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“Esta medalla me fue otorgada por asesinar a personas en estado de indefensión y no por cumplimiento del deber. Por eso se las entrego a ustedes, las víctimas”. Esas fueron las palabras con las que Leonardy Alfonso Polo Sanabra, capitán retirado del Ejército, devolvió la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público que le dieron cuando hacía parte de las Fuerzas Militares, por haber cumplido con los “resultados operacionales” que le exigían al Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas (BIVAR), con sede en Granada (Meta). Lo hizo durante la audiencia pública de reconocimiento de verdad que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre el 3 y el 5 de junio de 2026 en la ciudad de Villavicencio.
Leonardy Polo y otros 26 exmilitares fueron llamados por la JEP a reconocer responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre los años 2002 y 2007 por integrantes de la Séptima Brigada del Ejército, el BIVAR y el Gaula Militar Meta, muchos de ellos en alianza con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las familias de 209 civiles ejecutados extrajudicialmente, 10 de ellos menores de edad, 65 desaparecidos forzadamente y una víctima de tentativa de homicidio, han escuchado las intervenciones de los comparecientes que aceptaron haber actuado en contra de la ley y de sus obligaciones, con un solo objetivo: inflar las cifras de bajas en combate en la región.
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Entre los exmilitares que aceptaron responsabilidad, imputados en noviembre de 2025 por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada y asesinato, hay dos generales retirados: Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe. También el coronel Jairo Martín Sandoval Moncayo, los tenientes coroneles Héctor Alejandro Cabuya de León, Néstor Sánchez Aguirre, Ricardo Andrés López García, Ricardo Efraín Arcos Rosero, Jorge Eliécer Bermeo Meneses y Sergio Alberto Carreño Estupiñán; los mayores Sergio Alberto Carreño Estupiñán, José Wilson Camargo Arévalo, Rodolfo Ignacio Mantilla Vargas y Jackson Javier Torres Hernández.
La lista la completan los sargentos Asmir Téllez, José Hover Ortiz Doncel, Andrés Grisales Gómez, Alejandro Enrique Espitia Ramos, Edwin Alejandro Londoño Naah, William González Torres, José William Pantoja González; los capitanes Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda y Leonardy Alfonso Polo Sanabria; el teniente Luis José León Vargas; el cabo Nelson de Jesús Ibarra Moreno y los soldados profesionales Nelson Guillermo Cagua Rubio y Federico Gutiérrez Sánchez. Otros tres uniformados que también fueron imputados por estos crímenes no aceptaron su responsabilidad y sus expedientes pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, para que los llame a juicio.
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Una de las víctimas que vio la entrega de esas medallas es María Eugenia Sánchez Chacón, madre de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, asesinado, presentado como guerrillero muerto en combate y desaparecido forzosamente a sus 17 años. Con los ojos inundados de lágrimas por la conmoción, la mujer de 62 años agradeció que los exmilitares tuvieran ese acto con el que reconocieron que ganaron “medallas manchadas con sangre de inocentes”, como las llamaron los propios comparecientes. “Yo los perdono de todo corazón porque nos han dado respuestas. Lo único que les pido es que me entreguen a mi hijo, que me ayuden a encontrarlo”, dijo María Eugenia Sánchez en diálogo con El Espectador.
La confesión del teniente coronel Héctor Alejandro Cabuya de León, quien estuvo al frente del BIVAR entre los años 2002 y 2003, le abrió la puerta a la esperanza para María Eugenia Sánchez y su familia. En los encuentros privados con las víctimas, el compareciente le narró a detalle a esa madre cómo sucedió el crimen de su hijo, que era un joven trabajador, menor de edad y civil inocente. Le entregó las respuestas que durante 23 años buscó en la justicia ordinaria y que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, como ella misma lo narró, le negaron por estar en silla de ruedas. “Yo iba y me rechazaban por mi discapacidad, nunca me atendieron. A pesar de haber denunciado, nunca me dieron respuestas”, expresó la mujer.
