Expresidente Santos: “Sería un error retomar la aspersión con glifosato”

“Sería un error retomar la aspersión con glifosato no solo por las razones de riesgo para la salud y el medioambiente, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia e ineficacia. Y porque éticamente hablando no es la solución que debe ofrecerse en un país ahora sin conflicto con las Farc, que era lo que justificaba la aspersión”, dijo.

Para el exmandatario, la aspersión aérea no puede ser que la respuesta a la buena voluntad de 130.000 familias que han expresado su decisión de acogerse a programas de sustitución voluntaria sea fumigarla con veneno. “¿Por qué digo veneno? Porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, que puede ser hasta 10 veces más alta de la que se usa normalmente, es veneno”, agregó.

(Lea más sobre la audiencia acá: Presidente Duque pide a la Corte Constitucional no limitar el uso del glifosato)

Y señaló que, aunque se decidiera retomar la aspersión, el 37% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas donde no se puede fumigar.  En su intervención, el expresidente enfatizó en que dejar de usar el glifosato no fue una imposición de las Farc en el acuerdo de paz con esa guerrilla. “Fue una decisión autónoma, producto de un fallo de la Corte Constitucional, de estudios científicos y del convencimiento de que la aspersión no era efectiva”, dijo.

Además, Santos indicó que no es cierto que el aumento de los cultivos ilícitos se deba exclusivamente a la suspensión de la aspersión aérea con glifosato. Y citó otras cinco razones: la devaluación que se produjo en el país tras el desplome del precio del petróleo; la disminución del precio del oro; el reacomodo de las bandas criminales en los territorios de donde salieron las Farc; y “el estímulo perverso que generó haber anunciado durante la negociación con las Farc que habría un programa de incentivos para la sustitución voluntaria de coca por cultivos lícitos”.

Juan Manuel Santos Calderón, expresidente de la República: “mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que tendrán rentas en las actividades ilícitas. Una guerra basada en lo punitivo debe remplazarse por una política basada en los derechos humanos y la salud pública”. pic.twitter.com/NsAPfX2ZEI — Corte Constitucional (@CConstitucional) 7 de marzo de 2019

El expresidente agregó que la lucha contra las drogas debe enfocarse en quitarles a las mafias sus cuantiosas ganancias ilícitas y dijo que esto se logra con control y “una adecuada regulación de una oferta y un consumo debidamente autorizados”. “Hay que hacerlo con pragmatismo, realismo y eficacia”. Así, en el eslabón de la producción, el camino para Santos sería ofrecerles a los campesinos cocaleros alternativas viables. “La paz con las Farc nos abrió ese camino».

(Le podría interesar: El glifosato, una prueba de fuego entre el gobierno Duque y la Corte Constitucional)

Santos aseguró que la resiembra es un problema, pero que la sustitución de cultivos ya ha mostrado resultados, pues según un último informe, la resiembra se ha reducido. “Menos del 1%, frente a más del 35% de resiembra que se presentó con la sustitución forzosa. Ahí está la clave del éxito, señores magistrados, ahí está, señores del Gobierno: darles a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos, ni meterlos a la cárcel”.

El exmandatario lanzó algunas “pullas” al gobierno de Iván Duque y dijo que, si se quiere cumplir con los acuerdos de paz, “como es su obligación moral y constitucional”, no podría eliminar del Departamento Administrativo de la Presidencia la Dirección del Programa de Sustitución. Así, cuestionó que esa dirección esté hoy en día acéfala y la mantuviera acéfala y que no se le haya girado a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito un solo peso desde noviembre.

A su turno, Cesar Gaviria Trujillo, miembro de la Comisión Global de Política de Drogas y expresidente de la República, señaló que Colombia ha erradicado casi 2 millones de hectáreas, con altísimos costos, sin éxito. “Y la coca no se acaba”, precisó. Gaviria destacó cómo en días pasados salió un listado de cervezas en las que fueron encontrados rastros de glifosato, así como de cereales, por lo que es hora de tomar decisiones a profundidad.

“El costo de eliminar una hectárea es muy alto, es una cifra ridícula”, dijo. El exmandatario aseguró que es peligroso “quitarle la comida de la boca a la gente”, por lo que se debe dar iniciativas efectivas a los campesinos y no criminalizar sus actividades.

Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que el asunto del glifosato es sobre todo un asunto ético. “La evidencia muestra que el principio activo glifosato tiene un efecto adverso en la salud, puede ocasionar cáncer e interferir negativamente en el desarrollo embrionario. No es una sustancia de baja toxicidad”, dijo. Y citó a la Corte tres estudios al respecto para decir el glifosato tiene consecuencias en la salud.  

Alejandro Gaviria, exministro de Salud “En conclusión, el principio de precaución. Además debe aclararse, que una hectárea fumigada exitosamente cuesta apróx. USD 70.000, deben afectarse 30 hectáreas más y no se garantiza la no resiembra” pic.twitter.com/qddugGoaOW — Corte Constitucional (@CConstitucional) 7 de marzo de 2019

Gaviria enfatizó en que el derecho a la salud es de carácter fundamental y que el Estado no puede afectarlo de manera deliberada. “El principio de precaución aplica en este caso”, dijo. El exministro aseguró, contrario al gobierno Duque, que su uso no sería eficiente.  “Para el caso de Colombia. A mayor número de áreas asperjadas, mayor número de consultas por enfermedades de piel y abortos espontáneo”, precisó.

