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Si hoy el cronograma de la fiscal Angélica Monsalve sale como lo planeó hace dos meses, al final del día habrá imputado cargos a tres miembros de la familia Ríos Velilla. Hoy, a las 9 de la mañana, los cuatro tienen una cita en los juzgados de garantías de Bogotá en los que se sentarán en orillas contrarias. Monsalve, como la fiscal que los investigará formalmente por los delitos de celebración indebida de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Y Carlos y Javier Ríos Velilla, y su sobrino Felipe Ríos Londoño, como los empresarios que habrían cometido los dos delitos, durante la licitación en 2011 de un billonario contrato para quedarse con el recaudo de los dineros que entran al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).
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El caso hoy tiene la atención del país, no solo porque se trata del comienzo de un proceso penal contra una familia de la élite colombiana, sino porque la misma Monsalve denunció que la Fiscalía de Francisco Barbosa había ordenado su traslado, justo después de anunciar que le imputaría cargos a los Ríos. Aunque la administración Barbosa explicó que el cambio se daba por una “necesidad del servicio”, la fiscal expresó en Noticias Caracol que la decisión de cambiarla de ciudad se dio justo después de que anunciara la imputación de cargos. “No sé si sea corrupción, pero es un acto indignante trasladar a un funcionario que ha dado resultados para una ciudad, un departamento que es público y notorio que es caliente. ¿A qué juega la Fiscalía? ¿Qué pretende la Fiscalía?”, expresó Monsalve.
Una vez se supo del traslado de la fiscal, la administración de Barbosa explicó que su decisión de cambiarla de sede se mantenía, pero que ella podría seguir en el caso de los Ríos. Sin embargo, allí no acabo el escándalo. Horas después de conocer de su traslado, el periodista Daniel Coronell publicó una serie de audios con los que se abrió el segundo capítulo de la historia. Un posible tráfico de influencias para beneficiar a uno de los investigados: el exconcejal Felipe Ríos Londoño. Las grabaciones se dieron en medio de una reunión entre la fiscal Monsalve, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y su hija, la exfiscal Ana Catalina Noguera. En su charla, se les escucha hablar sobre una supuesta intermediación del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
El exfiscal terminó salpicado en un supuesto caso de tráfico de influencia, pues, al parecer, a través de Noguera habría buscado que Monsalve no le imputara cargos a Felipe Ríos. Este último es hijo de Alberto Ríos Velilla, el reconocido empresario denominado el “zar de las basuras”, y quien, a su vez, es cercano al exfiscal. Martínez Neira ha negado cualquier intervención ilegal en el caso. “Desconozco el alcance de sus conversaciones (las de Monsalve) con terceros. El 28 de febrero, Alberto Ríos consultó mi opinión sobre el caso y me manifestó que la actuación de la fiscal Monsalve podía corresponder a una persecución política. Por el nombre de la funcionaria, recordé que Rodrigo Noguera me había presentado su hoja de vida y me había destacado que era una persona de especial mérito”.
El proceso detrás del escándalo
En la tras escena del traslado y presiones a la fiscal y del supuesto tráfico de influencias para beneficiar a Londoño Ríos, hay una compleja investigación por supuesta corrupción en la licitación de un billonario contrato. El Espectador tuvo acceso a las piezas procesales claves del expediente para entender qué hay detrás del escándalo del proceso de los Ríos. Lo que la Fiscalía ha condensado en el expediente es que, al parecer, existen evidencias que mostrarían que los Carlos y Javier Ríos Velilla estuvieron a la sombra de la empresa que se quedó con el contrato para el recaudo del SITP en Bogotá. La irregularidad concreta es que ninguno de los dos podía hacerlo, pues estaban inhabilitados porque en el Concejo de la ciudad estaba su sobrino y, al contratar con el distrito, violaban el régimen de inhabilidades.
Una irregularidad penal y disciplinaria, pues la ley prohíbe que funcionarios públicos o sus familiares contraten con el Estado. Carlos y Javier Ríos Velilla siempre han negado cualquier vínculo con la empresa que se quedó con el negocio de $64 billones, con vigencia de 16 años. Por su parte, Felipe Ríos ha dejado constancia tras constancia de que, desde el primer día que tomó posesión, alertó a todo el Distrito de la posible inhabilidad que tendrían sus familiares para contratar con la administración de la capital. Así quedó probado en un expediente de la Procuraduría en el que el Ministerio Público aclaró que el exconcejal actuó de manera correcta, adelantó los trámites correspondientes para declararse impedido y “se rigió dentro de los cánones de la ética y del derecho”.
Ninguno de los hechos por los que hoy los Ríos Velilla están a punto de entrar a un proceso penal es nuevo. Desde que se adjudicó el contrato en 2011, a la Fiscalía llegaron denuncias que daban pistas de irregularidades en la licitación. Por ejemplo, que habría un funcionario del Distrito asesorando la propuesta de Recaudo Bogotá (la concesión que se quedó con el negocio) y que los Ríos Velilla estaban a la sombra de los verdaderos empresarios de esa conglomerado empresarial. Para 2013, una investigación de la revista Semana reveló que las pistas llevaban a los empresarios, pero que “el problema es que seguir el hilo implica levantar reservas bancarias y legales de empresas. Los nombres de Javier y Carlos Ríos los encuentra como los dueños de Citymóvil Colombia, pero después de pasar una maraña de empresas y de ‘trust’ en varios países extranjeros y a esa información tal vez solo tienen acceso ellos”.
Las pesquisas nunca avanzaron. El ente investigador archivó dos denuncias y el caso solo revivió hace dos años, cuando el expediente aterrizó en las manos de la fiscal Monsalve, quien decidió desempolvar la investigación. Hoy, la funcionaria que desató el escándalo destapará sus cartas ante un juez de control de garantías. La audiencia será clave para entender las evidencias que hay en contra de la familia Ríos y para descifrar si la fiscal irá más allá de lo que se sabe hasta ahora del caso. Según fuentes cercanas al expediente, no se descarta que la Fiscalía pida medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Felipe Ríos por la supuesta obstrucción a la justicia que habría sucedido por la supuesta llamada de su padre, Alberto Ríos, para que el exfiscal Martínez intercediera a su favor.
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