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María Eugenia de Antequera le sonríe a la foto de su esposo en la Corporación Reiniciar, en Bogotá. Como si pudiese tomar aquella imagen de las manos, llorando, descarga los sentimientos contenidos por más de 30 años, en los cuales ha exigido justicia por el exterminio a la Unión Patriótica (UP). “Te cumplimos. Nunca nos rendimos y siempre buscamos que fuera demostrada la realidad de lo que fuimos. Para el dolor de muchos, la venganza nuestra es ser felices”, le dice María Eugenia a la imagen de José Antequera, sosteniendo la bandera amarilla y verde del partido político. Le cumplió a aquel político de 34 años quien, en 1989, fue asesinado en el aeropuerto El Dorado. Una de las más de 6.000 víctimas que acaba de reconocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras sentenciar a Colombia por la sangrienta persecución al colectivo político.
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La decisión es un desahogo para las víctimas. Por primera vez se reconoce, a nivel internacional, que Colombia permitió, por acción y omisión, que un grupo político fuera perseguido, estigmatizado y reducido con tal violencia que resultó obligado, prácticamente, a la desaparición como movimiento. Amenazas. Asesinatos. Desplazamientos. Exilios. Desapariciones. Torturas. Montajes judiciales. Esos son todos los crímenes que Colombia consintió en los ochenta y noventa, cuando la UP se perfilaba como una alternativa a los sectores políticos tradicionales y que alcanzó a poner, incluso, sus fichas en el Congreso y candidatos a la Presidencia. Hoy las víctimas lloran de alegría. Reverberan el himno y, con flores amarillas en la mano, gritan que siempre tuvieron razón: sepultaron su derecho a hacer política.
Reiniciar
Es un día crucial en la historia de Reiniciar, presidida hasta hace poco por la senadora Jahel Quiroga. Como colectivo que representa a las víctimas miembro de la UP, se prepara para recibir la decisión de la Corte IDH, la cual era un absoluto secreto hasta las 9:00 a.m. del 30 de enero. El silencio es abismal. Al menos 15 personas, entre abogados y víctimas, se disponen en una mesa redonda. Alrededor permanecen decenas de figuras en cartón, con las imágenes de víctimas mortales. Si se hiciera una pieza por cada una, fácilmente podría ocuparse todo el edificio, porque los asesinatos reconocidos superan los 3.100. María Eugenia de Antequera, en medio de la incertidumbre, dice la primera frase en media hora. “Yo nunca he podido encontrar una calificación para lo que nos pasó. El mundo entenderá que en Colombia se cometió un asqueroso genocidio”, dice.
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Los nervios inundan a los asistentes. La senadora Aída Avella, representante legal de la Unión Patriótica y víctima de exilio y un intento de asesinato, no despega los ojos de la pantalla de su computador. A unas sillas de distancia está Rolando Higuita, de traje, a quien hace tres décadas unos sicarios le asesinaron a su padre, el dirigente sindical Orlando Higuita, en Barrancabermeja. Aunque apenas está por conectarse el juez Ricardo Pérez Manrique, de la Corte IDH, Jahell Quiroga ya se siente ganadora. “Ya le cumplimos a los ausentes. Ellos han sido la luz y la razón por la cual nos hemos mantenido. Le doy gracias a la vida que me dio la fortuna de encontrar una gente con tanta dignidad y persistencia”, explicó.
Quiroga es protagonista de lo que está a punto de pasar. En 1993, la senadora fue quien presentó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtiendo ante la región que la justicia estaba permitiendo el asesinato impune de sus colegas y amigos. Entonces, ya había recuento por miles de asesinatos, de los cuales 165 fueron vidas de dirigentes. La violencia, codeada con el Estado, se llevó incluso al candidato presidencial Bernardo Jaramillo, asesinado previo a las elecciones de 1990. Las desapariciones se contabilizaron en 514 y las torturas en 113. Los desplazamientos llegaron a 1.600, contando a quienes les tocó echar raíces en otro país. Avella, vestida con chal de rosas este 30 de enero, por poco es alcanzada por un rocket en la Autopista Norte de Bogotá, en los noventa.
