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En medio del más reciente remesón ministerial en el gobierno de Gustavo Petro, una renuncia sacudió la composición de la cúpula de la fuerza pública. El general William René Salamanca, quien desde mayo de 2023 era el director de la Policía Nacional, renunció el pasado 10 de febrero a su cargo, y solicitó regresar al uso del buen retiro.
Expertos consultados por El Espectador coincidieron en que su decisión estuvo claramente motivada por la crisis política que atraviesa el gobierno Petro, muy a pesar del balance positivo de su gestión. Uno de los resultados más importantes es la recuperación de la estabilidad institucional, un reto que ahora tendrá que asumir el brigadier general en retiro Carlos Fernando Triana, su nuevo director.
El general Salamanca renunció justo el mismo día de la salida, al menos protocolaria, de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Lo propio hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien en la mañana del 11 de febrero comunicó su decisión, esa sí irrevocable, de dejar el gabinete de Petro.
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Con la renuncia de Velásquez y Salamanca, la Policía enfrentará al reto de mantener su estabilidad. Ya en 2023 el general había logrado estabilizar la institución, que tenía una percepción negativa por parte de la ciudadanía, tras hechos como los asesinatos de Javier Ordóñez y Dilan Cruz, la masacre del CAI Verbenal en Bogotá y la actuación de la fuerza pública en las manifestaciones sociales de 2021.
Con Salamanca se redujo en un 29% la cifra de retiro de personal, según registros oficiales, e incrementó el número de incautaciones de drogas como la cocaína, disparado por el aumento de las hectáreas sembradas: 253.000 en 2023, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.
El saliente director es administrador de empresas y administrador policial, con una especialización en relaciones internacionales y una maestría en gobierno y políticas públicas. Durante cerca de 40 años estuvo en la institución. Fue director de Tránsito y Transporte, de Protección y Servicios Especiales, comandante de la Región de Policía No. 4, agregado policial en los Estados Unidos, comandante de Distrito en Santander, edecán presidencial y oficial de enlace en el Congreso de la República.
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Por este último cargo, una fuente reservada le dijo a este diario que estaba referenciado como un general cercano a la política y bien conocido por el presidente Petro, pero que supo “mantener el balance” entre las funciones de la fuerza pública y los intereses del gobierno.
Una institución estable
Expertos en seguridad coinciden en que la estabilización de la Policía es el logro más importante del general Salamanca. “Deja una institución sólida”, le dijo a este diario Andrés Nieto Ramírez, investigador y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá. Lamentó que la crisis ministerial toque a instituciones que “no pueden estar ligadas a las condiciones de inestabilidad del gobierno”.
Otro experto, que pidió no ser citado, aseguró que el nombramiento de Salamanca fue clave para darle ruta a los proyectos del gobierno Petro. “Llegó en un momento muy sensible, apenas arrancando en un gobierno con una política de seguridad no muy clara y le dio estabilidad”, dijo. Pero agregó que su salida está relacionada con que policías y militares se sienten “maniatados” por la política de paz total, que le está poniendo freno a su acción.
A esa política de seguridad, que aún se estaba definiendo cuando el general Salamanca asumió la dirección de la Policía, se sumaban las polémicas que alimentó el general Henry Sanabria, su antecesor. El oficial era calificado como homófobo y ultrarreligioso; era opositor del aborto, el matrimonio igualitario, la unión libre y la eutanasia.
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“Colombia tiene un general de la Policía de la época medieval. Es una persona que dirige de manera confesional la institución”, dijo en su momento la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Esa imagen de la dirección afectó también directamente la credibilidad y confianza en la institución, por parte de un segmento importante de la ciudadanía.
Al cierre de 2023, la Policía tenía al rededor de 185.000 uniformados. En 2024, según cifras del Ministerio de Defensa, se incorporaron 8.000 nuevos aspirantes a patrulleros, de los cuales 3.664 eran mujeres. Esta incorporación, que además tuvo el beneficio de gratuidad otorgado mediante el decreto 2225 del 22 de diciembre de 2023, hace parte del Plan 20.000. Con él, la institución y el Gobierno buscan enfrentar las cifras a la baja de incorporaciones que traía el país.
