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El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dijo que el caso ya está siendo analizado, para determinar si hubo o no vicios de alguna naturaleza en la ejecución del fallo.
El magistrado indicó que las versiones de prensa a través de las cuales se han denunciado demoras en la notificación para las partes, entre otras posibles inconsistencias señaladas por los afectados, son suficientes para someter a análisis lo actuado por parte del juez.
Según la concejal de Bogotá, Gilma Jiménez, los intervinientes sólo fueron informados de la rebaja, dos meses después de emitido el fallo, lo que habría impedido que se hubiera hecho uso de los recursos procesales necesarios para impugnar la decisión.
Para el magistrado Claros Polanco, quien preside la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es preciso esclarecer por qué se produjo la rebaja en la condena, de 27 a 13 años de prisión si hubo o no conductas punibles por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Bogota y los demás funcionarios judiciales que conocieron del caso.
"Hay la denuncia, efectivamente, hay una rebaja en la condena; hay que revisar el porqué se efectuó la rebaja en la condena, en este caso que ha sido tan criticado, y si hay responsabilidad en el estudio que se haga juicioso, en el proceso que se va a adelantar (…), pues allí se determinarán las sanciones que haya lugar, precisamente, para los funcionarios", aclaró el magistrado.
Ruddy Alonso Suárez había sido encontrado culpable del delito de homicidio agravado que, en segunda instancia, fue cambiado por el de homicidio simple, fallo que despertó el repudio de los familiares de la pequeña, Katherine Huertas Vanegas, violada y asesinada hace cinco años.
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