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El exgobernador del Meta Alan Jara busca ser reparado con el pago de 8.070 millones de pesos, a fin de no demandar a la institucionalidad, por daños y perjuicios originados a consecuencia del secuestro del que fue víctima a manos de las Farc.
El dirigente fue interceptado por insurgntes cuando acompañaba a una delegación de la Organización de las Nacionaes Unidas, ONU, tras cual fue avocado a un largo cautiverio que culminó en enero de 2009, casi ocho años después de se retención.
El dirigente consideró que hubo fallas graves y latentes en la seguridad que las fuerzas coercitivas del Estado deben brindar a la ciudadanía, frente a este evento; para él, la falta de previsión, en ese sentido, derivaron en su drama.
Jara recobró su libertad junto a un grupo de uniformados y el exdiputado del Valle, Sigifredo López, luego de la gestión adelantada por la exsenadora Piedad Córdoba, como vocerca de la «Comisión de Colombianos y Colombianas por la Paz» ante la guerrilla de las Farc.
La Procuraduría convocó a los ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa; al Depatamento Administrativo de Seguridad, DAS; a la Policía y al Ejército Nacional, para que hagan un acuerdo amistoso con el afectado, a fin de evitarse un pleito ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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