Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En junio pasado, Osorio se entregó a las autoridades en Cereté (Córdoba), atendiendo a una orden de captura proferida por la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía.
El proceso judicial contra el exgobernador está relacionado con su participación en el despojo de cientos de hectáreas de tierras en el Urabá antioqueño y cordobés. Su papel como gerente del fondo habría consistido en contribuir a legalizar las transacciones violentas e irregulares que lideraba Sor Teresa Gómez, una familiar de los Castaño Gil, para quedarse con las fincas de decenas de familias campesinas. En una entrevista concedida a VerdadAbierta.com a finales de 2013, Osorio aseguró que la participación del fondo en el despojo de tierras era “un compromiso adquirido por el entonces presidente de la junta directiva, Benito Molina, con Vicente Castaño, para comprar tierras en zonas de influencia de las Auc”. Y agregó que “la junta no se opuso porque también quería comprar tierras que no pasaran de los $500.000 por hectárea. Y eso no se conseguía en ninguna otra parte que no fuera el Urabá antioqueño”.
A comienzos de este año, la colaboración de Osorio con las autoridades permitió la captura del gerente liquidador del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Sotomayor Hogde; el máximo accionista de la entidad, Benito Molina Laverde; sus exdirectivos Orlando Fuentes Hessén y Luis Gallo Restrepo; el notario tercero de Montería, Miguel Puche Yáñez; Lía del Carmen Hurtado López, quien fungió para la época como notaria de San Pedro de Urabá, y Guido Manuel Vargas y Marco Fidel Funnieles, intermediarios en la compra forzada y subalternos de Sor Teresa Gómez, entre otras personas a quienes la Fiscalía acusa de hacer parte de esa empresa criminal.
Conoce más