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El exsenador del Partido de la U, Mauricio Lizcano y su padre Oscar Tulio Lizcano —secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc entre 2000 y 2008— acaban de perder tres predios en Quinchía (Risaralda) por orden de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali. En mayo de 2012, la familia Lizcano adquirió los predios Guamerú, Sausagua y el Lote Sausagua, de la vereda Saulito, en el corregimiento de Irra y que comprenden un terreno de 57 hectáreas.
En la reciente decisión, conocida por El Espectador, se supo que los predios en el pasado tuvieron una serie de movimientos irregulares ante varios juzgados cuando los dueños de los lotes fueron desaparecidos de manera forzada, en 1996, por un grupo armado sin identificar. Sin embargo, el Tribunal Superior de Cali declaró que los Lizcano fueron compradores de buena fe, que no conocieron los trámite irregulares y la desafortunada suerte de sus propietarios.
«De las pruebas allegadas se desprende que los opositores (la familia Lizcano) cumplieron con diligencia y cuidado las gestiones tendientes a verificar la legalidad y transparencia de la negociación que realizaron sobre los predios, sin que advirtieran situaciones derivadas del ilícito del que fueron víctimas los propietarios anteriores a su vendedor, en hechos ocurridos dieciséis años antes”. El clan político tendrá que devolver los terrenos a los familiares de los desaparecidos, pero serán compensados con $1.377 millones por parte del Estado.
La historia de los terrenos
El matrimonio de Juan Fernando Acosta Mesa y Blanca Ofelia Correa pasó a vivir en 1995 en los predios que hoy son parte del fallo del tribunal de la capital del Valle del Cauca, debido a los problemas de salud que el primero tenía. La pareja tenía planeado pasar el resto de su vida allí. Sin embargo, un año después Acosta y Correa fueron secuestrados y desaparecidos de manera forzada por un grupo armado ilegal. A partir de allí, los predios entraron en una serie de decisiones judiciales irregulares que obstaculizaron que los herederos del matrimonio Acosta Correa recibieran las tierras.
Juan Carlos Acosta Sierra, hijo de Acosta Mesa inició la búsqueda de los bienes de su padre para empezar un proceso de sucesión. Pero, en medio de estas labores, se enteró que los lotes habían sido rematados en medio de un «proceso ejecutivo», en el que no hubo representación de sus dueños. La acción judicial fue promovida por la sociedad MH Pineda y CIA en contra de Blanca Ofelia Correa ante un juzgado civil de Envigado y que el tribunal de Cali ha declarado como irregular.
Cuando la pareja desapareció los predios a nombre de Correa, pero en uno de ellos, el predio Guamerú, existía una deuda hipotecaria a favor de MH Pineda y Cía por 100 millones de pesos. Como el matrimonio Acosta Correa estaba desaparecido, obviamente nunca le pudieron notificar sobre el proceso de remate de los terrenos. Primero fueron embargados y luego entregados a MH Pineda y CIA en febrero de 1997. En su momento el abogado de la firma señaló que su dueña estaba secuestrada, sin embargo, el proceso siguió su curso.
Fuentes cercanas a ese proceso le contaron a este diario que MH Pineda y CIA está relacionada con familiares del fallecido exnarcotraficante Guillermo de Jesús Blandón Cardona, quien con otra serie de narcotraficantes fueron testigos ante las autoridades colombianas en contra del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Para la Sala Civil Especializada, la firma no actuó ilegalmente durante el proceso de remate de los terrenos y señaló que el abogados de la compañía fue la que alertó al juez civil de Envigado sobre el secuestro de Blanca Ofelia Correa. En mayo de 2012, la familia Lizcano compró los predios por cerca de $305 millones a la firma MH Pineda. Este proceso de restitución de tierras estuvo marcado por la posición crítica que mantuvo la Procuraduría General, quien durante el trámite del caso afirmó que la familia Lizcano se habría aprovechado del contexto de violencia que vivía el departamento (por los grupos guerrilleros) para hacerse con los terrenos. La Sala Civil Especializada señaló que Lizcano padre fue secuestrado por las Farc entre 2000 y 2008 y que tampoco habitaba o trabajaba en esta zona.
Además el Tribunal Superior de Cali señaló que “no existe indicio de un nexo causal que permita plantear que aquel sea un provecho indebido o fue el móvil para el desaparecimiento de que fueron víctimas los señores Correa Acosta y Acosta Mesa, como tampoco hay asomos siquiera de un posible vínculo de los opositores con los victimarios o con grupos armados ilegales”. Y añadió que “los opositores (la familia Lizcano) lograron acreditar la buena fue exenta de culpa y en consecuencia, tendrán derecho al reconocimiento de la compensación que contempla la Ley de Víctimas.
La Sala Especial también señaló que los familiares de los Acosta Correa son víctimas del conflicto armado y ordenó a la famlia Lizcano devolver los terrenos. “Se dispondrá que los actuales ocupantes hagan la entrega de los predios a los reclamantes”. Los $1.377 millones que recibiran los Lizcano son el precio que actualmente tienen los predios, por donde pasaría el proyecto vial Conexión Pacífico 3 y que está siendo ejecutada por las firmas Construcciones El Cóndor y MHC Ingeniera.
Por David Escobar Moreno
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