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El juez Pérez Manrique inicia la audiencia. Los miembros de Reiniciar suspiran. Los abogados alistan su libreta. La Corte IDH va al meollo y en menos de un minuto ya se sabe que Colombia es responsable. “Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido UP, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido”, dice Pérez. Pronto fue enumerando una por una las reparaciones a las cuales se compromete el Estado colombiano como victimario. La primera, continuar las investigaciones para dar con los responsables particulares. Brindarles un tratamiento psicosocial a las víctimas. Establecer un día nacional en conmemoración, ante lo cual los asistentes asienten con la cabeza. Y, entre otras, enseñar en cinco universidades la verdad del exterminio a la UP.
Termina la audiencia pública en poco más de media hora y, de repente, el ambiente es de fiesta. Todos se abrazan. Todos lloran. Alguien sale corriendo y se tropieza con la figura de su padre, a quien le pide permiso porque ya “le cumplió”. Los periodistas asedian telefónicamente a Aida Avella, quien atiende uno a uno en una esquina ajena a la fiesta. Al tiempo, la Corte IDH hace pública la sentencia para que cualquier ciudadano con conexión a internet la descargue. Un total de 886 páginas, en las cuales queda claro que hubo un exterminio por razones políticas y que hubo participación directa de agentes estatales. Es decir, que Colombia prestó sus instituciones para evitar el crecimiento de la UP, que en el camino perdió su personería jurídica y que desde esta semana tiene su más justo reiniciar.
Memoria, paz y reconciliación
“Esa rosa se llama UP”, cantan centenares de personas en el auditorio principal del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Allí se trasladó la comunidad del movimiento político a un homenaje preparado en el edificio que dirige José Antequera Guzmán, hijo de José Antequera. Están en pie más figuras de víctimas, así como grandes pancartas amarillas y verdes con frases como “¡Genocidio, nunca más!”. En el auditorio toman la palabra militantes de la UP, quienes aprovechan el espacio para mencionar a quienes les hacen falta desde hace tres décadas y para exigir al gobierno de Gustavo Petro que cumpla con las reparaciones. “Somos estos viejos y viejas que aún soñamos. Juntos y juntas podemos construir un país diferente”, dice María Zanabria, mientras los asistentes ondean banderas.
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A un costado del auditorio se ubica el semanario Voz, el cual reparte su última edición. Al auditorio llega Fabiola Posada, sobrina del representante a la Cámara Leonardo Posada, acribillado en 1986 y con cuyo asesinato se da inicio al exterminio. La acompaña el congresista Alirio Uribe, quien le dará luces sobre las minucias de la sentencia y quien enfrenta su propia batalla contra el Estado, y ante la Corte IDH, por la presunta persecución de fuerzas de seguridad del Estado al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que él presidía. Posada escucha a quienes toman el micrófono y no puede ocultar su nostalgia por un día que llevaba esperando durante años.
“Yo quisiera que los colombianos conozcan y se acerquen a la verdad. Que se den la posibilidad de pensar que las razones eran válidas y de lo que peleábamos. Espero que la gente defienda el fallo diciendo que esto nunca vuelva a pasar. Todos tenemos derecho a pensar diferente. Y quisiera que la gente cobije ese fallo y lo defienda para que nadie tenga que sufrir más desaparecidos, más torturas, más asesinatos y la pérdida de todos sus seres queridos”, señaló Posada. Entre sus alegrías del día está tener, justamente, un día exclusivo para conmemorar a las víctimas del exterminio a la UP. Pero le quedan dudas con respecto al los derechos políticos que le fueron vulnerados a su tío y a sus colegas. “¿Qué va a pasar con la UP? El país sería otro si estuviéramos ahí, con nuestra propuesta diferente para Colombia”, concluye.
Al final, Quiroga, entre aplausos, enfatiza en cómo el destino les entregó esta sentencia, justo cuando se instaló el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia: la presidencia de Gustavo Petro, quien fue candidato por la UP y Colombia Humana. Mientras todo es alegría en el Centro de Memoria, de hecho, la exfiscal Martha Lucía Zamora, como directora de la Agencia de Defensa del Estado, confirma a la prensa que acata las decisiones de la Corte IDH e, incluso, no baja la persecución contra la UP de “genocidio”. Y así terminó una carrera de casi tres décadas por demostrar ante la justicia internacional que Colombia no solo victimizó a miles de personas por sus ideas, sino también que se quedó de brazos cruzados cuando clamaron por justicia. Y esas víctimas que fueron traídas al presente, en fotos y figuras, salieron abrazadas como si se tratara de los mismos militantes que quisieron, a su manera, intentar un país mejor.
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