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A las 4:10 de la madrugada del 12 de octubre entraron las primeras tanquetas militares al corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca). Fueron 1.277 soldados y 19 vehículos blindados los que llegaron a recuperar el poder en la zona que durante cuatro décadas ha estado tomada por los grupos armados.
Desde hace unos años, es uno de los enclaves de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, que se campean por la región del cañón del Micay y controlan los cultivos de coca con los que financian su acción criminal. El objetivo militar era tomar el control de la zona y aumentar la presencia del Estado. Un mes después, los grandes proyectos del gobierno no se han materializado, mientras que la guerra continúa.
La ausencia estatal ha sido una constante para esa región, conocida como el “cinturón cocalero del Cauca”. Allí están concentrados al menos el 75% de las 26 mil hectáreas que tiene ese departamento sembradas con cultivos de hoja de coca.
Durante la operación, cuyo objetivo era entrar a la zona urbana del corregimiento en el que viven al menos 8.000 personas, 17 civiles resultaron heridos y 1.200 personas salieron desplazadas ese fin de semana, según el Comité Territorial de Justicia Transicional de Argelia.
“Desde la madrugada del 12 de octubre, las tropas fueron recibidas con fuego de ametralladora, ataques desde las viviendas y explosivos”, informaron desde las Fuerzas Militares. Se han presentado tres asonadas, 17 ataques con drones y seis hostigamientos, que dieron como resultado un soldado muerto y nueve heridos.
Al día siguiente de la operación, el domingo 13, un grupo de altos funcionarios del gobierno viajó a El Plateado, entre ellos, los ministros de Defensa, Iván Velázquez; Ambiente, Susana Muhamad; TIC, Mauricio Lizcano, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia.
El diálogo con la comunidad fue escaso y la visita cuestionada. Sin embargo, desde las Fuerzas Militares destacaron que la toma de El Plateado “ha permitido los primeros acercamientos del Gobierno con el gabinete ministerial, la visita del señor gobernador del Cauca y sus secretarios”.
Por su parte, una comisión especializada de la Procuraduría que viajó posteriormente al corregimiento informó el hallazgo de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como el uso de las instalaciones del colegio para acondicionar explosivos y minas antipersonal.
Los resultados de la operación
Desde la entrada de las tropas a El Plateado, los hombres del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 3 han llevado unas 80 toneladas de ayuda humanitaria para la población.
En materia de acciones militares, han logrado desactivar controladamente 377 artefactos explosivos y 46 minas antipersonal ubicadas en sitios claves como vías principales, el colegio y el cementerio del corregimiento.
Desde el Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad le informaron a El Espectador que han incautado tres armas largas, 1.445 municiones, explosivos, granadas y material bélico. También han evitado 68 ataques con drones, capturaron a dos integrantes de las disidencias, uno más fue asesinado y recuperaron a tres menores reclutados.
Sin embargo, las acciones desde el Gobierno no han sido del todo contundentes. El 8 de noviembre estaba agendada una “Jornada de Apoyo al Desarrollo”, liderada por el Ministerio de Defensa y con el objetivo de llevar la oferta institucional.
El evento se realizó a pesar de que en la mañana de ese viernes, y luego de que el ministro Iván Velásquez manifestara que todas las condiciones de seguridad estaban dadas, una motocicleta bomba estalló cerca al parque principal de El Plateado y dejó a un soldado muerto y otro herido. Los habitantes propusieron hacer una movilización por la paz, pero el miedo al recrudecimiento de los ataques los detuvo.
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Mayor presencia del Estado
El Ministerio de Defensa informó que la toma del control en el territorio ha permitido la pavimentación de los tres primeros kilómetros de la vía entre el corregimiento y el casco urbano de Argelia, que era una vieja promesa del gobierno.
También la llegada de la Radio Nacional, que ha servido para mantener la calma de la comunidad en medio del confinamiento por las acciones armadas, y el levantamiento de información para realizar 100 mejoramientos de vivienda en un corregimiento que tiene 1.805 casas.
“La intervención en El Plateado es parte de un plan sostenido para garantizar la seguridad, facilitar el desarrollo social y económico, e incorporar la oferta institucional de manera permanente en el territorio” dijo la viceministra Daniela Gómez Rivas.
La Procuraduría reclamó por la falta de presencia efectiva de las instituciones en el territorio, más allá del despliegue de uniformados. “El miedo no puede ser el argumento para que entidades del gobierno no hagan presencia en esta parte del país”, dijo José Luis Martínez, asesor delegado de la Procuraduría y vocero de la comisión que visitó El Plateado.
La entidad documentó que el 42% de los ataques de grupos armados en el Cauca han estado dirigidos a población civil y en el primer semestre de 2024 se presentaron 123 eventos de orden público en la región.
También la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió en su momento “hacer una intervención estructural en el Cauca con una presencia integral del Estado”. El Espectador intentó consultar a los mandatarios locales del Cauca y Argelia, para hacer un balance de lo sucedido tras la operación, pero no hubo respuesta.
En ello coincidió el general Erick Rodríguez, jefe del Comando Conjunto Número 2 Suroccidente de las Fuerzas Militares. Dijo que los proyectos del Gobierno Nacional “no son de días ni de semanas, sino de meses”.
Por eso es difícil lograr celeridad en promesas hechas al territorio, como la construcción de la plaza de mercado, un hospital y una ampliación a su colegio, que atiende a 1.428 estudiantes. “Esas soluciones no son de un día, pero sí estamos necesitando acciones más rápidas”, expresó.
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La guerra continúa
Doce días después de la operación militar, un combate de más de cuatro horas entre guerrilleros del frente Carlos Patiño, y tropas del Ejército, causó el desplazamiento de al menos 100 personas, según la Unidad para las Víctimas.
Alias Farley, otro líder del EMC en la región, reunió el 16 de octubre a los habitantes del cañón del Micay en la vereda Agua Clara para llamarlos a organizarse en contra de las Fuerzas Militares. Por su parte, el Ejército informó que les estarían ofreciendo $500 a menores de edad para transportar explosivos y ubicarlos cerca a sus tropas; y el gobierno anunció que aumentará el pie de fuerza.
Sin embargo, sin ninguna muestra del Estado para garantizar sus derechos, a la población civil no le queda otra opción que acostumbrarse a vivir junto al riesgo que representa caminar al pie del Ejército, pues una Operación como Perseo sigue reforzando su desprotección ante una guerra ajena.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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