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Inició 2024 y, con el nuevo año, la etapa medular del gobierno de Gustavo Petro. La Unidad de Restitución de Tierras, una entidad hija del Ministerio de Agricultura, espera ver materializados los proyectos que buscan afinar los procedimientos para la restitución, los cuales le permitan, como entidad, agilizar el trabajo, quitarles el embudo a miles de solicitudes y favorecer integralmente a los miles de víctimas de despojo durante el conflicto armado. Hay mucho trabajo por hacer. Según el más reciente informe de la Fundación Forjando Futuros, veedor del proceso de restitución, la meta nacional sigue estancada en el 4,9%, desde que, en 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos estableció como objetivo el resarcimiento de 300.000 familias.
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Por ello, uno de los intereses más marcados de la Unidad de Restitución para este año es darle vida al proyecto de Ley del congresista David Alejandro Toro, quien busca reformar parte de Ley de Víctimas, de 2011, con la que nació la entidad. El proyecto, que ya superó su primer debate, permitiría a la Unidad tener las funciones de un juez y decidir por su cuenta en procesos donde las víctimas solicitantes no tienen opositores en los terrenos que desean recobrar. En síntesis, la idea es que quienes piden tierra y no tienen rivales judiciales, pero cuyos casos de todas maneras son conocidos por jueces, reciban directamente a través de una resolución la titularidad del predio solicitado.
La directora jurídica de la Unidad, Paula Villa, aseguró que ve “grandes oportunidades en el proyecto”, el cual, además, fue concertado con el mismo Toro. Según Forjando Futuros, el 70% de los casos no presenta oposición, por lo cual, es casi que urgente aprobar el proyecto de ley lo más pronto posible. Otra de las razones es, además, el represamiento casi absoluto que existe en la etapa judicial (la cual conocen los jueces), que debería demorarse solo 120 días, pero que en el 99% de los casos, excede el término. El congresista Toro, de otro lado, estima que, si no se aprueba la ley, en los nueve años que le quedan a la Ley de Víctimas solo se podrá avanzar en otro 4% de la meta nacional.
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Sin embargo, durante el primer debate las argumentaciones fueron divididas. Por ejemplo, el procurador delegado para la restitución de tierras, Germán Robles, sugirió buscar soluciones para acelerar los procesos dentro del marco legal actual. Explicó que, si ha sido complicado cumplir las sentencias de los jueces, “no se alcanza a pensar con las decisiones que imparta la Unidad”, y que el proceso, como está, es más garantista para los opositores. Asimismo, el defensor delegado para asuntos agrarios y tierras, Carlos Aurelio Merchán, agregó que hay casos dentro de las 6.000 sentencias expedidas sin opositores, en los que nunca se identificó ese ocupante, quien luego ha reclamado sus derechos y ha impedido la entrega material a los solicitantes.
Además, 2024 es el año en el que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) empieza a andar con respecto a los cambios que planteó el presidente Gustavo Petro en restitución. El primero de ellos, es una adición al artículo de la Ley de Víctimas que ofrece la garantía a los restituidos de obtener una compensación en especie y una reubicación. Por ejemplo, un solicitante puede pedir que le entreguen una finca lejos del lugar donde lo despojaron, si la misma zona permanece en conflicto armado. Con el nuevo PND, si se trata de un bien baldío inadjudicable, la víctima también tendrá derecho a una compensación y a su reubicación en otra zona del país.
Para explicarlo mejor, la Unidad podrá gestionar la compensación de víctimas de despojo en cuyos territorios se encuentren ciénagas, playones y otros bienes baldíos. Estas zonas, hasta el 2022, eran consideradas inadjudicables y sus condiciones no permiten la posibilidad de otorgar un título de propiedad. El cambio se hará efectivo una vez la Corte Constitucional termine de deliberar su examen sobre la integridad del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro.
El otro cambio se relaciona con el artículo que define el contenido de las sentencias de restitución, que tienen la misma equivalencia a un título de propiedad para los restituidos. En estas se incluye, por ejemplo, los linderos a los que se hace acreedor el solicitante y las medidas de reparación que están a cargo de la Unidad y otras entidades locales y regionales. Ahora, además, se les hará reconocimiento a los segundos ocupantes como sujetos de derechos. Es decir, habrá mayores beneficios para quienes estaban ocupando el bien restituido de buena fe y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica.
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Entre las condiciones para acceder a los derechos está que esos segundos ocupantes de buena fe “no tengan o hayan tenido nexos directos o indirectos con los hechos que dieron lugar al despojo o abandono forzoso”. El Estado les garantizará, entre múltiples medidas, el acceso a otras tierras, a proyectos productivos y a subsidios de vivienda rural. Los jueces de Restitución deberán pronunciarse sobre los nuevos beneficios segundos ocupantes y no, como estaba pasando, dejar tales reparaciones a su potestad.
Por último, la Unidad está a la expectativa de que inicien los debates en Cámara de Representantes del proyecto de ley que cambiará la Ley de Víctimas, y que fue impulsada por la Unidad que lleva su nombre. Entre otros aspectos, “se establece un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las órdenes de restitución de tierras”, como lo establece la Unidad de Víctimas. El rezago está en que, aunque se les entregan los bienes a los restituidos, no se están cumpliendo todas las órdenes de los jueces, las cuales son amplias, como cobertura en salud, proyectos productivos, o inclusión en instituciones educativas para las víctimas. Y con estos cambios, la Unidad de Restitución espera un 2024 más ágil para sus procesos y que fortalezca la estadística de resultados de aquí en adelante.
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