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Katia Trillos Pérez es una mujer trans que ha esperado más de 13 años para que la justicia, por fin, le preste atención a su caso. Entre 2012 y 2015 fue víctima de distintos actos violentos por parte de miembros de la Policía Nacional, en Bogotá. El expediente abierto tras las denuncias que interpuso hace más de diez años, ha pasado por tres despachos de la Fiscalía General de la Nación, sin que el ente investigador logre esclarecer lo sucedido y llevar ante un juez a los responsables, para que sean sancionados. El caso estuvo estancado desde agosto de 2023, hasta el pasado 17 de septiembre, cuando Katia Trillos fue notificada de que, una vez más, la investigación será llevada a un nuevo despacho.
Ahora es la Fiscalía 131 Local de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogotá la que tiene en sus manos la tarea de investigar y esclarecer los graves actos de violencia de los cuales Katia Trillos fue víctima durante al menos tres años. Una movida que abre de nuevo la posibilidad de que el caso no quede impune y a la cual la mujer llegó después de que, junto a Temblores ONG y con el respaldo del colectivo Colombia Diversa, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y Pares en Acción Reacción Contra la Exclusión Social (PARCES), insistiera sin descanso para que se esclarezcan los hechos de los que fue objeto por parte de funcionarios públicos.
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Katia Trillos tiene 36 años y nació en Ocaña (Norte de Santander). Conoció la violencia desde muy temprano. En su pueblo sufrió burlas constantes por su identidad de género, su aspecto físico y sus gustos. Sin embargo, su familia le dio una enseñanza que ella recuerda con firmeza: “Mantener siempre la frente en alto”. Siempre deseó convertirse en maestra, pero la discriminación de la que era víctima fue el palo en la rueda para su sueño. Terminó trabajando en una peluquería de su pueblo natal, lo que le permitió sostenerse con dignidad durante varios años.
Pero la violencia tocó una vez más a su puerta. A mediados de 2010 tuvo que desplazarse forzosamente, por la presencia de grupos armados que iniciaron una campaña de “limpieza social” contra personas consideradas “indeseables”. Entre ellas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+. La mujer le contó a El Espectador que ella y sus amigos fueron golpeados en varias oportunidades por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), paramilitares y guerrilleros. Incluso, algunos fueron asesinados o desaparecidos. Aquella violencia la obligó a huir. Su familia, como siempre, la apoyó, con la esperanza de encontrar tranquilidad en Bogotá.
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Al llegar a la capital consiguió trabajo en un salón de belleza, pero los ingresos apenas le alcanzaban para sobrevivir. Fue cuando empezó a desempeñarse como “acompañante”, anunciando sus servicios en la sección erótica de los periódicos y en páginas de internet. “Es un trabajo fuertemente criticado y señalado, en el que estoy expuesta y vulnerable todo el tiempo. Pero, finalmente, es un trabajo digno y autónomo”, dijo con contundencia. A pesar de sus esfuerzos, su situación económica era crítica. Se vio obligada a salir a las calles para ofrecer servicios sexuales. Una decisión que tomó por no tener más alternativas y que la puso en el blanco de graves hechos de violencia cometidos, según su denuncia, por uniformados de la Policía.
Esos hechos, como lo ha consignado Katia Trillos en el expediente que está en manos de la justicia, tiene nombres concretos: el intendente Luis Fernando Molina Gómez y los patrulleros Elvis Leandro Calle Ramírez y Jairo Adolfo Hernández Cárdenas. Según su denuncia, fueron ellos quienes en repetidas ocasiones la golpearon e intimidaron mientras trabajaba en la calle. Incluso, al punto de fracturarle la nariz, lastimarle sus senos y lanzarle un líquido que le produjo graves quemaduras en su cuerpo. Por esos hechos, los uniformados fueron sancionados disciplinariamente el 1 de agosto de 2014; sin embargo, la investigación penal sobre las violencias poco o nada ha avanzado.
La primera agresión ocurrió el 2 de diciembre de 2012. Katia Trillos acababa de llegar a trabajar en el sector de Santa Paula, localidad de Usaquén, cuando vio cómo uniformados que se movilizaban en una patrulla de la Policía empezaron a golpear a otras mujeres trans que también trabajaban allí. “Yo realmente no entendía la escena, porque dentro de mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. ¿Por qué las mujeres trans tenían que correrle a la Policía y por qué la Policía, sin mediar palabra y sin ningún motivo, llegaba a agredirlas y a golpearlas?”, narró la mujer. En medio de su confusión, Katia Trillos se acercó para preguntar por qué los uniformados golpeaban a las otras mujeres.
Los uniformados le respondieron a golpes. La agredieron en las piernas y rociaron su cuerpo con un gas que le quemó el pecho, los brazos y el abdomen. Ese fue solo el primero de al menos siete episodios de violencia física de los que fue objeto la mujer, por parte de los policías. Katia Trillos, por los ataques constantes en su contra, aprendió a identificarlos. Según le narró a este diario y como está consignado en el expediente, los uniformados Molina Gómez, Calle Ramírez y Hernández Cárdenas hacían parte del Comando de Atención Inmediata (CAI) Navarra, al norte de Bogotá. Ella no era la única víctima de los ataques de los policías, quienes, según contó, arremetían por igual contra todas las trabajadoras sexuales de la zona.
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Las llamaban “escoria de la sociedad”, entre otras denominaciones despectivas y violentas. Les hacían comentarios alusivos a la desaparición forzada y las muertes de las mujeres que trabajaban en el sector. Aseveraciones que les causaba terror. Y no es para menos, pues solo en el primer semestre de 2025, según un informe de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, en Colombia se presentaron 175 casos de asesinatos de personas diversas. Los ataques se hicieron cada vez más recurrentes, hasta que en 2013, Katia Trillos denunció los hechos ante la Fiscalía, con el apoyo de PAIIS y PARCES. Señaló directamente a los uniformados como responsables del delito de lesiones personales.
