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En cuatro días, Colombia tendrá a un nuevo presidente llevando la riendas del país. Abelardo de la Espriella, desde campaña, ha prometido darle un giro de 180 grados al manejo que le venía dando Gustavo Petro a la Nación, sobre todo en temas de paz y seguridad. El presidente electo ha dicho que manejará una política de mano dura en contra de la criminalidad y los grupos armados tras una iniciativa de paz total que no funcionó en el último cuatrienio. De hecho, el pasado fin de semana, último del gobierno Petro, hubo una ola de violencia en Norte de Santander que dejó entrever el panorama que le espera al nuevo jefe de Estado en materia de orden público en ese y otros departamentos.}
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El Espectador consultó a expertos en seguridad y orden público que consideran que queda un panorama complejo en el que los grupos armados terminaron fortalecidos ante una fuerza pública que no tiene las mismas capacidades. En una sola semana, 16 personas, entre ellas 13 miembros de la fuerza pública y tres civiles, resultaron heridos por actos criminales. Se trató de cuatro hechos que iniciaron con el ataque contra el comandante de Policía de Puerto Lleras, el pasado 28 de julio, y continuaron al día siguiente con el atentado a la caravana del comandante de Policía de Norte de Santander y al congresista Ariel Rodríguez. El punto más crítico se alcanzó con la explosión de un carro bomba frente al Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, el pasado 1 de agosto.
A pocos días del cambio de gobierno, hechos como los ocurridos el pasado fin de semana son, para Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, mensajes que envían los grupos armados al Estado del poderío que han ido ganando en los últimos años. Para el experto, al inicio del gobierno Petro los distintos grupos armados tenían constantes enfrentamientos entre ellos, muchas veces para ganar territorio y apoderarse de distintas rutas para mover economías ilegales. Sin embargo, dice, esa dinámica cambió, en parte, por el fracaso de la paz total. Según el investigador, el mensaje ahora es que el enfrentamiento volverá a ser de frente contra el Estado.
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Los grupos, según explicó en diálogo con este diario, aprovecharon que no fueron perseguidos al inicio del gobierno Petro, que estaba sentado en mesas de diálogo con ellos, para rearmarse. En eso concuerda Gerson Arias, investigador del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Para él, lo ocurrido en Norte de Santander la semana pasada “es una estrategia clásica para cuestionar si la fuerte iniciativa militar y policial que se vendrá con el nuevo gobierno en varias regiones, y en especial en el Catatumbo, puede resolver el problema de las violencias organizadas que existen en Colombia”. Esa promesa de De la Espriella de acabar de tajo con la criminalidad en el país, dice Mantilla, no será tan fácil de cumplir.
“Va a ser difícil, porque es una criminalidad que se ha metido en las comunidades y las ha instrumentalizado. Lo hemos visto en las asonadas a la Fuerza Pública. La escalada de violencia envía un mensaje de que están dispuestos a enfrentar al nuevo gobierno y confían en sus capacidades militares”, sostiene el experto Mantilla. Esas capacidades aumentaron y se fortalecieron en varios frentes, según explica Arias. Por ejemplo, dice, se deben atender frentes como la expansión de sus filas mientras no fueron perseguidos por el gobierno Petro, el salto técnico y tecnológico que tuvieron con el uso de drones y otras herramientas para ataques a la fuerza pública y la población civil, entre otras.
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Para Mantilla, hay otros aspectos que deben tenerse en consideración. Según le manifestó el experto a este diario, varios grupos tienen “vocación internacional” como la guerrilla del Eln, que tiene presencia en Venezuela y opera en ese país como un grupo paramilitar; como Comandos de la Frontera, que se han expandido hacia Ecuador y Perú; o la disidencia Estado Mayor Central, que se ha expandido hacia la Amazonía y Vaupés. Asimismo, resalta que varios grupos que habían tenido que abandonar zonas al interior del país, pudieron rearmarse y recuperar territorio, como en el sur del Huila y de Tolima.
Con un panorama complejo como el que describen, los expertos coinciden en que el gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que tener una estrategia muy clara y que sea efectiva, midiendo las capacidades que actualmente tiene la Fuerza Pública. Para el investigador Gerson Arias, el nuevo mandatario tendría que “garantizar una estrategia efectiva de objetivos de alto valor”. Según explica, tratar de acabar por completo estructuras en las condiciones actuales sería imposible. En eso coincide el investigador Mantilla. Según le dijo a El Espectador, “es importante que De la Espriella entienda que no va a poder desarrollar una ofensiva simultánea en todo el país. Sería el mismo error de Petro, pero a la inversa, tratar de hacer todo en todas partes”.
Para ambos expertos, la solución a la criminalidad, como la propone el presidente electo, no puede ser solamente militar. Los dos señalan que las operaciones de la Fuerza Pública deben estar respaldadas por la acción de la justicia a la hora de avanzar con investigaciones y juicios a los criminales. Además, aunque la nueva administración tenga una postura totalmente distinta a la de Petro, “no deben echar en saco roto las experiencias, buenas y malas, de los dos últimos gobiernos, que han vivido los años posteriores de la firma del Acuerdo de Paz”, como dice Arias. Más allá de cualquier planteamiento, concluyen, el foco debe estar en la protección de la población civil, para que, en medio de las nuevas políticas, no sea revictimizada y en medio del fuego.
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