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A través de una oficina paralela del Instituto de desarrollo Urbano, IDU, con la complicidad de su exdirectora Liliana Pardo, se habría fraguado el millonario fraude que sufrió el Distrito a través de la contratación de obras viales, concluyó la Corte Suprema de Justicia.
Según el auto de imposición de medida de aseguramiento contra el suspendido senador Iván Moreno, el exdirector Técnico y Jurídico Inocencio Meléndez también estaba al tanto de las irregulares negociaciones que se adelantaban en un hotel de Bogotá.
Adicionalmente, dice el alto tribunal, las grabaciones aportadas al expediente parecen demostrar que el parlamentario y su hermano, el alcalde de la capital Samuel Moreno exigieron dádivas para favorecer a los contratistas que ganaron las licitaciones, como los primos Nule.
Al parecer, Iván Moreno Rojas operaba en esta plataforma a través de varios intermediarios, quienes habrían logrado los supuestos acuerdos para el pago en efectivo de algunas coimas, así como la cesión de áreas exclusivas en la ruta Bogotá – Girardot.
Por estos hechos, la Corte Suprema está próxima a calificar el mérito de la actuación adelantada contra Moreno y el también excongresista Germán Olano Becerra, sindicados de desplegar el tráfico de influencias que derivó el concesión de las obras por parte del IDU en favor de los Nule.
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