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Sobre el mediodía del 29 de diciembre, último domingo de 2024, hombres armados atacaron a una familia que departía en un restaurante de la ciudad de Aguachica (Cesar). Los padres, Marlon Lora y Yurlay Rincón, y la hija mayor de la pareja, Ángela Lora Rincón, murieron en el sitio. El hijo menor, Santiago, fue trasladado a un hospital, donde falleció dos días después.
Con ese hecho llegó a 76 el número de masacres perpetradas durante el año en Colombia, en las que murieron 262 personas, según cifras recopiladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Si bien la cifra fue menor respecto al número de crímenes en 2023, la dinámica de la violencia parece no mejorar.
Desde 2020 ha disminuido el número de personas asesinadas en masacres, aunque la cifras de hechos violentos ha tenido ciertas variaciones. En ese año, según la misma entidad, hubo 91 masacres en las que asesinaron a 381 personas. En 2021 hubo 96 masacres en las que murieron 338 personas. Entre 2022 y 2023 fueron asesinadas 600 personas (300 cada año) en 94 y 93 masacres, respectivamente.
Igual que en el caso de la familia Lora Rincón, pastores de una iglesia evangélica de Aguachica, las razones detrás de los hechos son materia de investigación. Algunas hipótesis hablan de amenazas y extorsiones; en otros sitios, como los departamentos del suroccidente de país, la mayoría de casos están relacionados con opresiones al liderazgo social o disputas por el control de las economías ilegales.
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Las masacres en el mapa
La del 29 de diciembre fue la tercera masacre de 2024 en el departamento del Cesar, antecedida por una del 21 de enero en El Copey, en la que murieron tres personas, y otra del 13 de agosto, en la que fueron asesinadas cuatro personas en Valledupar. Pero en el Suroccidente del país estos hechos tuvieron mayor incidencia.
La lista de los departamentos con mayor número de masacres en 2024 la encabeza el Cauca, con 13 hechos violentos y 53 víctimas; seguido por Antioquia y Valle del Cauca, con diez masacres cada uno, 36 y 33 muertes, respectivamente. Luego está Norte de Santander, donde hubo seis masacres que dejaron un saldo de 19 personas fallecidas, y Atlántico con cinco masacres y 16 víctimas mortales.
En Huila hubo cuatro masacres y 14 muertos. En Putumayo, Cesar, Magdalena y Nariño se presentaron tres masacres en cada departamento. Risaralda, Chocó, Guaviare, Caquetá y Santander tuvieron dos masacres cada uno. En Bolívar, Casanare, Cundinamarca (Bogotá), Córdoba, La Guajira y Sucre se perpetró una masacre por departamento.
Los sitios en los que no hubo masacres en 2024, según los cálculos de Indepaz, son Amazonas, Arauca, Boyacá, Caldas, Guainía, Meta, Quindío, San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Tolima, Vaupés y Vichada.
Las cifras del Ministerio de Defensa tienen una variación respecto a las de Indepaz, y no agregan detalles de cada hecho. Según la catera de gobierno, entre el 8 de enero y el 27 de noviembre de 2024 hubo 77 masacres en las que murieron 266 personas.
El número de masacres se combina con las cifras que produce la ampliación de la acción de grupos armados y organizaciones criminales en distintas regiones del país. Información conocida y revelada por El Espectador demuestra la forma en la que estructuras al margen de la ley, como el Clan del Golfo, han aumentado su presencia y manejo de las economías ilegales en sitios como la costa Caribe, norte del Chocó y norte de Antioquia. De las 7.000 personas que integran esa organización, 2.400 están en armas y 4.600 hacen parte de sus redes de apoyo para extorsiones y amenazas.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, con corte al 30 de noviembre de 2024, la acción de los grupos armados ha llevado a que se presenten 100 eventos de desplazamiento en contra de 40.499 personas forzadas a salir de sus territorios.
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Los efectos del miedo
Si bien en 2024 la cifra concreta muestra una reducción de 17 masacres y 38 víctimas respecto al 2023, investigadores aseguran que este balance no corresponde directamente a un resultado de las políticas de paz y seguridad, mucho menos a una disminución del dominio y capacidad de acción de los grupos armados.
Por el contrario, la tendencia a la baja de los últimos cuatro años respondería a un cambio en la dinámica de las organizaciones criminales, cuyas amenazas y represiones estarían sirviendo para despejar el camino a su actuar delictivo sin necesidad de llegar al extremo de ejecutar asesinatos selectivos ni masacres. El aumento de masacres en zonas urbanas también indicaría cambios en la dinámica del control territorial.
Así lo argumentó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) quien resaltó una disminución leve en la incidencia de hechos de violencia letal. “En términos generales, los indicadores están disminuyendo, pero ha sido porque los grupos armados han sentido que no necesitan la recurrencia de esas formas de violencia, sino que pueden hacerlo de otra manera y con un esfuerzo menor. Con el miedo ya empieza a ser suficiente para mantener el dominio territorial”.
Agregó que en 2022 y 2023 los ceses al fuego con grupos armados tuvieron incidencia en la disminución de los crímenes; pero en 2024 no hubo tantos: “Tampoco ha sido el esfuerzo de paz total del gobierno el que ha hecho bajar este tipo de indicadores de violencia”, señaló Bonilla.
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Lo que sí dejo en claro es que el cambio en la dinámica de miedo por masacres no es atribuible solo a las decisiones del gobierno actual, pues respondería también a problemas más antiguos en la estructura administrativa del Estado y su poca flexibilidad en la política de paz y seguridad.
Esto se suma a las escasas capacidades para que las economías legales sustituyan en territorio a las ilegales, que alimentan el funcionamiento del crimen organizado. En los territorios, los grupos al margen de la ley se siguen fragmentando y expandiendo, las mesas de negociación de paz no avanzan como se esperaría y los armados se camuflan cada vez con mayor frecuencia entre la población civil.
“Hay menos masacres porque quienes las perpetraban lo han hecho menos por su propia voluntad y no como respuesta a una política pública de protección”, señaló Bonilla. Esto demostraría que sigue siendo necesario replantear las decisiones del Estado para que la reducción del crimen sea real y no solo una mutación en las formas de violencia en los territorios, que es a lo que apuntan las conclusiones de investigadores sobre las razones detrás de las dinámicas del crimen organizado en el país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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