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Cuatro años después de la avalancha en Mocoa, que el 31 de marzo de 2017 dejó 339 muertos, se vuelve a mover el proceso contra quien para entonces era la gobernadora de Putumayo: Sorrel Parisa Aroca. En la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, el fiscal 10 delegado presentó el escrito de acusación en su contra y la llamó a juicio en mayo pasado por el delito de homicidio culposo. Según detalla el ente investigador en el documento de 55 páginas, conocido por El Espectador, de no haber incurrido en una serie de posibles omisiones, la exfuncionaria y su equipo podrían haber evitado la tragedia. Aroca se ha declarado inocente.
La acusación empieza relatando que la conjugación de una lluvia intensa de tres horas y la saturación del agua de las laderas de Mocoa detonaron cientos de movimientos en masa que generaron represamientos parciales en algunos puntos en las quebradas Taruca y Taruquita, generando incremento en los volúmenes de agua que terminaron rompiendo infraestructuras y causando el incremento del caudal que arrasó con todo lo que encontraba a su paso. En esa noche los putumayenses conocieron la furia de la naturaleza luego de quedar sin luz y ver destruidos por completo los barrios San Miguel, San Fernando y El Progreso, y dejando afectaciones en 30 lugares más.
Pese a que la tragedia fue producto de un fenómeno natural, la Fiscalía rápidamente señaló una posible responsabilidad de la entonces gobernadora. “Sorrel Aroca, en su condición de gobernadora del departamento de Putumayo, omitió culposamente llevar a cabo las medidas necesarias que estaba obligada a adelantar en el marco de sus competencias legales y constitucionales para evitar las muertes que se produjeron con ocasión del fenómeno natural el 31 de marzo en Mocoa, a pesar de que estas eran previsibles, por cuanto conocía el grado de amenaza y riesgo inminente en que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas”.
Para la Fiscalía, está claro que Aroca conocía que había altas probabilidades de un desastre como el ocurrido, de ahí que considere que las muertes de las 339 personas eran previsibles, ya que las autoridades departamentales y municipales conocían que las características de la quebrada Taruca y su ubicación ponían en riesgo a la población de Mocoa. Por un lado, porque existía un historial de eventos que dejó torrenciales, movimientos y deslizamientos, y, por otro lado, estaba el antecedente de 2014, cuando un fenómeno natural puso en estado de alerta y zozobra a la población y a la Gobernación, al punto de obligarlos a implementar un plan de acción.
Producto de ese plan de acción se hicieron monitoreos a las cuencas hídricas, se instaló un sistema de alertas tempranas y se realizaron estudios técnicos con el fin de identificar a ciencia cierta el grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la que se encontraba la población. Esta contratación no tenía otro fin que adoptar medidas de prevención, preparación y mitigación cuando fuesen necesarias. Pese a que existieron, según la Fiscalía, estudios parciales que dejaban ver el riesgo latente en esa zona del departamento, la entonces gobernadora, al parecer, “incomprensiblemente ignoró” las alertas.
Lo que le reprocha la Fiscalía a Aroca es que pese a que los estudios indicaban que el nivel de pluviosidad detonaría en una avenida torrencial y que los más de 30 barrios se verían afectados, ella, supuestamente, decidió omitir los llamados del Plan de Acción. “Consciente de la importancia que revelaban los estudios referidos luego de haberse puesto a disposición de la Gobernación los informes finales del contratista, en agosto de 2016, esto es ocho meses antes de la tragedia, Sorrel Aroca no les dio trámite administrativo diligente, ni cumplió con sus deberes de coordinación, ni ejecutó ninguna acción preventiva de mitigación frente al evento previsible”, dice la acusación.
Para el ente investigador, la entonces gobernadora tampoco socializó con la ciudadanía los peligros a los que se enfrentaban en caso de que se presentaran intensas lluvias en el departamento. “De haber actuado oportunamente y cumplido con las recomendaciones contenidas en el estudio técnico del cual tuvo conocimiento con mucha anticipación, las muertes ocasionadas por la avenida torrencial se hubieran podido evitar de forma efectiva, si se hubiesen dispuesto, como mínimo, la implementación de pluviómetros, un sistema de alerta temprana y un plan comunitario socializado y coordinado con la comunidad”, continúa el documento.
La Fiscalía le recordó a Aroca que como gobernadora tenía la responsabilidad de garantizar la vida de la población asentada en lugares de alto riesgo. Aseguró que, si bien la avalancha fue generada por un factor de la naturaleza, Aroca debía prevenir que una situación culminara en la muerte de 339 personas y la destrucción casi total de la capital de Putumayo. Por lo anterior, el ente acusador consideró que la exfuncionaria omitió culposamente llevar a cabo las medidas necesarias que estaba obligada adelantar para proteger a la ciudadanía. “Violó el deber objetivo de cuidado”, dijo la fiscal.
En diálogo con El Espectador, el abogado de Aroca, Víctor Zuluaga, anunció que tiene las pruebas para controvertir las acusaciones de la Fiscalía y que las dará a conocer en juicio. “Es temerario que a un funcionario público lo procesen por una tragedia que dejó un fenómeno natural”, aseguró el defensor. El proceso está en el despacho del magistrado Ariel Torres y para los próximos meses comenzarán las audiencias preparatorias de juicio. Cuatro años después de la tragedia la justicia por fin avanza para esclarecer lo ocurrido.
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