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La Procuraduría General reiteró sus advertencias y cuestionamientos sobre la ley de patrimonio sumergido aprobada por el Congreso de la República.
En su exposición, el Ministerio Público consideró que con esta ley los bienes patrimoniales quedarán expuestos a la especulación comercial al desconocerles su valor intrínseco como bien ya sea como arqueológico o cultural.
El órgano de control disciplinario advirtió sobre la pérdida inmediata de hasta el 50% del patrimonio cultural de la Nación, representado en los bienes de mayor interés económico en el mercado, tales como las monedas, lingotes, cerámicas, joyas y piedras preciosas, entre otros.
Adicionalmente, la posibilidad que le concede al Ministerio de Cultura de pagarle a los rescatistas con bienes pertenecientes al patrimonio cultural.
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