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Los excongresistas del Partido Liberal Jorge Eduardo Géchem, Consuelo González de Perdomo y Orlando Beltrán, secuestrados durante más de siete años por las Farc, siempre han tenido el pálpito de que sus plagios habrían sido instigados por políticos del Huila para sacarlos a las bravas del escenario del poder local. Durante su cautiverio un guerrillero les confesó que así había sido y que sus contradictores políticos en la región fueron los que azuzaron a la guerrilla para que ejecutara esas retenciones ilegales. Desde entonces han cargado la espinita, pero sin pruebas ni testigos, esa posibilidad no era más que una conjetura discutida muy reservadamente en el interior de sus familias. Hasta ahora. Un exmiembro de la columna móvil Teófilo Forero declaró ante la JEP que, en efecto, hubo políticos y civiles en la trasescena de muchos secuestros. (“Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y dignidad”: Farc a víctimas de secuestro)
Se trata del exguerrillero Yesid Alexánder Torres Rojas, quien compareció ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz el 8 de agosto de 2019. Su versión, en poder de El Espectador, resultaría clave para reconstruir la verdad de unos de los capítulos más oscuros de las Farc. En su declaración, Torres Rojas contó que nació en la región cocalera de Zabaleta, en Caquetá, en zona de influencia del frente 49 de las Farc, y que desde los 13 años empezó a tener contacto con la guerrilla y los campamentos. En 1998, a sus 20 años, ingresó a la columna móvil Teófilo Forero y se convirtió en asesino. “Poco a poco me volví sicario y ya posteriormente me presentaron al Paisa Óscar”, relató. Se refería a Hernán Darío Velásquez, entonces comandante de la Teófilo y hoy jefe de las disidencias de Iván Márquez y compañía.
De acuerdo con su relato, alias el Mocho y el Paisa le dieron órdenes de asesinar a distintas personas en Huila y Caquetá, algunas de las cuales trabajaban con el Estado. “Cuando me mandaban a ejecutarlos los mataba ahí mismo o en la casa, donde estuvieran (…). En algunos casos, cuando querían que no se supiera que era la guerrilla, entonces les disparábamos con escopeta para decir que tenían enemigos, pero en verdad eran las Farc”. Durante siete años, hasta 2005, perpetró toda clase de crímenes, pero se especializó en secuestros. El testigo, que estuvo 13 años detenido por distintos procesos, señaló que uno de los personajes claves para la Teófilo era el empresario Ricardo Falla, capturado en noviembre de 2017 junto con su primo Hernando Falla, señalados de testaferros de la guerrilla. Tenían bienes valorados por las autoridades en $105 mil millones.
En su testimonio, Torres Rojas explicó cómo funcionó durante años la cadena de extorsiones para financiar la máquina de guerra de la Teófilo. Y allí, según dijo, civiles se habrían prestado para señalar a posibles víctimas a cambio de que la extorsión no fuera tan alta. “Eso es una cadena alimenticia por así decirlo: Ricardo Falla, alias Gasolino, testaferro de la Teófilo Forero, averigua los personajes en la ciudad y le llegaba a El Paisa: ‘Este se puede extorsionar, a ese se le puede pedir tanto’. Entonces nos daban la orden y secuestramos a ese fulano. ‘Bueno, necesitamos un aporte de 300 o 400 millones anuales, pero si usted me dice si algún amigo suyo se le puede pedir una contribución, a usted se le va a quitar 100 millones (…) Entonces para ahorrarse 100, echan al amigo por delante y así sucesivamente”, aseguró. (Exguerrilleros de las Farc aceptaron el delito de secuestro ante la JEP)
La función de Torres Rojas era ejecutar los secuestros. Previamente otra comisión ya tenía todos los datos de las víctimas, aunque a veces civiles los acompañaban para identificar “el objetivo”. Esos civiles eran simpatizantes de las Farc y cobraban el 20 % por cada plagio. El exguerrillero fue más allá: dijo que las Farc les pagaban a bandas delincuenciales que también secuestraban personas y se los entregaban a ellos. Luego empezó a contar detalles de los secuestros de dirigentes políticos del Huila. Empezó por Consuelo González. Y sin mucho rodeo declaró: “A la doctora ya la tenían radiada, o sea, ya la habían entregado los mismos compañeros, los políticos habían ido a la guerrilla para darle dedo”. Cuando la magistrada de la JEP le preguntó a quiénes se refería, contestó: “Fueron los Collado, Villalba y su gallada”.
En su confesión, Yesid Alexánder Torres añadió que en ese plagio hubo militares de la Novena Brigada del Ejército involucrados y también otra civil: Rosa Tulia Cuéllar, quien tiene una condena por el secuestro del sacerdote de Gigante (Huila) Guillermo Correa Ortiz, perpetrado por las Farc en agosto de 2000. Más adelante, cuando se le preguntó exactamente a qué Villalba se refería como supuesto enlace de las Farc, salió a relucir el nombre de Rocío Villalba. “Cuando dice Villalba, ¿a quién más incluye?”, interrogó la magistrada. “Hay familiares de ellos y todos iban a hablar por (sic) la guerrilla”, respondió Torres. En particular con los comandantes de la Teófilo el Mocho y el Paisa. Torres agregó que cuando se dio la orden del secuestro de González, eso fue “en bombas” porque “los Villalba, los militares y esta otra señora ya tenían la rutina de la doctora”.
Al revisar archivos de prensa, aparece reseñada en varios expedientes judiciales Sandy Rocío Villalba como supuesta cómplice de las Farc en secuestros como el del edificio Torres de Miraflores en Neiva, ocurrido en julio de 2001. Villalba es sobrina del exgobernador del Huila y actual senador Rodrigo Villalba. Aunque varios desertores de la guerrilla la señalaron en su momento e incluso llegó a estar detenida, posteriores retractaciones la favorecieron y terminó absuelta. Hoy su nombre vuelve a estar en entredicho por la versión de Yesid Alexánder Torres. En la declaración, repleta de detalles sobre cómo las Farc manejaron el narcotráfico en el suroccidente del país o cómo se salvó de dos atentados en la cárcel por estas confesiones, el testigo insistió en que los militares que participaron en esos plagios de personas de alto nivel dieron información clave y cobraban un 20 %. (La versión de las Farc sobre el secuestro)
Y a renglón seguido, contó por qué ha sido imposible capturar al Paisa. “Más de mil veces le he dicho al Estado que el Paisa Óscar compra mucho gobierno, demasiado. Imagínese que la Fuerza Aérea cada vez que lo van a bombardear lo llaman al satelital: ‘Van para allá, tal coordenada, saca a los de más confianza y deja allá dos o tres huevones ahí, que el bombardeo caiga y dé positivo’. Por eso al man nunca lo han cogido, compra mucha información”. Y puso el siguiente ejemplo para mostrar cómo era que operaba el comandante de la Teófilo: “Yo fui el autor de la toma de la cárcel de Rivera (Huila) en 2003. Se dieron $300 millones, $150 para el Ejército y $150 para la Policía, para los mandos, para que se corrieran por media hora mientras nosotros incursionamos y sacamos al personal. Entonces de ahí parte la corrupción”.
De vuelta a los secuestros de los políticos, la magistrada pidió que le entregara más detalles sobre los civiles que habrían promovido dichos delitos. Torres relató que hubo rivales políticos que definieron esas retenciones y explicó lo que pasó con Orlando Beltrán, por ejemplo. “Fue el comandante Orlando Ojitos él que llevó a cabo el secuestro del doctor Orlando Beltrán, también vendido por sus colegas políticos y (con) los mismos lineamientos: Gasolino y los militares”. El testigo manifestó que vio a esos políticos en el campamento de las Farc en Guayabal (Caquetá) hablando con el Paisa. “¿Y ellos cómo llegan?”, preguntó la magistrada. “En carro, con sombrero, gafas negras y ponchos”, contestó Torres. “¿Y quién era el político o los políticos que querían que secuestraran a Orlando Beltrán?”, insistió la magistrada. “Los mismos que le nombré, los Villalba”.
