Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, seguirá en la cárcel

La exgobernadora de La Guajira continuará privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor en la capital de la República mientras se le adelanta el juicio por las irregularidades que rodearon la celebración y ejecución de millonarios contratos para reducir la mortandad infantil en el municipio de Albania, cuando fungió como alcaldesa.

En los próximos días la Fiscalía General la acusará formalmente a Pinto Pérez por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.  En la celebración del contrato se habrían presentado adiciones por un valor superior a los 8 mil millones de pesos.

Para el ente investigador, Pinto montó una “empresa criminal” con el único fin de desviar esos millonarios recursos y beneficiarse políticamente. Haciendo uso de su poder e influencia política en la región montó en la Alcaldía de Albanía para el periodo 2008 a 2011 a Yan Keller Hernández, quien trabajaba como su escolta y conductor personal. (Ver Oneida Pinto creó una “empresa criminal” en la Alcaldía de Albania: Fiscalía)

Fue en la administración de Hernández que se firmó el contrato por un valor a los 6.800 millones de pesos con la ESE Hospital San Rafael de Albania. En 2011, Pinto Pérez es elegida como alcaldesa y es en ese momento se autorizan millonarias, e injustificadas, adiciones al mencionado contrato. (Ver «Soy inocente de todo»: Oneida Pinto tras su captura)

El ente investigador sostiene que la entonces alcaldesa conformó una «empresa criminal» direccionando la entrega de millonarios contratos con el único fin de beneficiarse económica y políticamente. Mediante la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos números 008 y 006, Pinto utilizó recursos públicos con el único fin de garantizar un apoyo a su candidatura a la Gobernación en 2014.

«Sólo tenía el objetivo de conseguir dineros para su campaña política», precisó el fiscal de la unidad anticorrupción durante la audiencia de imputación de cargos. Consideró que ella misma seleccionó a los 1.600 subcontratistas para ejecutar los convenios pese a que estas personas no tenían ningún tipo de experiencia en temas de atención a menores de edad.

En la ejecución del millonario contrató el Hospital San Rafael de Albania contactó a la contratista Cleofe Piedra, quien subcontrató a 10 particulares, quienes a su vez subcontrataron a otros 1.459 personas. Esto con «la única finalidad de objeto, colaborarle a la señora Oneida Pinto, económica y políticamente en la campaña electoral que se avecinaba». 

Según el escrito de acusación el objetivo del contrato nunca se cumplió, señalando que no existen informes que demuestren la inversión del capital para los programas de salud y alimentación de los niños y niñas en el municipio. (Ver «Oneida Pinto se inventó el programa con el fin de sacar recursos para su campaña»: Fiscal)

Pinto Pérez fue capturada en marzo de 2017 en el noroccidente de Bogotá cuando salía a comprar víveres. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó en su momento que la petición se hizo debido a los constantes incumplimientos y aplazamientos en los que había incurrido la exmandataria frente a las citaciones de la justicia.

Detalló además que en su contra existe una investigación por presuntamente haber estado detrás de las amenazas de muerte en contra del superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez cuando fungió como gobernador encargado de La Guajira después que la elección de Pinto Pérez fuera anulada por el Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades.