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Dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado colombiano por el exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP), entre las décadas de 1980 y 1990, el Estado reconoció estos hechos y pidió perdón a los sobrevivientes y sus familias. El acto, ordenado por el tribunal internacional, ocurrió en la tarde del domingo 9 de noviembre en Santa Marta (Magdalena) y fue presidido por el presidente Gustavo Petro.
Una deuda que tenía el jefe de Estado que, a último minuto en octubre de 2024, no llegó a la tarima en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en donde no solo estaban varios miembros de su gobierno, sino que en el público había cientos de víctimas.
Minutos antes de que iniciara el evento de perdón, el presidente Petro señaló, durante la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, que “en nombre del Estado colombiano y por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” pedirá perdón a las víctimas “porque, a finales del siglo XX y aun en el siglo XXI, fueron asesinados 6.200 militantes del partido de izquierda Unión Patriótica, en una alianza entre poder político, incluso estatal, y narcotráfico, que selló en ese entonces un genocidio político”.
En su histórica sentencia del 30 de enero de 2023, el tribunal internacional concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, la honra y la libertad de expresión, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.
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En su sentencia, la Corte IDH registró 6.000 víctimas de la UP que fueron sometidas a un “exterminio sistemático (…) llevado a cabo por actores estatales y/o terceros con la tolerancia o aquiescencia del Estado”. El documento resaltó que “esos hechos no fueron investigados adecuadamente por parte de las autoridades colombianas” y que “esas faltas al deber de prevenir o de investigar tuvieron, en este caso, efectos que se extienden más allá de una omisión constitutiva de responsabilidad indirecta por parte del Estado y operaron como una forma de tolerancia generalizada y estructural frente a los hechos de violencia contra los integrantes de la UP, la cual propició que los mismos continuaran produciéndose”.
Por estos crímenes, el tribunal internacional ordenó una serie de medidas de reparación, como la elaboración de un documental, la realización de foros académicos, indemnizaciones y, este acto de perdón, que, para algunas víctimas, pareció llegar un poco tarde.
“Para lograr esta sentencia se extendieron por mucho tiempo. Muchas de las víctimas directas se fueron de este mundo sin haber conocido la verdad y sin haber obtenido una reparación para ellos o sus familias”, declaró Iván Posada, hermano del primer líder político de la UP asesinado, Leonardo Posada. Ese crimen ocurrió el 30 de agosto de 1986, cuarenta días después de posesionarse como representante a la Cámara por el partido de izquierda.
Sin embargo, aun con tres décadas de impunidad que pesaron sobre este caso, las víctimas reconocen la importancia de este evento en un contexto donde todavía existe negacionismo sobre los hechos que rodearon estos crímenes de lesa humanidad.
Erika Antequera, hija del líder político de la UP, José Antequera, asesinado el 3 de marzo de 1989, señaló que declaraciones como las de la senadora María Fernanda Cabal, quien en una reciente entrevista con La Silla Vacía negó la responsabilidad del Estado, “son ofensivas y revictimizantes. Por eso es tan importante que se hiciera este reconocimiento, porque hay que tener mucho cuidado con ese discurso de negación. Esas ideas le han hecho muchísimo daño al país”.
Antequera también destacó que las víctimas siguen a la espera de que se cumplan las demás órdenes impartidas por la Corte IDH. La hija del dirigente señaló que “faltan otras cosas, como el monumento y las indemnizaciones que muchas personas necesitan con urgencia”.
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Agregó que “el Estado debería ponerse las pilas para hacer de esto un cumplimiento eficaz e integral, porque eso sigue alimentando la impunidad que ha pesado en este caso. Además, no sabemos si, de aquí a que termine el gobierno de Petro, se podrá seguir avanzando con el cumplimiento de la sentencia, ya que, una vez cambiemos de presidente, no sabemos cuál va a ser la actitud de ese gobierno frente al tema”.
La historia de un exterminio
La Unión Patriótica surgió en 1985 como fruto del proceso de paz en el que participaron las antiguas Farc y el gobierno de Belisario Betancur. El movimiento se presentó a las elecciones de 1986 con la expectativa de abrir un camino democrático. Ese año sorprendió al convertirse en la tercera fuerza política más votada del país, después del Partido Liberal y el Conservador.
El partido obtuvo cinco curules en el Senado y nueve en la Cámara de Representantes, además de centenares de cargos locales. Pero, casi en simultáneo con su ascenso electoral, comenzó una campaña violenta contra sus líderes. La participación democrática que prometía un nuevo escenario, terminó en una oleada violenta en contra de sus seguidores e integrantes.
De acuerdo con registros del partido, para finales de 1986 ya se contaban 247 asesinatos de sus militantes. Los congresistas recién elegidos Leonardo Posada, Octavio Vargas y Pedro Nel Jiménez hicieron parte de las primeras víctimas, en una escalada que las organizaciones de derechos humanos han descrito como genocidio político.
El fracaso del proceso de paz con las Farc abrió fracturas internas y motivó el retorno de la confrontación armada, mientras la UP insistía en que la vía democrática debía preservarse. La persecución se intensificó y los liderazgos más visibles comenzaron a caer uno a uno. A pesar de ello, el movimiento siguió denunciando el plan para su desaparición y defendiendo el derecho a la oposición.
En 1987, la UP lanzó a su primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, exdirigente del Partido Comunista y figura de amplia proyección nacional. Fue asesinado el 11 de octubre de ese mismo año, un movimiento que dejó ver que el objetivo era borrar a la colectividad del escenario político.
Tras su muerte, la presidencia del partido quedó en manos de Bernardo Jaramillo Ossa, quien también alcanzó el Senado y se convirtió en candidato para los comicios de 1990. Fue asesinado el 22 de marzo de ese año. En 1994, el turno fue para Manuel Cepeda Vargas, último senador de la UP y padre del actual congresista y candidato presidencial Iván Cepeda.
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Las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica señalaron que la UP fue vista “por las élites propietarias y por la fuerza pública como manifestación insurgente que amenazaba su seguridad”. Esa visión justificó una estigmatización que derivó en alianzas entre el Estado, paramilitares y redes del narcotráfico para eliminar a sus integrantes.
En 1993, las víctimas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo admitió en 1997. Tras múltiples intentos fallidos de solución amistosa, lo remitió a la Corte IDH, que falló en 2023. Hoy, el acto de perdón es un paso en contra de la impunidad y un recordatorio de lo que ya estableció la justicia: que la UP fue víctima de un exterminio en el que, además de la participación de grupos paramilitares, también colaboró el Estado.
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