Falsas víctimas de Masacre de Mapiripán aceptaron cargos

En la diligencia judicial, los procesados aseguraron haber entendido la imputación de cargos hecha por el fiscal anticorrupción que indicó que con su proceder estas personas defraudaron al Estado por 3.343 millones de pesos puesto que recibieron beneficios económicos por su calidad de “víctimas”.

En su intervención, el delegado del ente investigador aseguró que con sus declaraciones rendidas se buscaron beneficios económicos por parte de la justicia basándose en hechos que no correspondían a la verdad puesto que sus seres queridos no fueron víctimas de esa arremetida paramilitar.

«Se pusieron de acuerdo para engañar al representante de la Fiscalía y así conseguir su objetivo de defraudar el patrimonio del Estado», precisó el fiscal del caso al argumentar que estas tres personas hicieron parte de una empresa criminal.

Y es que con sus declaraciones se alteró la investigación y se engañaron a la Fiscalía y llevaron al error a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la Nación por estos hechos y obligó al pago de una multimillonaria indemnización cuando se avaló su calidad de víctimas.

Al hacer una revisión de los testimonios se hallaron una serie de contradicciones en las declaraciones rendidas ante las diferentes autoridades judiciales y se pudo comprobar que sus familiares no habían fallecido ni desaparecido en dicha masacre.

Documentos recolectados permitieron inferir que ni el esposo ni los dos hijos de Mariela Contreras fueron víctimas de dicha masacre. «Se gestó en una empresa común para presentar ante la Fiscalía una serie de declaraciones que indujeron al error a las personas encargadas de adelantar esta investigación».

Ante esto se pudo evidenciar que Gustavo Caicedo Rodríguez no murió en el marco de la masacre como lo dijo Mariela Contreras en dos declaraciones juramentadas, las cuales fueron apoyadas por los testimonios de su hija y su yerno, quienes también son procesados por esta defraudación.

El engaño

Según el fiscal del caso, en el año 2000 Mariela Contreras declaró ante la Fiscalía que su compañero sentimental había sido asesinado por la guerrilla de las Farc. Sin embargo, poco tiempo después se presentó nuevamente ante las autoridades judiciales para indicar que su esposo y dos de sus hijos habían sido desaparecidos en el marco de la masacre.

En su segunda declaración manifestó que llevaban ocho meses viviendo en Mapiripán. Un día su hijo menor enfermó por lo que le pidió a su compañero sentimental que lo llevaran un centro médico, cuando estaban saliendo se escucharon los ruidos propiciados por la incursión de los paramilitares en la región.

“Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron ‘este es’ y se lo llevaron. Le dije a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores de 5 y 16 años fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos, presumo que están vivos”, señaló el fiscal al citar la declaración de Contreras en 2002 ante una Fiscalía especializada de Derechos Humanos.

En su testimonio aseguró que le habían dicho que el cuerpo de su marido había desmembrado y arrojado al río Guaviare junto a otras decenas de personas, sin embargo fue clara en asegurar que no le constataba la veracidad de esos hechos. Versión que fue avalada parcialmente por los otros testigos quienes, según la Fiscalía, incurrieron en contradicciones de tiempo, modo y lugar.

En el 2007, Zuly Herrera Conteras y Argemiro Arévalo Romero presentaron una nueva declaración, la cual fue clave para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Nación y ordenara el pago de una multimillonaria indemnización a estas personas por la pérdida de familiares que hacían parte de su núcleo principal.

Pero las pruebas recolectadas y los testimonios indicaron que estas personas no habían fallecido ni mucho menos desaparecidas en el marco de la ejecución de la citada masacre. “Los registros indican que el compañero sentimental de la señora Mariela Contreras falleció mucho después de los hechos registrados en 1997, que uno de sus hijos está con vida en la actualidad y otro falleció en hechos posteriores que no tuvieron nada que ver con la matanza”.

Igualmente citó la versión libre entregada en marzo de 2010 por 10 postulados a Justicia y Paz quienes reconocieron su participación en la masacre. “Confesaron que asesinaron a seis personas, desaparecieron a cuatro y secuestraron a tres quienes posteriormente fueron liberados. No reconocieron o hicieron mención a los nombres presentados por Mariela Contreras, su hija y su yerno”.

El fiscal del caso citó además la decisión de revisión emitida por la Corte Interamericana que excluye a estas personas como víctimas al considerar que no cumplen con los requisitos exigidos.

Se espera que en los próximos días se fije la audiencia de lectura de fallo en la cual se dosificara la pena la cual podría ser de cuatro años de prisión.