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El vicepresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Ovidio Claros señaló que entre las principales razones para devolver el proceso por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra de la justicia penal militar a la justicia ordinaria fue el hecho de que se encontrar varias irregularidades frente a las garantías a la defensa.
Según el magistrado, la juez 142 penal militar que estaba manejando el caso “no emitió ni siquiera a un magistrado auxiliar Consejo Superior de la Judicatura que fue comisionado para la inspección respectiva y revisión del proceso”.
Ante este hecho, el alto tribunal consideró que se presentaron irregularidades, en las cuales se afectaban las garantías del Estado y la Institución, “así como la tranquilidad de las víctimas”.
Por esto, se le solicitó a la Procuraduría que investigue a la funcionaria judicial, puesto que “habría puesto trabas” para que las otras partes procesales conocieran el curso de la investigación, y las pruebas que se habrían allegado.
“El acceso debe ser abierto, las pruebas deben ser valoradas, controvertidas de manera abierta y lo que es público es público, y lo que es parte de la reserva se debe tener como tal hasta que se tome una decisión definitiva”, preció el magistrado.
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