Posteriormente, Yesid Alexánder Torres aportó su versión sobre la toma del edificio Torres de Miraflores en Neiva, donde fueron secuestradas 13 personas, y dijo que hubo plata de por medio para que la Fuerza Pública no reaccionara a tiempo. “Eso doctora era una corrupción ni la berraca. El batallón de la Novena Brigada está ahí, el Distrito de la Policía, y nadie, nadie pegó un tiro”. Incluso contó que en un momento de la incursión armada se les perdió el Paisa y tuvieron que buscarlo por 20 minutos. “Nos demoramos unos 20, 25 minutos dando vueltas buscando a ese señor y no hubo reacción de policías. Ya cuando (nos) íbamos, donde dejamos las camionetas, en un sitio que se llama el Caguán, cuando dejamos la trocha, ya los aviones encima y helicópteros, pero ya qué, porque no reaccionaron cuando debían reaccionar”. (Íngrid responde a versión de las Farc sobre su secuestro: “Era venganza contra un ser humano”)
Torres Rojas recordó cómo se dio el secuestro del sacerdote de Gigante, Guillermo Correa Ortiz, ocurrido el 8 de agosto de 2000, y por el cual las Farc pidieron $500 millones por su liberación. “También la información la vendió la señora Rosa Tulia Cuéllar. Ella y su esposo me subieron al carro de ellos, fuimos y me lo mostró, o sea me mostraron al sacerdote. Estaban en una finca, una hacienda llamada Tapatío, ahí en Gigante, Huila. Ellos me lo mostraron, me devolví y me fui con los muchachos en motos y llegamos a la finca. Estaban ahí como en una fiesta”. De la misma manera, dijo que de no haber sido por el proceso de paz se estaría pudriendo en la cárcel y que por eso tiene la obligación con las víctimas de contar toda la verdad. “El daño que hice no tiene presentación, la embarré hasta donde más no pude”.
Además, aseveró que por sus confesiones se echó encima a las Farc. “Las Farc realmente sí manejan narcotráfico, yo personalmente estuve involucrado por orden de ellos; ellos tienen mucho dinero todavía guardado. Estoy contribuyendo, sabiendo que estoy exponiendo mi vida y no tengo problema con eso (…) Si me van a matar, pues que me maten y que yo muera haciendo las cosas bien”. Lo más grave de todo su relato es el señalamiento de civiles que se habrían beneficiado económica y políticamente de varios plagios en el Huila y las acusaciones de presunta corrupción o infiltración en la Fuerza Pública para permitir varias incursiones armadas de la Teófilo Forero en la región. Los abogados de los excongresistas secuestrados han pedido que Torres Rojas amplíe su testimonio y dé nombres más concretos de esos políticos.
Este diario consultó los archivos de Justicia y Paz de la Fiscalía para constatar el récord criminal y las confesiones del exguerrillero Yesid Alexander Torres. Torres rindió 12 versiones libres en las que reconoció varios de los crímenes perpetrados por la Teófilo Forero y se le imputaron los homicidios del agricultor Luis Francisco Muñoz, de la menor de edad Leidy Johana Chacué, de Floresmiro Fierro, del conductor Gabriel Agudelo, del universitario Henry Javier Moya y del secuestro, tortura y homicidio del comerciante Celiar Geovanny Lizcano, perpetrados entre 2001 y 2004. También fue señalado de los delitos de hurto calificado, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado y toma de rehenes. De acuerdo con documentos judiciales, en el pasado Torres no habló de terceros civiles vinculados a secuestros o acciones ilegales por parte de las antiguas Farc.
