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Esta semana, el representante demócrata James McGovern incluyó una propuesta legislativa para el presupuesto de su país: que haga una rendición de cuentas a fondo sobre si se usaron recursos de Estados Unidos en el más reciente escándalo de seguimientos electrónicos ilegales cometidos por miembros del Ejército colombiano, iniciativa que llegó al tiempo con otra de la demócrata más reconocida del momento, Alexandra Ocasio-Cortez, quien pide que la aspersión con glifosato se ajuste a los requerimientos de la Corte Constitucional y que se certifique que los programas de erradicación van en línea con el Acuerdo de Paz. En entrevista con este diario, McGovern habló sobre su propuesta.
(En contexto: El nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército)
¿De dónde nació su interés marcado por Colombia?
He visitado el país muchas veces, la primera visita fue hace unos 20 años. He aprendido a valorar y a respetar a la gente de Colombia y he conocido mucha gente a lo largo de los años, principalmente defensores de derechos humanos. Algunos han sido intimidados, a otros los han matado. Creo que el pueblo de Colombia merece un futuro en paz y justicia, apoyo fuertemente el Acuerdo de Paz y he urgido a los gobiernos estadounidense y colombiano para que hagamos todo lo posible para asegurar su implementación.
¿Cree que el Gobierno colombiano está haciendo lo suficiente para proteger a los líderes sociales, para quienes usted ha pedido acciones urgentes?
Mi respuesta es no. No creo que el Gobierno colombiano esté haciendo lo suficiente para la implementación del Acuerdo de Paz, ni pienso que hace lo suficiente para proteger a defensores de derechos humanos, ni pienso que hace lo suficiente para aclarar los escándalos sobre interceptaciones y seguimientos ilegales a defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Al aparato colombiano de inteligencia, que está en el ojo del huracán, lo ha respaldado Estados Unidos. Este país ha aportado más de US$8 billones en ayuda militar y asistencia desde 2000. Y hay evidencias de que recursos estadounidenses estuvieron involucrados en el escándalo. Esto es absolutamente inaceptable. Yo no puedo controlar lo que pasa en Colombia, son los ciudadanos colombianos los que deben llamar a su Gobierno a rendir cuentas. Pero sí tengo algo de control en el panorama de Estados Unidos.
¿No hay nada que el Gobierno colombiano haya hecho bien en este escándalo?
Reconocemos que el Gobierno ha emprendido algunas acciones en respuesta al escándalo más reciente, a unos 20 oficiales los han expulsado del Ejército y se iniciaron procesos disciplinarios, pero en el pasado también se han emprendido acciones: en 2011 liquidaron el DAS después de que condenaran a varios de sus exfuncionarios; en 2013 un nuevo DAS, se suponía, iba a poner límites sobre los seguimientos e interceptaciones ilegales y, aun así, aquí estamos de nuevo. La diferencia entre un Estado democrático y un Estado autoritario es que la inteligencia se usa para prevenir, o para investigar delitos, no para espiar a personas con cuya postura el Estado no está de acuerdo.
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¿Qué se sabe en Estados Unidos sobre las víctimas de escándalo reciente?
Que quienes han sido sometidos a esta vigilancia no son combatientes enemigos, los periodistas son esenciales a la democracia. Igual lo son los defensores de derechos humanos, los abogados. Por eso creo que desde el Congreso de Estados Unidos debemos enviarle un mensaje al Gobierno colombiano: estamos cansados de esto. No aguantamos más. Este no es el primer escándalo de esta naturaleza, ha pasado una y otra vez. Y nada parece cambiar. Estamos pidiéndole a nuestro gobierno que exija una rendición de cuentas para saber si recursos de nuestros contribuyentes resultaron involucrados y se usaron en actividades ilegales, y que de ahí surja un reporte que llegue al Congreso para que evaluemos asistencias futuras a Colombia.
¿Cree que el Senado aprobará su propuesta?
Eso espero. La verdad, este asunto no generó controversia en la Cámara de Representantes cuando se propuso. Consulté no solo con los líderes demócratas de la Cámara, también consulté a líderes republicanos y no hubo resistencia. Queremos asegurarnos de que cualquier asistencia que prestemos en Colombia o en cualquier parte del mundo se canalice apropiadamente, no que se use para realizar acciones ilegales.
¿Ha tenido chance de ahondar en este asunto con gente de Colombia?
He escuchado comentarios de que funcionarios colombianos creen que no es algo importante, que no debería tomarse en serio. Mi consejo: tómenselo en serio. Miembros del Congreso (de EE. UU.) están exigiendo responsabilidades por lo que ha ocurrido y debe haber cambios si quieren seguir contando con nuestra ayuda.
Usted ya ha dicho que deberían congelarse los recursos que se destinan a Colombia…
Creo que en este momento debería congelarse toda la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Colombia. Pero estamos procediendo metodológicamente, por lo que hemos pedido que se elabore un reporte para que el Congreso lo discuta. Pero que el Gobierno colombiano nos diga “no se preocupen, vamos a resolverlo”, o “lo tenemos bajo control”, esa ventana ya se cerró. El mundo entero está lidiando con la pandemia por el COVID-19 y los presupuestos se han apretado en todas partes. Creo que deberíamos proporcionar asistencia para la implementación de los acuerdos, para la promoción de los derechos humanos, estoy de acuerdo en todo eso. Pero no estoy de acuerdo en gastar dineros de los contribuyentes estadounidenses de tal manera en que apoyemos a las fuerzas de seguridad colombianas en sus actos ilegales. Eso tiene que parar o, francamente, parará la asistencia de Estados Unidos.
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¿Por qué es necesario que se averigüe sobre el uso de los recursos de Estados Unidos desde 2002?
Porque hacia ese año se conocieron las primeras denuncias sobre actividades ilegales. Nunca he sido fan del Plan Colombia, se ha hecho demasiado énfasis en las entidades militares. La violencia ha dejado demasiadas víctimas en Colombia en las últimas décadas. Estoy en favor de que se apoye a la gente sin recursos, a las comunidades indígenas, que se enfrenten la impunidad y la corrupción. Pero los hechos son los hechos: hubo actividades ilegales cometidas por fuerzas de seguridad colombianas y los blancos fueron periodistas, incluso periodistas estadounidenses, abogados, defensores de derechos humanos… En los últimos 20 años he podido conocer a colombianos muy valientes, que luchan por la justicia, y muchos de ellos han sido asesinados.
¿Quiere seguir apoyando a Colombia desde su propia agenda legislativa?
Apoyo al pueblo colombiano, pero el statu quo de que Estados Unidos se haga el de la vista gorda… no podemos continuar en eso. Esto es muy serio. Llegamos a un punto en el que espero que estas presiones generen cambios reales. Estoy comprometido con ello, por eso hicimos la propuesta. Si se aprueba el proyecto de ley, habrá 120 días para que el reporte llegue a nosotros, lo analicemos y determinemos cómo proceder.
¿Cree que la propuesta de Ocasio-Cortez sobre aspersión aérea tiene futuro?
Espero que sí. Pienso que la aspersión aérea es una pésima idea. Si se quiere lidiar con el problema de las drogas hay que pensar en el problema de la demanda en lugares como Estados Unidos, donde infortunadamente la demanda es alta. Hace unos 19 años visité el Putumayo por primera vez, vi los efectos de la aspersión aérea, la deforestación, el impacto en la salud de la población. Es vergonzoso. No funciona. Los cultivos alternativos son una mejor forma. Me opongo vehemente a la aspersión aérea y creo que es peligroso y cruel para las comunidades. Vamos a tener elecciones en noviembre en Estados Unidos, deseo que Joe Biden sea elegido presidente y creo que, si pasa, habrá revisión en materia de derechos humanos no solo en Colombia, sino en muchos países.
El negocio detrás de la aspersión aérea es tan grande, que hasta el Congreso estadounidense parece estar de manos atadas…
Quizá haya empresas interesadas, pero en lo que los legisladores de Estados Unidos y de Colombia tenemos que enfocarnos es en qué es lo mejor para la gente, qué funciona y qué no. En esa primera visita al Putumayo fui con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que me decía que el glifosato no hacía daño a la gente. Entonces tomé un vaso con agua que saqué de un pozo y se lo di: “¿Por qué no lo bebes?”. Él se rehusó. Cuando se esparce veneno de manera indiscriminada, que es como funciona la aspersión aérea, no afecta solo los cultivos, sino también el agua, los niños. No funciona, ese es el punto. No importan los intereses comerciales: es una mala idea.
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