Por otro lado, a la llegada de Salamanca, la institución tenía una cúpula calificada como “inexperta”, y el nuevo director la revaluó: “Le puso peso a la cúpula y asentó una nueva camada de generales”, dijo una fuente. A junio de 2024 habían sido ascendidos 503 oficiales y 329 miembros del nivel ejecutivo.
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Ese aumento del número de uniformados se reflejó en una mayor presencia de la fuerza pública en distintos sitios del país. Los expertos consultados destacaron el interés del exdirector en debilitar las fuentes de financiación ilícita de los grupos armados, a través de operativos en contra del narcotráfico y la minería ilegal que se desarrollaron en articulación con las Fuerzas Militares.
Según el Ministerio de Defensa, el 2024 cerró con un total de 848 toneladas de cocaína incautadas en el país, un aumento del 14% frente a las cifras de incautación de 2023. También fueron incautadas 452 toneladas de marihuana. Para 2025 quedó proyectada la realización de 13 operativos de la Policía contra el tráfico de hidrocarburos y 12 contra la minería ilegal.
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Asuntos pendientes
Pese a que el balance es positivo en términos generales, sostener la estabilidad institucional, mejorar la seguridad en las ciudades y aumentar las capacidades de inteligencia son temas que quedan pendientes en la agenda del exdirector de la Policía. “Los mandatarios locales tenían muchas más expectativas con el general Salamanca (…). La seguridad, desde el principio, le recaerá al general Triana”, dijo uno de los expertos consultados.
Según un análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia, en el primer semestre de 2024 se denunciaron 168.553 hurtos a personas en el país, un promedio de 931 casos diarios y 39 por hora. Del total, 49.419 fueron hurtos de celulares, según registros de la Policía.
En el mismo lapso de tiempo hubo un aumento del 53% en los delitos sexuales en el país, en comparación con el primer semestre de 2023: 15.656 casos y 81% de mujeres víctimas. La extorsión subió un 13% frente al año anterior y el récord lo tuvo la violencia intrafamiliar, con un aumento del 55% y 446 casos diarios en el país.
Para enfrentar esas cifras, señaló Andrés Nieto Ramírez, será necesario hacer ajustes en línea con el Plan Policía 2050, cuyo foco es apoyar las labores policiales en las herramientas digitales. “El reto es consolidar el nuevo modelo de policía, dinamizar la seguridad en los territorios, contener el homicidio, la extorsión, la violencia intrafamiliar y el hurto, e intentar mantener la institucionalidad como se ha logrado en medio de los altibajos políticos”, dijo Nieto.
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El responsable de atender esos puntos débiles de la institución, el general Triana, regresa a la Policía luego de estar durante siete meses al frente de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur). En su trayectoria desde 1993, cuando se graduó como oficial, se destaca el haber dirigido la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, entre 2021 y 2022, y haber sido comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López.
Personas cercanas a esa administración le dijeron a El Espectador que su gestión allí no fue la más destacada, pues “no le siguió el paso” a la alcaldesa y ella terminó por pedir que fuera reemplazado. “Este nombramiento es más político que estratégico”, señaló una fuente.
Un último desafío que se suma a los mencionados para el general Triana, el nuevo director, es el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia de la Policía. El tema queda como una cuenta pendiente de la gestión del general Salamanca.
“La Policía se había caracterizado por su inteligencia, que le permitía dar grandes golpes y eso no pasa desde hace mucho tiempo. Ahora está enfocada en coger delincuentes, pero no desmantelan grandes organizaciones”, dijo uno de los expertos consultados.
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Todos estos puntos de la redefinición institucional se complican por un factor ineludible: la crisis de seguridad y orden público en el Catatumbo, Cauca, Guaviare, Chocó y otros puntos de Colombia donde la violencia no deja de estallar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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