“En relación con el secuestro de la señora Consuelo González de Perdomo, en versiones realizadas el 10 de octubre de 2011, 26 de marzo de 2014 y 3 de noviembre de 2016, el postulado no dio información sobre participación de terceros”, confirmaron fuentes de la Fiscalía. Es por esta razón que su testimonio de hoy cobra particular relevancia para documentar si hubo o no civiles o políticos interesados en instigar acciones criminales de las Farc para alterar mapas del poder local. Consultada al respecto, la excongresista Consuelo González señaló que prefería abstenerse de dar cualquier opinión y que solo espera que la JEP pueda entregarles la verdad muy pronto. Tras su sometimiento a la JEP, el exguerrillero Torres recuperó su libertad condicionada el 22 de junio de 2017 y de su aporte a la verdad dependerá que siga en las calles. (Así fue el secuestro de los tres contratistas estadounidenses, según las Farc)
El Espectador se comunicó con el exrepresentante a la Cámara Orlando Beltrán, quien permaneció en poder de las Farc entre agosto de 2001 y febrero de 2008. Para él, esta versión empieza a corroborar sus sospechas, aunque le pidió a la JEP que cuanto antes avance en esta línea de investigación y aclare la verdad. “Desde adentro de la guerrilla ya nos habían dicho que el secuestro nuestro fue producto de la negociación de un sector político interesado en sacar al Partido Liberal de la escena política del Huila. Hoy, ante la confesión de este exguerrillero, estamos muy consternados porque nos parece lo más bajo y ruin que políticos se valgan de los actos criminales de la guerrilla. Queremos la verdad y estamos pendientes de que la JEP profundice más sobre esto. La JEP es la única que puede aclararlo”.
Este diario también habló con el senador Rodrigo Villalba, cuya sobrina Sandy Rocío Villalba fue mencionada por el testigo. Según él, la violencia de las Farc contra toda la dirigencia política del Huila fue sistemática y generalizada. Además de los secuestros de los tres excongresistas liberales, fueron también plagiados los dirigentes conservadores Silvio Vásquez y Armando Acuña, y asesinados el exsenador Héctor Polanía y el exgobernador Jaime Lozada Perdomo. Asimismo, sostuvo que a la exalcaldesa Cielo González le hicieron varios atentados y que él mismo se salvó del accionar criminal de la guerrilla, porque siempre tuvo un esquema de seguridad muy nutrido y solía hospedarse en la brigada cuando se quedaba en Neiva. Villalba recalcó que es imposible que la clase dirigente del Huila tuviera cercanías con las Farc. “Éramos todos objetivo militar”, dijo. (Fernando Bahamón, de criminal a testigo estrella de la Fiscalía)
El senador Villalba agregó que hace años la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia lo investigaron por sus presuntos nexos con las Farc, porque el testigo Fernando Bahamón Céspedes así lo declaró. Sin embargo, añadió, “se probó que se trataba de un delincuente extorsionista”. Por esa razón esas pesquisas fueron falladas a su favor. “Es más, en esos procesos dieron su testimonio exmiembros de la Teófilo Forero, como Raúl Agudelo, Hernando Buitrago y Wilkin Fernando Lugo, quienes relataron que nunca tuve relaciones con esa guerrilla y que, antes bien, era objetivo militar de ellos”. En su criterio, esta nueva declaración “sigue la misma narrativa de Fernando Bahamón, y como tiene un algo cierto que fue lo de mi sobrina, hechos por los cuales estuvo detenida cuando yo era ministro de Agricultura, pues quizá se pretende relacionarme”.
“No tengo ni idea quién es este señor, entiendo que no precisó con nombres sus denuncias, las declaraciones son vagas, pero me parece que se puede repetir la película de Bahamón. Siempre he sido un dirigente honorable y por eso he ocupado estas altas responsabilidades en el Estado, como senador o exgobernador del Huila. Soy de una familia numerosa. Que alguien se haya descarriado en su momento no puede endilgársele a toda la familia. Como soy político, soy el representativo de la familia y quieren asociar eso. Creo que la JEP les tendrá que preguntar a los miembros del Secretariado este tema, porque los secuestros los ordenaban ellos. Son gajes del oficio, aunque gajes costosos”, concluyó. Incluso remató su diálogo con El Espectador diciendo que desde que estalló el escándalo de su sobrina, en 2001, tomó distancia de ella.
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