“Estupefacientes acabó con mi vida”

El miércoles 2 de mayo de 2007 la historia de vida de Laurentino Pineda Sierra se partió en dos por culpa de un error inconcebible de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Desde entonces, aparece rotulado como un narcotraficante más de bajo perfil contra quien se ordenó la extinción del dominio de uno de sus predios. Reputado fabricante de muebles (fue proveedor del Congreso durante 18 años y de otras entidades estatales), este hombre de 57 años está endeudado hasta el cuello, no tiene una familia, no duerme bien y su nombre ahora es sinónimo de sospecha, ha adelgazado cinco kilos y la diabetes que padece ahora es crónica —se le disparó el azúcar y un médico le prescribió insulina—.

“Estupefacientes acabó con mi vida, mi honra, mi salud, mi familia, con todo”, dice Pineda, con tono resignado. Ese 2 de mayo, un funcionario de la DNE digitó erróneamente el número de matrícula inmobiliaria para iniciar —en el marco de la operación ‘Tango’— la extinción del derecho de dominio sobre bienes pertenecientes a Dessy Higuera, ubicados en la carrera 55 Nº 68-48, de Bogotá. Sin embargo, la DNE involuntariamente confundió el número de matrícula y afectó con esa medida al inmueble de Laurentino Pineda Sierra, localizado en la calle 80 Nº 33-21, y provisionalmente entregó la administración del predio a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

Después de más de dos años de insistir en la tremenda equivocación de la DNE, ésta le ha significado a Pineda la imposibilidad de vender el inmueble, avaluado en $680 millones, cuyo dinero le permitiría salir temporalmente de la difícil situación económica en la que está sumido por una equivocación. “Tengo una fábrica de muebles y he vendido unos lotes, una finca y unos contenedores para pagar deudas e intereses que tengo por una hipoteca. Entonces, lo último que tengo para vender es este predio para pagar mis deudas, pero no he podido y me enfermé”, relata.

El abogado Jorge Luis Gómez Caro, apoderado de Pineda, dice que el error de la DNE “es una sindicación indirecta en el grado de la comisión del delito de narcotráfico, lavado de activos y conexos, que ha sometido al señor Laurentino Pineda al escarnio público y a la pérdida de su prestigio como persona y comerciante honorable”. Por eso, en una primera estrategia jurídica que parcialmente dio sus frutos, interpuso una tutela para protegerle a su cliente sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, el debido proceso, la protección personal, el hábeas data, la protección integral de la familia, la salud, a la propiedad privada y la libertad económica, los cuales fueron tutelados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la pretensión encaminada a que se ordenara borrar el error mencionado en la anotación Nº 14 en el folio de matrícula inmobiliaria de su predio fue negada por ambos tribunales argumentado que de aceptarse tal petición la DNE incurriría “en un falsedad de documento público por supresión”, lo que significa que la anotación del organismo estatal quedará en el historial del inmueble como si alguna vez hubiera sido utilizado para actividades de narcotráfico o para lavar dineros ilegales.

“El hecho de haber anotado la limitación al dominio de una propiedad, aunque erróneo, tuvo existencia y tal circunstancia no puede variarse, a pesar de que sí es posible modificar sus efectos como ha ocurrido”, dijo en su fallo la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la segunda estrategia jurídica de Pineda consiste en demandar a la DNE y al Ministerio del Interior para que, a través de una acción de reparación directa ante un juez, se indemnice por los millonarios daños materiales y morales producidos por el absurdo error de la DNE.

“A nosotros ya no nos interesa el predio, que la DNE se quede con él. Buscamos es que nos den el valor del edificio en dinero, más lo que se pruebe por los daños materiales y morales producidos contra el señor Pineda y su familia”, concluyó el abogado Gómez Caro. Mientras en los tribunales judiciales se sigue debatiendo la equivocación de la DNE, este empresario sigue sufriendo en carne propia la separación de su esposa —hace un año lo dejó—, así como la pérdida de su prestigio personal y comercial que hoy lo tiene en la ruina económica.

El Espectador se comunicó con el subdirector de la DNE, Ómar Figueroa, quien se mostró extrañado por lo sucedido, pero prefirió no emitir concepto alguno frente a este espeluznante caso que recuerda el célebre libro El proceso, de Kafka.