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El 14 de febrero de 2003 la Fiscalía General recibió información sobre dos viviendas ubicadas en cercanías al aeropuerto Benito Salas de Neiva (Huila) cargadas con explosivos. Los datos recolectados señalaban que las viviendas iban a ser accionadas cuando pasara por ahí la caravana de vehículos que transportaba al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
La fiscal especializada, Cecilia Giraldo Saavedra ordenó un allanamiento inmediato a dichas casas. Pocos minutos después llegaron al lugar la delegada del ente investigador y las fuerzas de seguridad e investigación, sin embargo la bomba fue activada a distancia.
En la acción murieron la fiscal, nueve policías y cinco civiles. Se pudo establecer que la bomba estaba cargada con 200 kilos de explosivos lo que dejó un cráter de nueve metros de diámetro y dos metros de profundidad. Debido a la violencia de la acción las casas y locales aledaños resultaron gravemente afectados.
Este martes se adelantó la ocupación de dicha casa con fines de extinción de dominio. Igualmente el ente investigador adelantó esta labor en otra vivienda adquirida para planear el ataque terrorista.
La vivienda actualmente se encuentra en actual estado de abandono. En los próximos meses se iniciará todo el trámite que exige la ley para adelantar el proceso de extinción de dominio.
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