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El Ministerio de Justicia está en un punto crucial del 2023. En pocos días inicia la nueva legislatura en el Congreso, ante el cual insistirá en sus proyectos bandera: ley de sometimiento y de humanización de prisiones. En entrevista, Osuna desarrolló los pilares de su política de drogas y reveló que considera proponerle a la población afectada por las drogas un suministro controlado, tal como hizo el presidente Petro durante su alcaldía en Bogotá. Asimismo, encontró viable reforzar la Ley de Justicia y Paz, creada para el desarme paramilitar, como modelo para someter a los grupos criminales.
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Hablemos de la nueva política de drogas y la titulación masiva prometida a cocaleros que quieran transitar a economías lícitas ¿Cómo se va a materializar esa promesa?
Ese proyecto entronca con todo el proyecto de reforma agraria. Una parte de la compra de tierras dentro de la frontera agrícola estará priorizada para el traslado de personas que están en zonas cocaleras. Eso para quienes voluntariamente quieran aceptar ese traslado. Para quienes quieren permanecer en los territorios que hoy en día explotan, en los que hay que admitir que la enorme mayoría no tiene la propiedad, entonces sí estamos buscando fórmulas para que se les pueda titular, una vez ingresen a ese programa de tránsito a la legalidad. El proyecto va en dos caminos: el primero, sustituir cultivos de hoja de coca por cultivos de una actividad económica dentro del circuito legal; y segundo, dedicar el cultivo de hoja de coca a los usos lícitos de la planta.
Una de las preocupaciones de los cocaleros es no lograr acceder a un trabajo estable. ¿Cuáles son los proyectos concretos con el Ministerio del Trabajo o el sector privado?
El abanico de ofertas tiene que ser variado. Una de las cosas que detectamos en esos foros (reuniones en 14 departamentos con índices altos de cultivos de coca) es que hay una proporción de personas, sobre todo los más jóvenes, que prefieren trabajos urbanos. Quieren irse a alguna ciudad. Ahí tenemos el reto de convencer a empresarios que contraten. Y probablemente, si los cocaleros no tienen una formación que los habilite para competir en ese mercado laboral, ofrecer esa formación. Ahí hablaremos con el SENA.
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Para las personas que sí quisieran mantenerse como campesinos, el simple traslado a otra tierra no es suficiente. Eso tiene que ir acompañado de proyectos agroindustriales impulsados al menos en su inicio por el Estado. Capacitación. Cómo cultivar otro producto. Qué es lo más recomendable en determinada región. Eso impone un trabajo con el Ministerio de Agricultura y con el Banco Agrario a través de préstamos, esto es muy ambicioso.
La Agencia Nacional de Tierras ha comprado más de 24.000 hectáreas de tierra en el último año. En el marco de la política de drogas, ¿cuánta es la tierra que esperan comprar y cuánto se invertirá?
No hay un dato exacto sobre la tierra a comprar. Pero, pensemos lo siguiente: la cifra del año de 2021 es de 204.000 hectáreas con cultivo de hoja de coca. Digamos que haya subido un poco más. Nosotros consideramos que con la política que ya publicamos en este Gobierno, y en estos años que nos quedan, se podría reducir esa cifra más o menos a la mitad el cultivo de hectáreas de hoja de coca. Digamos unas 125.000 hectáreas.
Muchos dirán: ¿Y por qué no bajarlo a cero? No se puede. Va a haber cultivos para actividades lícitas y, por otro lado, hay cultivos que están en resguardos indígenas, parques nacionales y zonas protegidas. Claro, ahí se pueden hacer políticas de radicación, pero es mucho más complejo porque requieren consultas previas y otro tipo de concertaciones. Y pensando en esas familias que no quieran otros terrenos o actividades urbanas, yo creo que necesitamos unas 100.000 hectáreas.
¿Valdría la pena cambiar los indicadores de los balances sobre hoja de coca?
