Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
¿Qué retos se propone para este 2021 la Corte Constitucional?
Tenemos al menos cuatro retos que, en algunos aspectos, constituyen una continuación del plan que venimos impulsando desde 2017. En primer lugar, seguir con la transformación digital de la Corte, la cual incluye la primera fase del expediente electrónico, avanzar en la implementación de “Pretoria”, que es un sistema de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la selección de tutelas, y mejorar el servicio de relatoría. Segundo, profundizar y ampliar las medidas de transparencia en todas nuestras actuaciones. Tercero, acercar la Corte a los colombianos, en particular a los más alejados del centro. Y promover el estudio de la Constitución con ocasión de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta y de los 30 años de la Constitución de 1991.
¿La Corte se sintió presionada cuando el presidente Iván Duque expuso el Plan de Vacunación contra el COVID-19?
No solo no se sintió presionada, sino que entendió que tal información, proporcionada directamente por el presidente de la República, constituía una expresión de la colaboración armónica entre ramas del poder público para la realización de los fines del Estado.
(Le puede interesar: Gobierno solo expuso el Plan de Vacunación: presidente de la Corte Constitucional)
Usted fue ponente del fallo que avaló la Ley Estatutaria de la JEP y de la interpretación que hundió las objeciones presidenciales, ¿eso puede traerle problemas para relacionarse con un Gobierno que se ha opuesto a la JEP?
La Corte ha mantenido con el presidente de la República una relación respetuosa y constructiva, dentro del marco de la separación funcional del poder consagrado en la Constitución, y así seguirá siendo.
En 2020 se publicó un informe que reveló prácticas de acoso laboral y sexual en el interior de la Corte que dejó tareas muy importantes. ¿Qué ha pasado al respecto?
Para ser exactos, no se trató de un informe sobre acoso laboral y sexual en la Corte. Como se sabe, dicho informe, solicitado y promovido por la propia Corte, tenía por objeto realizar un diagnóstico sobre equidad de género en la corporación. Sus resultados fueron tomados en serio y a partir de ellos la Corte fortaleció su compromiso fundamental con la equidad. En primer lugar, conformó un Comité de Equidad de Género, integrado por las magistradas Diana Fajardo, Cristina Pardo y Gloria Ortiz, dirigido a buscar estrategias para que, en la corporación, se amplíe la garantía del derecho a la no discriminación y sean superadas las barreras u obstáculos que puedan existir para la realización efectiva del derecho a la igualdad.
En desarrollo de esa tarea, que es apoyada por la Usaid, por intermedio de expertas en género, el Comité diseñó rutas y mecanismos para la atención y denuncia del acoso, medidas de prevención, atención, protección y no retaliación, y se encuentra en la fase final la construcción participativa de una política de género y cero tolerancia a las violencias de género. De igual manera, dicho Comité propondrá para la aprobación de la Sala Plena incentivos para la promoción de la equidad, el reconocimiento a las mujeres destacadas y la creación de los que denominaron “líderes y lideresas de la equidad”.
(Le puede interesar: El informe que revela acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional)
¿Esta Corte Constitucional es más conservadora?
Esa es una valoración que no puedo ni debo afirmar ni negar. Lo que sí le puedo responder es que la composición de la Corte es el resultado de un complejo proceso de postulación y elección en el que intervienen las tres ramas del poder público. Sus decisiones se adoptan mediante procedimientos ampliamente participativos y deliberativos que garantizan, por una parte, la transparencia del proceso decisorio y, por la otra, la legitimidad democrática de sus decisiones. Para ello la Corte ha construido a lo largo de su historia herramientas metodológicas que le permiten cumplir, en forma rigurosa, su función de guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución.
En el país las tutelas no se están acatando, ¿qué hacer para evitarlo?
