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Leonardo Cortés Novoa, el exjuez promiscuo de Mapiripán (Meta) que vive en el exilio desde diciembre de 1997 por cuenta de sus denuncias sobre la masacre que perpetraron los paramilitares de la casa Castaño en ese municipio, acaba de recibir “una gota de justicia” —dice él—, luego de más de dos décadas de amenazas e impunidad en su contra. La Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá acaba de restituirle tres predios en Acacías (Meta) y una casa en Villavicencio, los cuales Cortés abandonó cuando tuvo que huir del país para salvar su vida.
Cortés Novoa salió precipitadamente de Colombia porque, durante los días que duró la masacre, entre el 15 y 20 de julio de 1997, informó al Ejército y al Tribunal Superior de Villavicencio cómo los hombres de Carlos y Vicente Castaño asesinaron y desaparecieron a un número indeterminado de mapiripenses señalados de ser colaboradores de las Farc. “Cada anochecer asesinan a grupos de personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio”, relató Cortés Novoa en los informes que elaboró mientras Mapiripán entraba en la historia nacional de los crímenes infames.
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Luego de pedir auxilio durante días y no encontrar respuesta de las autoridades, Cortés Novoa logró salir clandestinamente de Mapiripán en una avioneta que se dirigía a San José del Guaviare, gracias a la colaboración que le prestó el entonces alcalde de Mapiripán. Después de pasar una noche en la capital del Guaviare, el juez viajó a Villavicencio (Meta), ciudad a donde había enviado a sus hijos para salvarlos de la sevicia paramilitar. Su esposa, en cambio, se quedó a su lado. “Era mi deber, como juez, quedarme mientras ocurrían los hechos y reportarlos. Por eso no me fui”, dijo, desde el exilio, Cortés Novoa a El Espectador.
Pero no duró mucho tiempo en la capital del Meta. Pues, además de ser señalado como colaborador de la guerrilla por parte de los paramilitares, Cortés Novoa era testigo directo del baño de sangre que vivió Mapiripán y, por ende, su vida corría aún más peligro. Por tal motivo, el Consejo Superior de la Judicatura, en noviembre de ese año, decidió trasladarlo a El Cairo (Valle del Cauca). Una medida que resultó insuficiente. A ese municipio también llegaron los paramilitares para intentar matarlo. Como último recurso, Cortés Novoa fue enviado a Cota (Cundinamarca), pero los problemas de seguridad no cesaron.
Su asesinato parecía inminente. Por esa razón, en diciembre de 1997 —cinco meses después de la masacre—, Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la corporación Fasol (Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos) le ofrecieron ayuda para conseguir un asilo político. En cuestión de horas, Cortés Novoa, junto con su familia, se vio en un avión con destino desconocido. Desde entonces, muy pocas personas saben en dónde se encuentran. “Toda mi vida tuve que dejarla para llegar a un país donde ha sido muy difícil sostenerme económicamente. Abandonamos a familiares, amigos, bienes. Todo. Han sido muy difíciles estos 21 años”, señaló Cortés a este diario.
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El exjuez de Mapiripán relata que desde 2009 empezó a tener noticias de que los predios que hoy el Tribunal Superior de Bogotá le restituye estaban invadidos por dos personas: el sargento retirado de la Policía Cayetano Vargas Ríos y Óscar Pancha Coca. “Esas son tierras que compré cuando era muy joven, incluso, antes de que me casara. Para mí es una satisfacción increíble saber que el tribunal falló a mi favor. Quedó demostrado que esas personas actuaron con mala fe y que no querían devolver las tierras que, como constan en los documentos, adquirí en 1986”. El sargento (r) Vargas y Pancha Coca, sin embargo, no serán investigados. El Tribunal de Bogotá no lo solicitó.
En su momento, el sargento (r) Cayetano Vargas aseguró ante los estrados judiciales que los predios en cuestión se los compró a dos personas en 2009, pero que en ningún momento tuvo conocimiento de la matrícula inmobiliaria del predio, un número de identificación que aparece en todas las escrituras públicas de propiedades en el país. Al tiempo, indicó que desconocía quién era el exjuez Cortés Novoa y que encontró los lotes abandonados y sin señal de que alguien estuviera haciendo uso de ellos.
Con respecto a la casa en Villavicencio que pertenecía a Cortés Novoa y su familia, la defensora de derechos humanos Mireya Beltrán —quien ha apoyado al exjuez en el proceso de restitución— mostró documentos que revelaron el destino de ese inmueble. Según los papeles, la abogada que quedó con la tarea de administrar las propiedades del exfuncionario judicial, Clara Inés Rodríguez Barreto, arrendó la casa nada más y nada menos que a un presunto miembro del bloque Centauros de las autodefensas, Juan de Jesús Justacara, investigado por el asesinato del sindicalista Oswaldo Moreno en Ibagué (Tolima).
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“En un principio la casa quedó abandonada y luego varias familias vivieron allí. Posteriormente, en 2013, ella (Clara Inés Rodríguez) se la arrendó a este paramilitar y, durante seis meses, fue oficina de operaciones de ese grupo criminal. Luego, en 2016, la Policía encontró que en la vivienda también funcionaba una olla de microtráfico. No se entiende cómo pasó esto. Durante estos años el exjuez tampoco recibió los dineros correspondientes al arrendamiento y siempre estuvo al margen de lo que sucedió. Esperamos que la exesposa del juez pueda ahora tener garantías para ejercer como propietaria”, señaló Mireya Beltrán.
Aunque uno de los deseos de Cortés Novoa es regresar a Colombia, aún sostiene que no existen garantías para retornar, menos cuando los grupos sucesores del paramilitarismo cada vez son más fuertes en las regiones. “La sentencia del tribunal me reconoce como víctima del conflicto armado. Como parte de mi reparación, ordena darme las herramientas para poner en marcha la implementación de un proyecto productivo. Sin embargo, tendré que designar a alguien que pueda ponerse al frente del proyecto y que le guste trabajar la tierra. Mi voluntad, por ahora, es no volver”, puntualizó Cortés.
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En el fallo, proferido el pasado 15 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció: “Ninguna duda puede existir en cuanto a la victimización sufrida por el promotor de esta súplica restitutiva, obvio es que fue la persecución que siguió a la denuncia de lo acontecido en Mapiripán la que condujo inicialmente a su desplazamiento forzado y luego le obligó a refugiarse en el exterior”. Y añadió: “No resta sino agregar que el exilio forzoso, al igual que el desplazamiento interno motivado por el conflicto armado, conlleva a una violación grave de los derechos humanos, en la medida en que implícitamente desconoce otros, como el derecho a la vida en condiciones dignas”.
Por David Escobar Moreno
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