En eso estamos. El éxito de nuestra política no se va a medir en número de hectáreas. La variable de conservación de vidas es la más importante para nosotros. Qué tanto disminuyen los homicidios, y las muertes por sobredosis. Qué tanto se logra reforestar la selva amazónica. La misión de la cantidad de hectáreas, sin embargo, seguirá. Este año Estados Unidos no hizo monitoreo. Eso no quiere decir que nunca más lo vayan a hacer. Puede ser que lo reanuden. Están cambiando sus metodologías y el órgano, la institución y los fondos con los que hacen la medición.
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Pero se habló del poco interés de Estados Unidos en la medición de cultivos de coca y el fuerte interés en combatir drogas sintéticas como el fentanilo…
Eso es cierto. Pero probablemente, como nos lo informaron a nosotros, es que la suspensión se debe a cuestiones administrativas internas. Pero es cierto que la política de drogas norteamericana también está cambiando. El director hoy es un médico y no es una persona con formación policiva. Ellos siguen con su preocupación frente al consumo de cocaína, pero lo del fentanilo se les volvió una prioridad tremenda.
Siguiendo con el tema de las drogas sintéticas. Parece que el enfoque de la nueva política está en los cultivos, pero debería estar también en los sintéticos, ¿qué se viene en cuanto a ello?
Lo que yo llamo un uso problemático de las drogas es cuando la sustancia deteriora la salud de una persona. Si alguien fuma marihuana ocasionalmente, y conserva su trabajo y su salud, es un consumo no problemático. Pero si el consumo afecta su calidad de vida, estamos frente a un problema. Los sintéticos tienen una enorme propensión a ser problemáticos en ese sentido, por el altísimo contenido adictivo que tienen. En el caso del fentanilo las sobredosis son fatales.
A partir de la experiencia de lo que hubo en la Alcaldía del actual presidente en Bogotá, los Centros de Atención Médica A Drogadictos (CAMAD), estamos pensando en algo parecido en el ámbito nacional. Es decir, suministro controlado, regulado, terapéutico, que viene acompañado de atención para estos consumidores que están en uso problemático de las drogas.
En la pasada legislatura del Congreso, los dos proyectos claves de su cartera se hundieron, la Ley de Sometimiento y la humanización carcelaria, ¿qué fue lo que pasó?
Varias cosas. Lo primero es que la agenda legislativa fue muy ambiciosa. Se radicaron muchos proyectos que implicaban reformas importantes y la discusión se centró, durante varias semanas, en la reforma a la salud. Políticamente, ese proyecto de reforma a la salud dilató el avance en la legislatura de otros proyectos, y no solo eso, también fracturó la coalición.
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Tengo la impresión de que el mensaje de urgencia en el proyecto de humanización pudo haber tenido un efecto desfavorable. La Cámara de Representantes asumió con molestia ese mensaje, que obliga a realizar el primer debate de manera conjunta y la Comisión Primera de la Cámara históricamente ha percibido que en esos proyectos con mensaje de urgencia la voz cantante la lleva la Comisión Primera del Senado. Ese factor jugó en contra.
Soy consciente de que el proyecto de humanización de prisiones es una reforma que implica unas controversias políticas y sociales fuera del Congreso muy arduas, en la cuales muchos congresistas estaban y seguirán esperando cómo esto se aclimata socialmente antes de votar, porque estamos en un momento electoral.
¿Y en el caso del proyecto de sometimiento?
Se dan los mismos factores, pero se agrega que las conversaciones con esas estructuras criminales que no tienen carácter político han sido muy abiertas, en el sentido de que algunos grupos quieren algo y otros piensan diferente. Con algunos las conversaciones han avanzado y con otros son muy incipientes.
Eso me sigue llevando a la convicción de que es muy necesario tener ese marco jurídico ya. Uno puede discutir un acuerdo de paz con un grupo rebelde, pero con estructuras criminales se deben delimitar los términos del sometimiento a través de una información jurídica clara; unas rebajas de pena así, con determinadas condiciones y ante ciertos jueces.