El incumplimiento de las sentencias de tutela es muy preocupante para la Corte, cualquiera que sea el porcentaje de dicho incumplimiento, porque ello configura una doble afectación de los derechos fundamentales y, en últimas, un grave incumplimiento de la Constitución. Por tal razón la Corte, en sus decisiones, ha venido vinculando no solo a los organismos de control, sino especialmente a las autoridades encargadas de la satisfacción de los derechos objeto de protección. En estas materias la Constitución atribuye al Gobierno y a los organismos de control importantes responsabilidades que convendría articular para garantizar la efectividad de los derechos y libertades fundamentales.
En 2020 se recibieron 256.361 tutelas para eventual revisión y se seleccionaron 210. ¿Con qué criterios se seleccionan las tutelas?
La Corte ha adoptado varias medidas para garantizar transparencia y objetividad en la selección de los fallos de tutela para su eventual revisión, entre ellas, la aplicación de unos criterios orientadores de selección y la realización de audiencias. Actualmente estamos implementando “Pretoria”, que es un sistema de inteligencia artificial diseñado especialmente como herramienta de apoyo para el proceso de selección de tutelas, con el cual se garantizará mayor transparencia y eficacia de dicho mecanismo.
(Le puede interesar: Polémica por fallo en que la Corte Constitucional rechazó el lenguaje inclusivo)
Hay mucha discusión sobre los efectos reales de la declaratoria como sujetos de derechos de ecosistemas. ¿Es amigo de crear salas de seguimiento sobre ese tipo de fallos? ¿Cómo evitar -volvemos al desacato-que la intervención judicial se quede en el papel?
No me corresponde opinar sobre las decisiones judiciales, así que me limito a reiterar que el cumplimiento de los fallos de tutela es un asunto que compromete al Estado en su conjunto, en primer lugar, a la administración; en segundo lugar, a los órganos de control, en particular a la Procuraduría General de la Nación; y, por supuesto a los jueces.
El país está sumido en una ola de violencia contra líderes sociales. ¿En qué puede marcar la diferencia la Corte con la tutela recientemente seleccionada al respecto?
Lamentablemente no le puedo responder esa pregunta precisamente porque se trata de un asunto respecto del cual, eventualmente, la Corte deberá adoptar una decisión.
(Le puede interesar: Procuradora Margarita Cabello se declara impedida en discusión de la cadena perpetua)
¿Esta Corte ha pensado en declarar un estado de cosas inconstitucional frente a esta situación de violencia sistemática?
Cualquier respuesta a este tipo de preguntas podría configurar un prejuzgamiento de parte mía que me obligaría a apartarme de su conocimiento y decisión.
¿Cuándo podría haber un fallo sobre aborto o la pena perpetua?
Los procesos se encuentran regulados y sometidos a términos, pero en su trámite pueden presentarse incidentes que le impiden a la Corte fallarlos hasta tanto se resuelvan, como las recusaciones, los impedimentos, las nulidades, la práctica de pruebas, etc., así que no le puedo anticipar cuándo podrían decidirse esos casos.
(Le puede interesar: Las decisiones judiciales esperadas para este año)
¿Cómo se ajustó la Corte a la virtualidad?
En marzo del año pasado, tan pronto se anunciaron las primeras medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus, la Corte modificó su reglamento para hacer posible las sesiones virtuales, el uso de documentos electrónicos, la firma digital, el trabajo en casa, en fin, para garantizar el cumplimiento de sus funciones en condiciones de aislamiento total, razón por la que hemos podido continuar funcionando sin mayores traumatismos, excepto por la sobrecarga de trabajo que ello ha implicado para todos nuestros funcionarios.
¿Cómo ha afectado el COVID-19 al personal de la Corte?
Aún no tengo información oficial sobre el particular, pero, hasta donde conozco, los casos en la Corte afortunadamente no han sido muchos. Hemos cumplido rigurosamente las medidas de aislamiento y los protocolos de bioseguridad para proteger la salud y la vida no sólo de nuestros servidores sino de los usuarios de la administración de justicia.
Conoce más