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El Estado colombiano es responsable por el exterminio de líderes, políticos y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), quienes fueron asesinados, desaparecidos, amenazados, o tuvieron que exiliarse por la persecución que sufrieron desde la década de los ochenta. Así lo concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia que condena a Colombia y que le pone punto final a un proceso judicial que duró 28 años.
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Uno a uno, el juez de la Corte, Ricardo Pérez Martínez, fue enumerando todos los derechos que violó el Estado en este capítulo de la historia colombiana que, según la propia instancia internacional, causó más de 6.000 víctimas, una cifra clave, pues hasta hoy no se tenía claro cuántas personas afectadas iba a reconocer la Corte. Según la sentencia, el Estado violó derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.
Asímismo, el juez Pérez mencionó las medidas de reparación que tendrá que cumplir el Estado colombiano. Por ejemplo, deberá construir un monumento en memoria de las víctimas, así como varias placas en diferentes ciudades, para honrar a quienes resultaron afectados por el exterminio. El Estado también tendrá que organizar un acto público en el que deberá reconocer su responsabilidad y, en una decisión clave en este caso, deberá iniciar, impulsar y continuar con las investigaciones amplias y sistemáticas para conocer la verdad por las graves violaciones de derechos humanos. Para ello, tiene dos años.
Un poco de contexto
La UP nació hacia 1985 como una expresión política de la hoy extinta guerrilla de las Farc, cuando el grupo armado negociaba la paz con el gobierno del expresidente Belisario Betancur. Aparecieron por primera vez en unas elecciones al año siguiente y, a través de listas propias, pero también haciendo alianzas, salieron electos cinco senadores y nueve representantes. Para entonces, según registros del partido, ya habían sido asesinados 247 de sus miembros. Ese mismo año, a tres de los congresistas electos también los mataron: Leonardo Posada, Octavio Vargas y Pedro Nel Jiménez.
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En el partido encendieron las alarmas, denunciaron que había un plan para acabar con ellos. Pero la matanza continuó. En 1987 mataron al ungido candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, y en los años siguientes vinieron masacres contra sus bases políticas, sobre todo en las regiones. Bernardo Jaramillo Ossa, también candidato presidencial, fue asesinado en 1990. En 1994, fue asesinado el senador Manuel Cepeda Vargas, padre del actual senador Iván Cepeda. Y así, la UP se fue quedando sin líderes.
A petición del senador Iván Cepeda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió resolver aparte el caso de Manuel Cepeda Vargas y, aunque inicialmente hacía parte del mismo expediente, tuvo un trámite más expedito. En 2010, la Corte condenó a Colombia por el asesinato del congresista, le ordenó investigar el crimen y garantizarles seguridad a sus familiares para evitar que tengan que salir del país nuevamente producto de amenazas. El trámite de la otra parte del caso —que incluye la mayoría de asesinatos y desapariciones— continuó y en 2018 la CIDH le presentó a la Corte el caso.
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Para demostrar la sistematicidad de estos hechos, la CIDH presentó el peritaje de un experto en conflicto, Michael Reed Hurtado, abogado colombo estadounidense y director del Guernica Centre para la justicia transicional. “Lo que hubo fue la posibilidad de matar y perseguir impunemente a un grupo que había logrado la movilización de masas que hace años no se veía por el bipartidismo que regía en el país”, le dijo el experto internacional a la Corte IDH en audiencias de febrero de 2021, subrayando que el fenómeno fue distinto en cada región.
Aquí puede revivir la audiencia de febrero de 2021:
“Si se concentra en Urabá, se va a dar cuenta que, además de muertes, hubo judicializaciones fraudulentas (de militantes de la UP). Si se va al nordeste antioqueño o Arauca ahí va a ver la concentración en lo electoral, procediendo contra las personas de la Unión Patriótica”, explicó en ese momento Michael Reed. No obstante, señaló que el que se hayan usado diferentes técnicas para perseguir a los militantes de la UP no implica que no haya habido sistematicidad. Pues, según su peritaje, la persecución de este movimiento se inscribió en un sentimiento anticomunista generalizado.
En esas mismas audiencias, el Estado aceptó parcialmente la responsabilidad en el exterminio. Pero por un número de víctimas muy por debajo del que había determinado la CIDH. Cuando la Comisión remitió el caso a la Corte IDH, en 2018, le informó que Colombia era responsable por más de 6.000 víctimas entre integrantes y militantes de la UP. Pero en las audiencias de 2021, el exdirector de la Agencia Jurídica del Estado —que funge como abogado de Colombia—, Camilo Gómez, le pidió a la Corte que limitara su pronunciamiento a 219 víctimas, pues, supuestamente, eran los únicos hechos violentos sobre los que había una clara responsabilidad estatal.
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Al hacer este pedido, Gómez dijo: “Quiero reiterar que si bien este reconocimiento está limitado a las víctimas que han sido debidamente individualizadas en el informe de fondo (de la CIDH), Colombia está comprometida con el esclarecimiento integral de la victimización ocurrida contra miembros y militantes de la UP, en especial, a través de los mecanismos de justicia transicional con la reparación de las víctimas y la adopción de medidas necesarias para que estos hechos no vuelva a ocurrir jamás”.
El exterminio de la UP en la JEP
El mensaje de Gómez fue reiterado por la abogada Juana Acosta, quien representó a Colombia en todo el proceso, y le pidió a la Corte IDH que dejara a las instituciones judiciales internas esclarecer el exterminio de la UP. Los dos abogados hicieron un especial énfasis en el macrocaso que abrió en abril de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar, precisamente, la “Victimización de miembros de la Unión Patriótica” (caso 06) así como el que abrió en 2018 para investigar la “situación territorial en Urabá” (caso 04), donde ocurrieron buena parte de las agresiones contra militantes de este partido.
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“La apertura de estos casos (en la JEP) es una clara muestra de la voluntad del Estado”, le aseguró Gómez a la Corte IDH. No obstante, en ninguno de los dos casos se han tomado decisiones de fondo a la fecha. En el caso 06 la JEP ya determinó que 5.733 militantes y miembros de la UP sufrieron distintos tipos de agresión: 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Además, estableció los periodos en los que se concentrará la investigación, pero no ha imputado a ningún compareciente como máximo responsable del conflicto.
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