Y este proyecto de ley tiene la enorme novedad de estar dirigido a las estructuras completas. Es decir, no le apuesta a que un cabecilla se entregue, para eso ya tenemos legislación suficiente. Si hoy en día una organización completa se quisiera desmovilizar, nos toca hacer juicio por juicio, uno por uno, y eso es más complejo.
Con ese panorama, ¿el Gobierno volverá a apostar por esas reformas y las radicará este 20 de julio?
La de humanización de prisiones se radicará tal como quedó en las ponencias para el primer debate. A la de sometimiento de grupos criminales creo que vale la pena darle una revisión adicional. Varias voces, como el Alto Comisionado para la Paz y algunos congresistas, han dicho que, probablemente, sea más sencillo prorrogar el régimen de Justicia y Paz. Para mí eso tiene el inconveniente de que ese sistema está pensado para los sometimientos individuales. Pienso que para los que están pensando en entregarse es más o menos lo mismo, pero con otro nombre.
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Entonces a usted no le cuadra la idea de Justicia y Paz, pero estaría dispuesto a conversar…
Yo lo que hago es intentar darle la estructura jurídica a las ideas que me traiga el Comisionado de Paz. Yo no hablo con las estructuras. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? A través de los insumos que él nos trajo, dijimos: “esto se puede articular de esta manera”.
¿Y quién tiene la voz del presidente Petro en ese tema?
El comisionado. Las conversaciones seguirán siendo variables, habrá distintas velocidades de aproximación, pero yo insisto en que el régimen jurídico debe ser uniforme para ellos.
¿Y la nueva Jurisdicción Agraria?
Nosotros, con el ministerio de Agricultura, ya tenemos un borrador. Y ya se lo presentamos a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y a gremios agraristas. Estamos esperando sus observaciones y quedamos listos. Ya solicitamos el concepto de impacto fiscal también, a ver cuánto dinero va a costar. Está pensado comenzar con unos 50 jueces de primera instancia en todo el territorio. Despachos judiciales tipo juzgados de circuito, pero con un equipo más multidisciplinario. Por ejemplo, que en cada despacho esté el juez, pero también un topógrafo y un ingeniero ambiental.
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El Consejo Superior de la Judicatura nos sugiere tener cuatro tribunales agrarios de segunda instancia. En el Caribe, en el Pacifico, en la zona central y en la Orinoquia y Amazonía. El proceso sería de dos instancias y la posibilidad de una revisión eventual que sería, si el asunto es entre solo particulares, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y si el asunto es con el Estado, pues con el Consejo de Estado. Considero conveniente la creación de una corte agraria, pero aquí me pareció más importante el consenso y vi la disposición de las altas cortes de asumir pleitos complejos.
Está anunciada una reforma a la Ley de Víctimas, ¿podría darnos detalles relevantes de lo que se viene?
Ojalá esté para el 20 de julio. Al menos, para la fase inicial de esta legislatura tendrá que estar. La ley actual de víctimas yo creo que es una buena ley, que fracasó. Estableció un sistema de reparación administrativa a las víctimas, pero considerando un universo de no superaría el millón de víctimas, y ya vamos para 10 millones de víctimas. Por eso las cuentas no cuadran. La reforma que estamos pensando, como esa ley es buena, es una reforma minimalista. Son aspectos puntuales. Por ejemplo, articular todo el sistema de atención a las víctimas, que incluya a las que están en la JEP y a las de Justicia y Paz. Lo otro, tómenos en serio salir del Estado de Cosas Inconstitucional decretado en 2004 por desplazamiento forzado.
También recogeremos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de reparación a las víctimas. Esta ley, a pesar de que habla muchas maneras de reparación y atención a las víctimas, finalmente tiene una estrategia que es profundamente individual: cuantificar el perjuicio de cada víctima y pagárselo. Y ya sabemos qué dinero para pagarlos todos está difícil. La forma de reparación de las víctimas de la JEP apunta a lo colectivo, podríamos articularnos con ellos. Y vamos a mantener la restitución de tierras, con sus jueces.
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