En ese momento, el caso fue remitido a la Fiscalía 45 Seccional de Bogotá, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual. Katia Trillos inició también un proceso ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Inspección General de la Policía Nacional, contra los agentes que, una y otra vez, atentaron contra su vida. El 2 de mayo de 2014, esa unidad profirió un auto de primera instancia con el que se suspendió e inhabilitó por ocho meses sin derecho a la remuneración al intendente Molina Gómez y al patrullero Calle Ramírez. En cuanto al patrullero Hernández Cárdenas, la orden fue suspenderlo e inhabilitarlo durante nueve meses.
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La decisión fue confirmada el 13 de junio de 2014, por parte de la Inspección Delegada Especial de la Policía. Sin embargo, las amenazas y abusos de otros patrulleros del CAI de Navarra en contra de Katia Trillos y de otras mujeres trans siguieron ocurriendo. El 7 de diciembre de 2014, por ejemplo, Katia Trillos fue a comprar una gaseosa cerca del sitio en el que trabajaba. Una vendedora de la zona le advirtió que había escuchado a los mismos policías hablando sobre ella. Les había oído decir que tenían la intención de “liquidarla” y “darle de baja”, según su relato. “Comprendí que ser una chica trans en Colombia era prácticamente un delito”, dijo la mujer.
Los abusos policiales continuaron: impedían que los clientes le pagaran y, en muchas ocasiones, abordaban a los hombres que se le acercaban. La persecución siguió con diferentes rostros y nombres, lo que aumentó su riesgo y vulnerabilidad. El 30 de marzo de 2015, Katia Trillos solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en principio, fueron concedidas. En su petición expuso los siete hechos violentos en los que patrulleros del CAI de Navarra la habían agredido a ella y a sus compañeras, hasta el punto de causarles graves afectaciones físicas, como golpear sus senos. Pero la medida cautelar fue levantada el 17 de enero de 2019, después de que ella se exiliara en México, en 2017.
En agosto de 2015, el proceso judicial fue remitido a la Justicia Penal Militar y Policial (JPM), sin que Katia Trillos fuera debidamente notificada, según denunció Temblores ONG. Una movida que complicó aún más el esclarecimiento del expediente. En diciembre de ese mismo año, la organización Colombia Diversa solicitó al Consejo Superior de la Judicatura resolver el conflicto de competencias entre esa instancia especial y la justicia ordinaria. El caso estuvo dando vueltas entre los anaqueles de ambas jurisdicciones, hasta que el 27 de julio de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura determinó que era la justicia ordinaria la que tenía que resolver el expediente.
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Pese a esa determinación, que debía destrabar el estudio del caso y responder la petición de justicia que Katia Trillos ha hecho desde hace más de diez años, las cuatro organizaciones de derechos humanos que acompañan a la mujer, aseguran que el proceso siguió a paso lento. La decisión del pasado 17 de septiembre, cuando enviaron el expediente a una nueva Fiscalía delegada, es la única que se ha conocido en los últimos nueve años, después de que se resolvió el conflicto de competencias.
A mediados de 2023, cuando Katia Trillos ya vivía en México, la Fiscalía colombiana le pidió apoyo a la Fiscalía General de la República de México para ella, quien reside allí bajo estatus de protección internacional, pudiera acceder a valoraciones médicas forenses. El 12 y el 30 de agosto de ese año, la entidad remitió órdenes a la Unidad Departamental de Medicina Legal de México para realizar los exámenes conforme al Protocolo de Estambul, manual internacional que fija los parámetros para investigar casos de tortura. A pesar de esa orden, las diligencias nunca se concretaron. En agosto de 2025, Katia Trillos viajó a Colombia, para buscar las decisiones que la justicia lleva años postergando.
En su paso por el país, fue a la Fiscalía y a Medicina Legal para que le realizaran los exámenes físicos y psicológicos que requiere. Las citas ya las habían solicitado formalmente los abogados que la representan en Colombia, quienes insistieron en la urgencia de garantizar una investigación efectiva y respetuosa. A través de un comunicado, Temblores denunció que, pese a los compromisos adquiridos por las autoridades competentes en Colombia, la respuesta institucional fue que “faltan elementos de su historia clínica para poder continuar”. Incluso, pese a que existen los soportes y solicitudes previas.
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Representantes de la ONG Temblores le dijeron a este diario que funcionarios de la Fiscalía les comunicaron verbalmente que si Katia Trillos regresaba a México sin la valoración médica correspondiente, eso podría interpretarse como un desinterés en el proceso. Ante esa respuesta, la organización envió un correo electrónico al ente investigador en el que expresaron su desacuerdo con la postura de los funcionarios del búnker, con el objetivo de dejar trazabilidad de un nuevo capítulo en un proceso que, durante más de diez años, ha estado lleno de tropiezos y preguntas sin respuestas. Fue justo después de ese reclamo que se dio el último traslado del proceso a la Fiscalía 131 Local de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Según Temblores, el objetivo de mover a ese despacho el expediente es reiniciar el proceso con una valoración médica que tendrían que hacerle en México y enviarla a la Fiscalía colombiana. Katia Trillos mantiene la esperanza de que los policías que, como lo demostró en 2014 la propia Inspección General de la Policía, la persiguieron y la obligaron a huir del país, sean condenados por los delitos cometidos en su contra. Pero también busca que respondan todas las autoridades que han dejado crecer el manto de impunidad que se sembró sobre el expediente y que ha hecho que la mujer se sienta revictimizada, incluso por el propio Estado que debería protegerla y que, hasta ahora, ha fallado en hacerlo.
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