Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En la tarde de este lunes, uno de los muros de casi 30 metros que sostiene el patio A1 de la cárcel Villa Hermosa de Cali colapsó. La tragedia dejó a 12 internos heridos, a quienes se les vino de frente una estructura que quedó vencida ante las lluvias torrenciales de esa tarde. Según el más reciente reporte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cuatro de los presos necesitaron atención extramural, de los cuales dos tienen un diagnóstico reservado. Los demás son atendidos por el área de sanidad del penal, por lesiones menores. El Espectador conoció que, antes de la tragedia, ya existían dos decisiones judiciales que obligaban a las autoridades a mejorar las condiciones de infraestructura del penal.
Lea: Las ruinas arqueológicas de Gachantivá, Boyacá, ahora son patrimonio protegido
El expediente de tutela nació con una acción radicada por el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (STP), Fabián Enrique Parra, en contra de la Unidad Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), una entidad hermana del Inpec encargada de gestionar los recursos del sistema. En 2021, el sindicato solicitó que, de manera urgente, fueran protegidos los derechos de los guardias e internos a la dignidad humana y salud y seguridad en el trabajo. Como prueba principal estaba un informe, de ese año, de seguridad e higiene realizado por la ARL Positiva, que había documentado graves afectaciones a la infraestructura de la cárcel Villa Hermosa.
Entre los hallazgos del informe de Positiva estaba el riesgo eléctrico, proveniente de un deterioro en las instalaciones de esa naturaleza, así como aislamientos incompletos, mantenimientos deficientes y trabajos realizados de manera no técnica. Además, con relación a los puestos de trabajo, la ARL encontró que existía riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico y en condiciones de bioseguridad. Y, con respecto a los alojamientos, asimismo, fue determinado un riesgo en la gestión organizacional y en las condiciones de seguridad. Con esa información, el sindicato tocó las puertas del Juzgado 20 Laboral de Cali, el cual le dio la razón en primera instancia en septiembre de 2021.
Le puede interesar: Por acoso sexual a estudiantes destituyen a docente de la Universidad Distrital
El juzgado tomó sólo 11 páginas para decidir en favor de los demandantes, tras encontrar “que existe un grave deterioro en la infraestructura del establecimiento, que pone en peligro y riesgo la vida, salud y seguridad de todas las personas que se encuentran en este Establecimiento, bien sea a la población privada de la libertad privada de la libertada, así como las personas que trabajan o que prestan algún servicio en este establecimiento”. El juzgado constató que, además, había instalaciones mal hechas en el penal, pabellones enteros con filtraciones y que las mismas escaleras presentaban riesgo de caída del personal que labora.
La justicia resolvió que el Inpec y la Uspec tenían tres meses para realizar un plan de reparación y mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, en ese tiempo lo único que hicieron fue presentar, cada uno por su cuenta, una impugnación al fallo de primera instancia. En el expediente ya había quedado claro que ambas se lavaron las manos. Por ejemplo, el Inpec alegó que, en realidad, sería la Uspec la encargada de hacerle caso a los reclamos de los demandantes y que esa entidad hermana no está subordinada, de tal manera que deba solicitarle papeleo para adelantar las obras. Por su parte, la Uspec aseguró que el Inpec era el encargado de elaborar un plan de necesidades para las cárceles y que nunca priorizó realizar las obras en Cali.
Lea también: Atentado contra oleoducto provoca fuerte explosión e incendio en Barrancabermeja
El Tribunal Superior de Cali, en noviembre de 2021, escuchó los argumentos de todas las partes y, en segunda instancia, confirmó el fallo del juzgado caleño. Les envió un regaño a la Inpec y a la Uspec, pues al tener “personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; tienen el deber y la obligación de atender los asuntos al interior de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país, como lo son entre otros, los concernientes con la infraestructura carcelaria”. Además, les ordenó que trabajen conjuntamente para proteger los derechos fundamentales de los demandantes. El tribunal refrendó el plazo de tres meses para remodelar la cárcel.
Este diario consultó a la Uspec, la cual respondió que el fallo de tutela sí se cumplió y que la fecha de entrega fue en 2022. Según la respuesta allegada, se arregló la losa de la cubierta del pabellón 2, entre los pasillos 9, 10, 11 y 12, además de la rotonda dos del mismo sector. No obstante, desde el fallo de primera instancia de 2021, la justicia había determinado que el plan de reparación y mantenimiento fuera de la estructura completa, y que se respondiera a la totalidad del informe presentado por la ARL Positiva. El expediente de tutela vinculaba, incluso, al Ministerio de Justicia y a la Alcaldía de Cali.
Al final, este 30 de octubre, funcionarios de la Uspec realizaron una visita al centro penitenciario para realizar el diagnóstico de daños. En compañía de la aseguradora, conformada por Sura, La Previsora y la compañía Mapfre, la entidad de gobierno recolectó información para emitir un concepto con el cual activar las pólizas de seguro. Entre tanto, los internos que resultaron heridos siguen siendo atendidos de manera intra y extramural, con el agravante particular de que, según fuentes internas del penal, uno de ellos tiene un diagnóstico poco favorable.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
Conoce más
Comentarios