El director de la Policía Antinarcóticos, general Jorge Ramírez Aragón, dijo a la Corte Constitucional que el incremento en un 200% de los cultivos ilícitos en años recientes se debe a los cambios de la erradicación, la suspensión de la aspersión y el incremento de grupos al margen de la ley. “Se han revisado alternativas, como erradicación a través de vehículos de aspersión baja, pero estos no son viables por la geografía del país y por la presencia de grupos al margen de la ley”, dijo.

Gral Jorge Ramírez Aragón. Dir Antinarcóticos @PoliciaColombia . “en los últimos años se presentó un incremento de cultivos ilícitos del 200% y Colombia es el ppal productor y exportador de droga. pic.twitter.com/PFaTwgcv8P — Corte Constitucional (@CConstitucional) 7 de marzo de 2019

En la audiencia intervino actualmente Liliam Eugenia Gómez Álvarez, presidenta Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia, quien dijo que es una falacia sostener que la única manera para destruir el narcotráfico sea destruir la naturaleza. La experta dijo que el 70% de la aplicación de glifosato “se transforma en deriva, el 20% se esparce en el aire, el 50% termina en el suelo y solo el 30% es el que se hace efectivo sobre los cultivos ilícitos”.

Mario Esteban Hernández Álvarez, director del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, insistió en que hay debilidades legislativas sobre el uso del glifosato y los riesgos de sus componentes, no solo en temas como cáncer. Incluso, sobre temas de aguas, bosques y los cultivos de alimentos.

Mario Hernández, dir del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia: “un problema que se presenta es la información reservada, ya que existe protección por vía de propiedad industrial, no es posible acceder a todos los datos relevantes. pic.twitter.com/Fgb1RXdoX4

— Corte Constitucional (@CConstitucional) 7 de marzo de 2019 Álvaro Balcázar Vanegas, asesor técnico principal del programa Colombia Transforma, señaló que la expansión de los cultivos ilícitos se convirtió en una amenaza para la construcción de paz en el país porque se convierte en un incentivo para organizaciones ilegales. “las regiones se volvieron a poblar de toda suerte de organizaciones ilegales. El Eln se expandió a regiones en donde no operaban hace muchos años o nunca habían estado”, dijo al indicar que las disidencias de las Farc están extorsionando a campesinos.

“Aumentó la vulnerabilidad y el riesgo de los líderes sociales. La mayor parte de asesinatos han ocurrido en contextos regionales afectados con cultivos ilícitos”, agregó el experto. Para Balcázar, la erradicación manual forzada que realiza la fuerza pública y la aspersión aérea con glifosato no han sido efectivos porque se han usado sin tener en cuenta los contextos regionales. 

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, recordó que el tema de los cultivos ilícitos hace parte del acuerdo de paz por lo que su atención debe hacerse con el enfoque de desarrollo rural y en derechos humanos. Y señaló que ya más 400.000 familias le han dicho que sí al gobierno para dejar de sembrar hoja de coca y pasar a una economía legal. González destacó las labores de los líderes regionales para construir planes de desarrollo y llamó la atención sobre algunas dificultades como una débil respuesta del gobierno en los territorios en donde hay disputas por rentas ilegales.

“La erradicación forzada produce desplazamiento”, agregó González.  A su turno, Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización, dijo a la Corte Constitucional que en el gobierno anterior se hizo una “chambonada” al momento de iniciar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito. Y aseguró que solo una persona que no conozca este plan puede decir que no está funcionando. “Hemos hecho giros por $121.000 millones. La dirección que se encargaba del programa sí desapareció, pero desaparecieron todos, hay dos consejeros adjuntos”.

Emilio Archila, alto Consejero para la Estabilización. «Hemos tenido más de 5.500 millones de inversión estatal en esas zonas y muchos proyectos en marcha. Por ejemplo, estrategias de apoyo empresarial, asistencia a proyectos, asesoría técnica, entre otros» pic.twitter.com/4ymwiiIYzv — Corte Constitucional (@CConstitucional) 7 de marzo de 2019

Archila señaló final del día lo que va a resolver este asunto es la presencia del Estado y explicó que no se puede hacer todo al tiempo, pues el acuerdo planteó esquemas a 10 y 15 años. “El plan que tiene el Ministerio de Vivienda para asuntos de alcantarillado nos lleva al 2032, pero eso es lo que hay que hacer”, dijo. “Este gobierno está actuando con valentía política porque muchas de las cosas que creemos que se debe hacer no lo va a ver este gobierno. Eso no quiere decir que las zonas vayan a estar abandonadas 15 años», agregó.

Nidia Quintero, la representante Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), aseguró que tras la firma del Acuerdo de Paz se llenaron de esperanza. “Las organizaciones le dijimos sí al acuerdo porque una de las necesidades urgentes es la solución de los cultivos, sabemos que es la materia prima para el narcotráfico”, señaló. No obstante, Quintero indicó que dos años después, solo hay avances individuales y no colectivos por la falta de implementación del acuerdo y riesgos de seguridad. “Hay mucha incertidumbre. Ya hay pagos, pero no se ven los proyectos productivos”, aseguró.