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El exmilitar también le confirmó un dato que ella tenía en el radar desde el 3 de marzo del 2002, cuando le notificaron la muerte de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, en ese momento como un guerrillero caído en combate, pero que la justicia ordinaria nunca atendió: que en la tumba 03 del cementerio del municipio de Granada están los restos de su hijo. “Ahora me da esperanza saber que me lo van a entregar”, dijo María Eugenia Sánchez. Lo dicho por el excoronel Héctor Cabuya en los encuentros privados fue también reafirmado por el exmilitar durante la audiencia pública en Villavicencio. En su intervención, el exmilitar detalló cómo dentro del BIVAR funcionó una estructura criminal aliada con los paramilitares.
Cabuya mencionó a Ricardo Rivera, un funcionario que, a la llegada del exmilitar al BIVAR, le puso de frente la realidad sobre cómo allí el Ejército alcanzaba sus resultados: “Me dijo que era el jefe militar de las autodefensas dentro del batallón”. El compareciente también aceptó que allí se cometieron los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad que ahora la JEP investiga en el marco de tres patrones macrocriminales: asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por militares en alianza con paramilitares, crímenes cometidos por uniformados sin la ayuda de estructuras al margen de la ley y asesinatos de civiles por parte del Gaula Meta presentados como bajas en operativos antisecuestro y antiextorsión. “No fue improvisación, fue una empresa criminal (…) El señalamiento fue una doble victimización”, dijo el exmilitar.
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Otros exoficiales de mayor jerarquía en esa región también aceptaron su responsabilidad durante la audiencia. Entre ellos, el general retirado Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, comandante de la Séptima Brigada del Ejército entre diciembre del 2001 y diciembre del 2003. “Estos crímenes ocurrieron porque yo incumplí mi deber de mando y permití que una estructura criminal operara en una unidad a mi mando”, dijo el exmilitar. Tras leer uno a uno los nombres de las víctimas, de pie frente a sus familias, reconoció que, por inflar las cifras, destruyó cientos de vidas. “Detrás de estos nombres no hay combatientes ni enemigos. Pero hay una silla vacía en cada una de sus casas (…) Nadie debía morir de esa manera”, expresó el exgeneral.
Aunque la mayoría de las víctimas expresaron su alivio al escuchar los reconocimientos por parte de los comparecientes, sus demandas son claras hacia ellos y hacia el Estado: aún faltan verdades completas, justicia plena y reparación integral. “Sentimos que todavía hacen falta reconocimientos más profundos (…) La verdad no puede quedarse en unas pocas palabras, la verdad tiene que ayudar a sanar”, expresó Gloria Eugenia Gómez Caicedo, una de las voceras de víctimas que intervinieron durante la audiencia presidida por los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP y relator del subcaso Meta del caso 03; Reinere Jaramillo Chaverra, sustanciadora del caso 08; y Óscar Parra Vera, relator del caso 03.
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El magistrado Ramelli Arteaga coincidió en que, si bien es de gran valor para el país la aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes, aún falta camino por recorrer. “La ausencia material de las víctimas prolonga el duelo. Hay familias que no saben si esperar o dejar de buscar a los desaparecidos. Los comparecientes deben comprometerse con el proceso de búsqueda”, dijo el presidente de la JEP. El magistrado Parra Vera hizo énfasis en la importancia que tienen los reconocimientos para que quienes han negado los crímenes imputados opten por la vía de la verdad: “El reconocimiento es muy importante para el país porque es un mensaje para sus compañeros de ese momento y para los subordinados”.
La magistrada Jaramillo Chaverra hizo eco del clamor de las víctimas en sus intervenciones: “La muerte en nuestro país no puede ser la eficiencia con la que se mida a las Fuerzas Militares (…) En Colombia tenemos que hacer viable el derecho a morirse de viejo y a vivir sin miedo”, dijo. Resaltó la valentía de las víctimas al escuchar de sus victimarios las verdades que durante años han buscado, “con su dignidad intacta, sin que el miedo los haya paralizado”. Y Gloria Eugenia Gómez Caicedo concluyó en nombre de las víctimas que no bajarán la guardia: “Estamos aquí porque creemos en la verdad, en la justicia y en la no repetición (…) Todavía faltan más de 10 desaparecidos por encontrar, respuestas por escuchar y verdades por decir”.
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Por Gustavo Montes Arias
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