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“Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente”. Esa es una de las frases que tienen al general (r) Rodolfo Palomino cerca de una condena por supuesto tráfico de influencias. Se trata una parte de la transcripción de un audio, originado en 2014 en la casa de la fiscal Sonia Velásquez, cuando el entonces director de la Policía intentaba, al parecer, hacer lo impensado para alguien de su dignidad: frenar las capturas de 10 ganaderos investigados por supuesto despojo de tierras. Ocho años después, la Corte Suprema de Justicia decretó ese audio como prueba en el juicio que tiene en contra.
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En 2014, la fiscal Velásquez adelantaba una investigación tan sensible que vinculaba al reconocido ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, directivo del Fondo Ganadero de Córdoba y socio del condenado por despojo Benito Osorio. Cuando todo estaba listo para la captura de Gallo, Palomino tocó a la puerta de la fiscal Velásquez. Como se lee en la acusación, le habría pedido a la funcionaria judicial suspender las capturas, dado que Gallo tenía relaciones con el expresidente Andrés Pastrana y el presidente del Banco Mundial. Además, “que la aprehensión podría afectar las donaciones que este había canalizado internacionalmente para atender causas nobles”.
Mientras Palomino presuntamente influía en la investigación, la fiscal Velásquez registró cada frase de lo que se habló en su casa en un celular Samsung. Como lo decretó la Corte Suprema, la voz de Palomino hoy permanece en un DVD con capacidad de 7 gigas, que será escuchado en juicio y tras el cual los magistrados de la Sala de Primera Instancia sacarán sus conclusiones. Aunque, por otro lado, la defensa del alto oficial logró llevar al juicio a un experto forense especialista en informática, Jefry Garavito, de quien se espera dictamine si, el 8 de febrero de 2014, aquel celular blanco guardó las palabras que podrían condenar a Palomino.
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Al juicio, además, la Fiscalía llevará a la propia fiscal Sonia Velásquez, quien dejó la pesquisa contra Gallo en otras manos y quien denunció amenazas de muerte. La Corte Suprema no le reprochó haber grabado la visita de Palomino, pues en ese momento pudo ser víctima de un delito. Velásquez también contará con el testimonio de funcionarios de la entidad que la escucharon en su denuncia. Incluso, hablará la fiscal Pilar Fernanda Duarte, una compañera que tenía la tarea de investigar por su cuenta al propio Benito Osorio, quien al igual que Gallo buscó un espacio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con miras a confesar verdades del despojo.
Por otro lado, tanto la Fiscalía como la defensa de Palomino tendrán testigos compartidos, quienes deberán afrontar el rifirrafe de preguntas con intereses distintos. Entre ellos, el mayor general Jorge Enrique Rodríguez, quien para 2014 era el director de la Dijín y quien acompañó a Palomino a la casa de la fiscal Velásquez. “Dará cuenta de las circunstancias que se presentaron, así como de las que antecedieron a esa visita y de aspectos que conocía por ser el comandante y jefe de los policiales designados para apoyar las actividades dentro del proceso penal (contra Gallo)”, se lee en el texto de la Corte Suprema.
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En el banquillo de los interrogados estará el intendente Henry Camacho, quien recibió las órdenes de captura de manos de la fiscal Velásquez. También estará la ciudadana Ariana Pajoy, empleada doméstica en la casa de la denunciante. El testigo más esperado de Palomino, quizás, es el mismísimo Luis Gonzalo Gallo. La Corte Suprema decretó su testimonio, ya que era, entonces, el principal beneficiario de la conducta acusada al alto oficial. Responderá si estaba interesado en el asunto, si le hizo alguna petición al entonces director de la Policía y si era amigo de altos funcionarios de la Dijín. Gallo, desde luego, tiene derecho a no incriminarse.
Detrás del juicio de Palomino está el acecho de la justicia al Fondo Ganadero de Córdoba. La fiscal Velásquez puede dar fe de que el expediente tiene su origen en 2003 y recién en 2014 se vinculó a Gallo por lavado de activos, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. A la fecha su caso está en las redes de la JEP, la cual busca explicar cómo les arrebataron predios a los pobladores de Las Tulapas: una región del Urabá, compuesta de 58 veredas en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. Palomino, por su parte, espera que su propuesta grabada en audio quede, por mucho, en el terreno de la “indecencia” y, así, no ser condenado por la Corte a una pena que podría alcanzar hasta los 12 años de cárcel.
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