana es abolicionista y debe erradicar todas las formas de violencia. La prostitución es violencia, la pornografía es violencia, y quienes la consumen son, en su inmensa mayoría, hombres”.
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La directora de la Corporación MDyM advirtió que “es supremamente difícil poder combatir esto cuando se lucra tanto con los cuerpos de las niñas y las mujeres, y quienes están lucrándose son poderes muy importantes, como el crimen organizado”. Según la abogada, se requieren cambios culturales que impidan que los hombres crezcan consumiendo pornografía, pues, señaló, ese mercado “objetiva y violenta a niñas y mujeres, las convierte en mercancía y las expone a intercambios que vulneran sus derechos fundamentales”. Para Vera, solo políticas orientadas a atacar la demanda y una educación que desnaturalice la explotación permitirán romper el ciclo de violencia que enfrentan las menores reclutadas por los grupos armados.
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