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Durante más de nueve horas, funcionarios públicos, magistrados y académicos participaron de la audiencia pública que convocó la Corte Constitucional para el estudio del expediente del Acto Legislativo para la Paz, el mismo que avaló en diciembre del año pasado el modelo de fast track.
“El Acto Legislativo para la Paz sustituye la Constitución, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de rigidez”, explicó el senador del Centro Democrático Iván Duque, quien llevó la vocería de los demandantes. Dijo, además, que con el acuerdo conseguido por la guerrilla y el Ejecutivo se está “relativizando la justicia”, pues cualquier violación grave a los derechos humanos merece una pena de prisión.
Por su parte, los representantes del Gobierno, a la cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, le pidieron a la Corte que no tenga en cuenta los argumentos de la demanda.
Jaramillo recordó que el fast track es uno de los elementos cruciales para la implementación del acuerdo, pues, si se tramitaran las leyes y los decretos con los tiempos que normalmente se necesitan, las Farc no podrían permanecer en las 26 zonas de concentración.
Otro de los intervinientes fue el procurador Fernando Carrillo, quien se apartó por completo de lo que la procuraduría de Alejandro Ordóñez había planteado ante la Corte el año pasado, cuando dijo que el Acto Legislativo era inconstitucional. “Estamos convencidos que se cumplen con los condicionamientos que fija la propia Constitución para que se ponga en marcha la implementación legislativa”, expresó el procurador.
Con la realización de esta audiencia se espera que en las próximas semanas el magistrado Lizarazo presente un proyecto de fallo a sus compañeros de la Corte para debatir en la Sala Plena el futuro del fast track y de las facultades extraordinarias del presidente.
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