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La jueza 34 de garantías se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado, en el segundo proceso que se le adelanta por el denominado ‘carrusel de la contratación’.
En su decisión, la funcionaria judicial consideró que no se pudo inferir que el excabildante representa un peligro para la sociedad y en libertad puede obstruir la recta administración de justicia.
En este sentido señaló que en la petición el fiscal del caso no sustentó de debida forma la gravedad de las conductas en las que habría incurrido el exconcejal en el marco de la licitación de los contratos de la malla vial durante la administración de Samuel Moreno.
A primera hora de este martes, Camacho Casado aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias en servidor público en concurso con cohecho impropio hecho que fue destacado por la administradora de justicia que aceptó además el argumento sobre el reintegro de los dineros que habría recibido el entonces concejal.
Ante esto, el excabildante distrital esperará en libertad la citación a la audiencia en la cual se conocerá el monto de su condena. Igualmente en su contra se adelanta otro proceso penal por las irregularidades en el contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá por lo que ya firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía.
«Durante 2009 usted señor Camacho Casado, utilizó indebidamente influencias de su ejercicio como concejal, con el fin de que el entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández, favoreciera a varios contratistas que participaban en procesos licitatorios de malla vial en la ciudad», precisó el fiscal del caso en la audiencia celebrada este lunes.
En este sentido señaló que «su influencia que atenta contra la transparencia de la contratación pública obedeció a las irregularidades de la Unidad de Mantenimiento Vial para que se nombraran funcionarios que dirigieran los contratos de malla vial. Hubo una influencia para el beneficio suyo a través de actos ilegales para favorecer contratistas».
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