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Una vez más la defensa del exsecretario Jurídico del Ministerio de Agricultura Óskar Shroeder le pidió a un juez con Funciones de Conocimiento de Bogotá que acepte su solicitud de revocar la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario dictada en su contra desde el pasado 11 de abril.
La Fiscalía le imputó cargos como presunto copartícipe del detrimento patrimonial de unos 302.000 millones de pesos causado a la Nación con el probable desvío de los recursos, que habrían terminado en las manos de agricultores y empresarios acaudalados y no de los más necesitados, como se buscaba.
Aparentemente, el exviceministro Juan Camilo Salazar y su exasesor jurídico Óskar Shroeder son responsables de que particulares se hayan hecho al control de unos 241.000 millones de pesos de la Nación asignados a esta plataforma; ambos fueron objeto de imputación por los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Por la naturaleza de su cargo, dice la Fiscalía, Salazar tendría que haber sido consciente de que el contrato celebrado entre el Ministerio y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, debía adelantarse por un proceso de selección objetiva que, por tanto, requería de una licitación y no de la contratación directa, que fue la modalidad utilizada por la cartera.
El Minagricultura señalaba que se trataba de un convenio de cooperación científica y tecnológica, en cuyo caso sí era viable ese tipo de contratación, pero para el ente acusador el objeto principal era la administración de recursos de publicidad de los programas de riego y dragado de AIS, y de ahí que fuera necesario convocar a un concurso licitatorio.
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