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El exgobernador Óscar Barreto, a cargo del departamento del Tolima en dos períodos recientes, irá a juicio por presuntas irregularidades en 12 contratos para educación y vivienda de interés social en la región, acuerdos que delegó a nueve de sus secretarios entre 2008 y 2011. Según la Fiscalía, Barreto sería responsable por no hacerles debido seguimiento a unas obras que fueron entregadas a un solo contratista, que en seis oportunidades presentaron retrasos y, además, que habrían favorecido económicamente a un aliado político y a la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo) por más de $230 millones.
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El político conservador, quien en el Tolima tiene a su favor al denominado “movimiento barretista”, fue llamado a juicio el pasado 11 de mayo por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos. Entre el 28 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, cuando fue gobernador por primera vez, habría omitido su deber de vigilancia y control tras dejar en manos de sus secretarios millonarios recursos públicos para infraestructura. Los funcionarios, entre ellos Agustín Pinto, contrataron en exclusiva a la entidad sin ánimo de lucro Prohaciendo, entonces representada por Luis Alberto Cabrera.
Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2008 se firmó el convenio interinstitucional 1150, con el cual se construyeron viviendas de interés social por un valor de $668 millones, de los cuales la Gobernación aportó $595 millones y Prohaciendo casi $73 millones. Lo mismo se hizo para los otros 11 convenios, en los cuales las entidades distribuyeron valores. El convenio 1377, por otro lado, del 30 de diciembre de 2008, se firmó para construir viviendas a favor de desplazados en El Espinal. Las intervenciones se hicieron, con suspensiones en seis oportunidades –según la Fiscalía–, en Planadas, Rovira, Natagaima, Fresno, Cajamarca, Rioblanco, Venadillo, San Luis y Alpujarra.
En total, la Gobernación de Tolima aprobó 12 acuerdos interinstitucionales, en los que aportó alrededor de $4.400 millones. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, no habría escrito alguno en el cual se “reconociera la idoneidad” de Prohaciendo como único contratista. Y esa sería la primera violación al Decreto 777 de 1997, del Ministerio de Hacienda, con el cual se reglamenta la contratación del Estado con entidades privadas sin ánimo de lucro. El ente investigador sostiene, por otro lado, que en dos acuerdos firmados en 2009 no se exigió la construcción de una póliza de garantía para el buen manejo y correcta inversión de los anticipos.
Por otro lado, según la Fiscalía, en tres obras se incluyó como una de las obligaciones del departamento realizar interventoría. Sin embargo, la Gobernación de Barreto nunca la habría contratado. “En los convenios 716, 717 y 718 de 2011 no se incluyeron cláusulas sobre el interventor, pero luego de suscrita el acta de inicio, su ejecución tuvo que suspenderse más de dos meses mientras se contrataba la interventoría, lo que denota también una clara falta de planeación”, agrega la acusación. El abogado Raúl Cadena Lozano, representante de Barreto, asegura que el político no tiene responsabilidad por las posibles irregularidades.
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“Nos compete a nosotros como defensa, primero, probar que la delegación se hizo. Segundo, que mi cliente ejerció los controles legales correspondientes. Y tercero, que no es tan cierto que la contratación no haya cumplido su finalidad en los convenios de referencia. Es más o menos lo que le está pasando al doctor Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia imputado el pasado 5 de mayo). Él delega unas funciones –porque un gobernador no lo puede llevar todo– para que ellos adelanten contrataciones sobre diversas índoles y que por lo general recaen en los secretarios del despacho”, explicó Cadena.
El precandidato presidencial Fajardo es investigado porque, como gobernador de Antioquia en 2013, suscribió un contrato de préstamo con el que pretendía cubrir deudas con entidades bancarias, a cambio de asumir una más grande con Corbanca. La Fiscalía reprocha que Fajardo se comprometió a pagar en dólares, sin tener en cuenta la volatilidad de la moneda extranjera, la cual incrementó su preció casi en un 50 % en dos años. El abogado Cadena sostiene que, a pesar de que delegar funciones no exime de responsabilidad a ambos políticos, en el caso que involucra a Barreto demostrará que su cliente ejerció los controles correspondientes.
Entre los elementos que Cadena deberá debatir en juicio está el principio de trasparencia del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, al parecer, vulnerado por la Gobernación de Tolima. La Fiscalía acusa que Barreto permitió que se le entregaran los convenios a un solo contratista, sin acudir a un proceso de licitación pública. Tampoco se habrían elaborado estudios previos adecuados y, en ocho contratos, se habrían entregado anticipos por el 90 %, cuando la ley permite que se entregue máximo el 50 %. Por otro lado, el político conservador se habría interesado indebidamente a favor de un viejo aliado en la región.
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Se trata de Diego Fernando Rodríguez, de quien la Fiscalía dice aportó $24 millones a la campaña de Barreto como gobernador para el período 2008-2011. Según la investigación, Barreto habría permitido que todos los convenios quedaran en manos de Prohaciendo, que a su vez subcontrató a una empresa –no mencionó el nombre– del ciudadano Rodríguez, quien a través del acuerdo de obra COC-262009 recibió $429 millones. Incluso, la Fiscalía asegura que tal habría sido el descuido de Barreto con los dineros públicos, que permitió que Prohaciendo, hoy en cabeza de Teodoro Barragán y no de Luis Alberto Cabrera, se apropiara indebidamente de más de $230 millones.
“Estamos en épocas preelectorales donde por un simple rastreo se puede establecer que se incrementan las investigaciones, se incrementan las denuncias, y obviamente siempre se trata de sacar al contradictor político en este momento. El doctor Óscar Barreto goza de una popularidad que muchos desearían tener en el departamento del Tolima y obviamente es polenta a sus contradictores políticos, máxime cuando él proviene de una casa conservadora. Y el Tolima siempre ha sido identificado como un departamento liberal”, concluyó el abogado Cadena.
El exgobernador Barreto, quien en su primer mandato aseguró ser el gobernador “más uribista del país”, enfrentará la reciente acusación mientras a su vez está en juicio oral por otro expediente, en el cual la Fiscalía lo vincula por los delitos de prevaricato por omisión, contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación agravado. El ente investigador lo llamó a juicio en septiembre de 2017 por supuestas irregularidades en un convenio de cooperación y asistencia técnica entre la Gobernación del Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, en 2007, para mejorar la educación del departamento.
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Desde el principio Óscar Barreto se declaró inocente por esa investigación, a la cual fue vinculado tras un seguimiento de las autoridades al contrato 336, para la dotación tecnológica de instituciones educativas, firmado por el anterior gobernador Fernando Osorio -también en juicio-, pero continuado por la administración de Barreto. La Fiscalía reprocha a ambos políticos que el acuerdo no cumplió con los objetivos establecidos, entre ellos entregar sillas e impresoras a varios institutos del departamento. También la Gobernación del Tolima se comprometió a capacitar rectores y directores de los centros educativos, estrategia que habría quedado solo en el papel.
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